«Es probable que el glifosato sea cancerígeno». Esa es la conclusión a la que llegó la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La entidad acaba de difundir los resultados de un estudio que pateó el tablero del modelo de agronegocios. Así, la denuncia que desde hace años vienen haciendo vecinos afectados y científicos fuera de las órbitas de las corporaciones cobró un renovado impulso.
En nuestro país se aplica glifosato a más de 28 millones de hectáreas. Cada año, los suelos son rociados con más de 320 millones de litros, lo que implica 13 millones de personas en riesgo de ser afectadas, según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (RMPF).
No sólo la soja es adicta al glifosato: también se usa para el maíz transgénico y otros cultivos. Donde cae el glifosato, sólo crecen los organismos genéticamente modificados. Todo lo demás muere.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA), que representa a más de 30 mil médicos y profesionales de la salud en la Argentina, es miembro del Colectivo Socio Sanitario Andrés Carrasco. Andrés Carrasco fue un investigador del CONICET, fallecido hace un año, quien demostró los daños del glifosato en embriones. Por difundir sus investigaciones, fue atacado por la industria y las autoridades del CONICET. Hoy la OMS le da la razón.
El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas.
Las autoridades sanitarias, en particular el Ministerio de Salud de la Nación y los poderes políticos no pueden seguir mirando para el costado, El agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos.
Los 30 mil profesionales de la salud de Argentina de la FESPROSA pedimos que se prohíba ya el glifosato en nuestro país y que se abra un debate sobre la necesaria reconversión de los agronegocios, con la aplicación de tecnologías que no pongan en peligro la vida humana.