La Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes comunes, continúa su tarea de de militancia y difusión de los argumentos para que cese la pérdida de soberanía que implica ser pagadores seriales de una deuda que no ha sido auditada. Patria es no pagar la deuda ilegítima.A continuación, transcribimos la declaración de la Asamblea que, vale la pena recordar, ya llevó adelante una medida de acción pública el 14 de agosto en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y una concentración y acto frente al Congreso Nacional el 21.
«Los abajo firmantes, integrantes de la ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACION DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES nos dirigimos a toda la población para compartir nuestra mirada sobre los últimos acontecimientos relacionados con la deuda pública.
Nuestra intención es generar, en primer lugar, un profundo debate social sobre los orígenes de esta deuda que ya, más que “externa”, debería llamarse “eterna”, por los efectos que ha tenido y tiene para el bienestar de nuestro pueblo, afectando los derechos humanos integrales al asignarse recursos públicos para su cancelación a costa del hambre del pueblo y deteriorando los derechos sociales esenciales, como la salud y la educación pública; y sobre las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy, algunas en tribunales del exterior, y otras que se manifiestan en las acciones y omisiones de los diferentes poderes del estado, y que afectarán durante mucho tiempo nuestro futuro.
En segundo lugar, aspiramos a que las/os ciudadanas/os decidan involucrarse y demandar activamente a las autoridades, a través de todos los medios legítimos disponibles, un tratamiento del tema que respete los derechos humanos, proteja los bienes comunes, los intereses del pueblo y recupere la soberanía nacional.
Observamos, con preocupación, que salvo contadas excepciones, la totalidad del sistema político –muchos de ellos responsables de esta situación– ha formado un auténtico “coro de pagadores”. Coinciden, sin ningún pudor, en que debe acatarse la sentencia de un tribunal extranjero. Pretenden convencernos, además, de que lo único que puede hacer la República Argentina es negociar, de la forma más “digna” posible, para cumplir con los demandantes, a los cuales se califica de “Buitres”, preservando el interés de los tenedores de deuda que entraron a los canjes, de todo el sistema financiero internacional y evitar así un “nuevo default”. Agitan el fantasma del “default” para hacer creer a la población de que hay que seguir pagando con el hambre y la salud de nuestros pueblos y la naturaleza una deuda que no debemos, y para ocultar que el deterioro de las condiciones de vida del pueblo está ligado al pago de esa deuda.
Ante la crisis desatada por el fallo Griesa, que desnuda la precariedad de la estrategia oficial, la salida en la que acuerdan el gobierno y la amplia mayoría de la dirigencia de la oposición conservadora tal como lo expresaron de manera conjunta quienes viajaron a los Estados Unidos de América, ante interlocutores de ese país, no antepone los intereses del pueblo argentino, no respeta la Constitución Nacional ni los derechos humanos, ni mucho menos apunta a defender los bienes comunes y a recuperar la soberanía nacional.
Pospone los derechos e intereses del pueblo, al exigir más dolor y sudor a las mujeres y hombres de nuestra tierra para pagar, una vez más, la nueva deuda que se va a emitir para cancelar la vieja. Eso es lo que se viene haciendo en los arreglos con Repsol, con el Club de París y con las empresas que habían presentado demandas en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial. Eso es lo que se quiere hacer con los fondos “Buitres”, siempre que se “respeten los derechos” de los demás tenedores de bonos: pagar deuda con nueva deuda. Es la continuidad de las privatizaciones a precio vil, el desmantelamiento de las infraestructuras y servicios productivos y sociales; las legislaciones y excepciones que consagran privilegios, concesiones y contratos a las transnacionales y sus socios nativos, la entrega de los bienes comunes, el agua, la tierra, el mar, el aire, los territorios, la agricultura y alimentación sana y abundante, los bosques y glaciares, para la explotación y exportación sin controles de Commodities, expulsando nuestras poblaciones rurales y campesinas de sus territorios, amontonándonos en megaciudades insustentables como población descartable. Eso es lo que se ha venido haciendo con la Barrick Gold, con Monsanto, Syngenta, Dreyfuss, Cargill, Alumbrera, Chevrón, IRSA y una larga lista de empresas transnacionales extractivistas, la gran banca y sus socios “nacionales”. Todos ellos son Griesa; todos son buitres.
No preserva la soberanía nacional al reconocer la facultad de tribunales extranjeros para que conozcan o decidan en materia referida a la deuda pública del Estado Nacional, lo que constituye una violación de nuestra norma fundamental, la Constitución Nacional.
