El secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma, Carlos Ferreres, dijo a ACTA que “la política de ajuste aplicada por el gobierno de Macri provocó graves perjuicios y zozobra sobre una amplia capa de la población, incluida, principalmente, las personas con discapacidad (PcD)”.
Para Ferreres, “Despidos, tarifazos, impuestos que se aplican indiscriminadamente sobre los trabajadores y el pueblo son moneda corriente, en tanto el capital concentrado, la oligarquía y las trasnacionales se ven beneficiadas con exenciones y rebajas impositivas”.
Y agregó: “Ese duro golpe afectó también a las personas con discapacidad que ya venían sufriendo el ajuste desde el inicio de la gestión Macri. Cabe recordar que ya en diciembre del 2015 fueron despedidos trabajadores discapacitados del Estado”.
“En este marco de ajuste dictado por el FMI, la pobreza y la desigualdad se extiende más agobiando aún más a nuestro pueblo. Sin duda esta política afecta a los sectores vulnerables más empobrecidos de la población”, enfatizó.
Ferreres fue contundente a la hora de opinar sobre la Reforma Previsional: “Los jubilados y el Sistema Previsional sufrieron un durísimo golpe con la vergonzosa Ley aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre del 2017. Los cientos de millones que les quitaron irán al pago de la deuda externa o para financiar a la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Fue un acto espurio entre el Gobierno Nacional y los gobernadores que no dudaron en comprometer al Sistema previsional y sus beneficiarios”.
Ataque a los más vulnerables
El secretario de Discapacidad de la CTA-A, indicó que “al poco tiempo de asumir, el Gobierno empieza con la quita de Pensiones llegando al 2017 a la brutal baja de 70.000 de un plumazo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitió que se le pidió un recorte en su área y no devolvió las pensiones que la Justicia la intimó a efectivizar ante cientos de amparos”.
Señaló asimismo la contradicción de que “mientras Macri y Michetti anuncian el Plan Nacional de Discapacidad, no hay acceso al trabajo y las Obras Sociales empiezan a retacear cada vez más las coberturas comprometiendo la salud de los beneficiarios”.
En ese sentido, apuntó que “el PAMI y el ex PROFE niegan medicamentos, tratamientos, prótesis, ortésis e idéntica situación se produce en las Obras Sociales Provinciales”.
A la hora de señalar las medidas atentatorias contras las personas con discapacidad Ferreres destaca que “mediante un DNU anticonstitucional que colisiona con la Convención Internacional de Derechos de las PcD, el Gobierno disuelve la Comisión Nacional de Discapacidad, la Comisión Nacional de Pensiones cuyas funciones y personal son absorbidas por la Agencia Nacional de Discapacidad que crea el mismo DNU. Ninguna ONG de PcD, de padres y familiares fue consultada. Tampoco profesionales, especialistas, trabajadores, tal como lo establece la Convención que tiene rango constitucional en nuestro país”.
“Lo concreto es que se quitaron miles de pensiones, que no hay políticas para acceder a un trabajo digno, que las Obras Sociales retacean y niegan tratamientos, medicamentos y otras coberturas, que no está garantizada la rehabilitación y la reinserción laboral, que la educación inclusiva en todos sus niveles está solo en los papeles y que muchos otros derechos que no se cumplen impiden la participación social y la dignidad de las PcD”, subraya el dirigente de la Central.
Política de exclusión
Según Ferreres, “la ola de despidos en el Estado (donde se debe cumplir el cupo del 4% para personas con discapacidad) la implementación de la productividad, la anunciada Reforma Laboral constituyen un escenario siniestro que aleja aún más las posibilidades de acceso a un trabajo para las PcD. Un trabajo que permita sustentarse y poder proyectarse en la vida con horizontes menos limitados. Aleja la posibilidad de insertarse en las cooperativas u otras variantes que los trabajadores promueven a través de la economía social”.
A su juicio, “nunca se vivió una situación tan adversa para el acceso a los derechos para las PcD. Se luchó, se resistió. No bastó. No fue suficiente. Esta política vino para quedarse y para seguir excluyendo”.
Y añadió: “Se necesita más lucha y unidad para frenar semejante propósito. Ya ATE creó su Departamento de Discapacidad para incluir a las PcD en su lucha contra las políticas macristas. Es un avance que está a tono con la CTA que desde hace años tiene una Secretaría de Discapacidad para ocuparse de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad a lo largo y ancho del país”.
“En abril la CTA-A realizará su Congreso Nacional. Delegados de todo el país debatiremos los distintos temas que conciernen a la clase, al pueblo y al destino del país. Se discutirán las acciones para enfrentar las políticas de este modelo. Y allí estarán incluidas, sin duda, las reivindicaciones de los trabajadores con discapacidad, ocupados o no, los precarizados y en el debate surgirán las acciones gremiales para luchar, junto al resto de los trabajadores, por los derechos que los asisten”, sentenció Ferreres.