Y lo peor de todo es que mientras se habla de cumplir el fallo de un juez extranjero, nada se dice del fallo del Juez Ballesteros, es decir un fallo de la justicia de nuestro país, que ya en el año 2000, en la causa promovida por Alejandro Olmos, dio por probados no menos de 477 ilícitos cometidos por funcionarios públicos, en el proceso de endeudamiento que dio origen a los bonos que hoy se pagan religiosamente o cuyo pago se busca acordar.
En sus propias palabras: «Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por la empresas del Estado».
La sentencia dejó en claro que el Congreso de la Nación podía hacer uso de la importante evidencia acreditada en la causa para determinar la «eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino».
Aparte de este precedente en la justicia de nuestro propio país –y de las numerables investigaciones judiciales aún en curso– existe doctrina jurídica internacional que establece la primacía de los derechos humanos por sobre cualquier contrato de deuda y que habilita la revisión y eventual anulación de la denominada “deuda odiosa”.
Así como la sociedad argentina, con sus organizaciones de derechos humanos a la cabeza, logró en 30 años de luchas heroicas y tenaces, crear las fisuras y empujar a los gobiernos para abrir el camino a la memoria del genocidio dictatorial, y al juicio y castigo de sus principales responsables, debemos asumir que “la otra pata” del zarpazo dictatorial, el endeudamiento y la entrega del patrimonio común de los argentinos, que fue la principal consecuencia y razón de ser del terror de estado, no fue hasta el momento abordado y confrontado por las instituciones como parte de un mismo problema, con un origen común y sistémico en la dictadura iniciada en 1976, y continuado por los gobiernos de los siguientes 30 años. Es por ello que la demanda social en ese sentido debe continuar.
Observamos cómo, en lugar de hacerse cargo de su responsabilidad constitucional, de considerar los fallos que sentaron precedente en la justicia local, y de aprovechar a favor del interés nacional los precedentes internacionales mencionados, la mayoría de los diputados y senadores no han tomado aún la decisión de revisar la legitimidad de la deuda en sus orígenes.
La Constitución de nuestra República atribuye al Congreso Nacional, el mandato indelegable de manejar la deuda. Consideramos parte de esa obligación revisar sus orígenes y aplicación, identificar las responsabilidades políticas y promover las acciones judiciales pertinentes. Sólo así el Estado Nacional estará en condiciones de defender los derechos y el patrimonio de nuestra población, abriendo además un capítulo inédito en la historia de la deuda pública argentina, consistente en determinar las respectivas nulidades y reclamar ante todos los estados, empresas y organismos financieros internacionales «acreedores», la reparación de lo que se ha pagado indebidamente. Esto no sólo involucraría a los responsables políticos nacionales, sino también a aquellos que tuvieron participación decisiva desde las contrapartes. Si así no lo hiciere el Parlamento, es el movimiento popular el que debe actuar en consecuencia.
Está probado que esa deuda viciada en su origen jamás se utilizó para mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. Por el contrario, financió la represión sistemática por parte de la dictadura cívico-militar, la fuga de capitales, la apertura indiscriminada de la economía al exterior que destruyó nuestra industria y consagró un modelo de producción extractivista y financiarizado. En ningún momento los prestamistas tuvieron en cuenta la capacidad de pago del país. Cuando se puso en evidencia que era imposible pagar, cambiaron sus títulos por acciones de las empresas públicas, convertidas en sociedades anónimas. En eso consistieron las privatizaciones de la década de los 90: el patrimonio acumulado en años de todos los argentinos, a cambio de títulos de deuda que eran incobrables. Y lo peor de todo es que la deuda, lejos de disminuir, siguió aumentando.
Luego de la crisis del 2001/02, el gobierno nacional afirmó que “un muerto no puede pagar sus deudas” y encaró, en 2005, una reestructuración de la deuda, sin revisarla, haciéndonos creer que había obtenido una “importante quita”. Lo cierto es que la “importante quita” nunca fue tal, ya que se la devuelve a los acreedores mediante los cupones PBI, que están perfectamente calzados con la quita, a condición que nuestra economía “crezca”.
También nos dijeron que había una política de “desendeudamiento” que en realidad no es otra cosa que pagar la deuda reconocida a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 tomando nueva deuda, con la ANSES y con el Banco Central, a costa del ahorro de los trabajadores y de los salarios reales. Se paga deuda con el ahorro de los trabajadores cuando el gobierno toma recursos de la ANSES, en lugar de utilizarlos para cumplir miles de sentencias de reajustes de jubilaciones que permanecen impagas o cumplir con el 82% móvil. Se paga deuda con el salario real cuando el gobierno obliga a emitir dinero al Banco Central para cancelar sus vencimientos, lo que alimenta la escalada de precios y disminuye la capacidad de consumo popular. Ese menor consumo, transformado en divisas, va a parar a los bolsillos de los acreedores, llámense “bonistas”, “buitres”, Club de París o lo que sea.
Y como los fondos del ANSeS y el Banco Central ya no alcanzan para pagar la deuda vieja, financiar inversiones imprescindibles, y contener el proceso inflacionario, lo que nos proponen es hacer lo necesario para que nuestro país vuelva a “los mercados financieros internacionales”. Es decir, más deuda externa. Y más deuda serán jubilaciones de indigencia, salarios de hambre y destrucción de todo intento de verdadero desarrollo industrial y agrícola.
Para eso, para volver a endeudarnos fuera de nuestro país, nos quieren convencer de que hay que arreglar las cuentas pendientes y nunca revisadas con el Club de París y con las empresas que presentaron demandas en el CIADI, y cumplir la sentencia con los Buitres.
Para eso, para volver a endeudarnos y seguir jactándose de ser “pagadores seriales”, quieren hacer un ajuste más fuerte aún sobre el consumo popular, sobre los salarios, limitar la protesta con represión y profundizar todas las tendencias del funcionamiento del sistema económico encaminadas a obtener el superávit externo necesario.
Para eso, para asegurar a los acreedores que Argentina puede generar las divisas suficientes para pagar más deuda, se entregan a empresas extranjeras como Chevron nuestros Bienes Comunes (tierra, agua, territorios), se sigue asegurando la depredación de nuestro litoral marítimo, se profundiza la sojización de nuestro campo a expensas de nuestra soberanía alimentaria, y se destruyen nuestras montañas con la megaminería a cielo abierto, entre otras actividades extractivistas exportadoras que no generan empleo de calidad ni promueven el bienestar de la población, sus derechos humanos o los de la naturaleza. Un paso más en esta dirección es la próxima discusión parlamentaria de una nueva ley de semillas que, para asegurar las inversiones de Monsanto, busca quitar a nuestros productores la posibilidad de usar sus propias semillas para la siembra futura, obligándolos a pagarlas como si las estuvieran comprando, y agregando nuevos beneficios a una empresa cuyo modelo productivo genera enfermedades graves como distintos tipos de cáncer y afecta la alimentación de toda la comunidad.
Si en los años 90 la deuda se pagaba con empresas públicas, en la década que viene la deuda se pagará con los bienes comunes de toda la población: la tierra, el agua, los glaciares, los minerales, el petróleo, el gas, los bosques nativos, nuestros ecosistemas, nuestra comida, y hasta las semillas de nuestras propias cosechas. Es el camino de la profundización de la dependencia.
Por eso estamos convencidos que la posibilidad de proteger los bienes comunes depende del cambio del modelo productivo, lo que a su vez implica cambiar la política de la deuda, que se configura, con toda esta evidencia, en uno de los principales mecanismos de dominación del capitalismo global y de disciplinamiento de nuestros pueblos.
Por todo lo expuesto, queremos invitar a todos los hombres y mujeres de nuestra patria a debatir públicamente estas cuestiones, porque ya nos están afectando en nuestra vida cotidiana, y si no se cambia el rumbo, ello afectará negativamente el futuro de nuestros hijos e hijas. Para eso es necesario que además nos involucremos activamente en su resolución, por lo que convocamos a organizar y movilizarnos a favor de:
• Suspensión inmediata del pago de la toda Deuda Pública hasta no determinar la legitimidad de los reclamos de los acreedores.
• Rechazar el fallo del juez Griesa y de cualquier otro tribunal extranjero, en relación con la deuda del Estado Nacional.
• Exigir a los Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Nación que, con carácter urgente, tomen la decisión de suspender cualquier pago hasta tanto se investigue de manera participativa e integral, sobre la base de las investigaciones judiciales ya realizadas y en curso, la legitimidad de la deuda externa pública y privada originada bajo la última dictadura militar y de los gobiernos constitucionales posteriores, incluyendo el “blindaje”, el “megacanje” y todas las reestructuraciones. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias). La investigación debe ser hecha a través de una Comisión de Auditoría con amplia participación popular semejante, por ejemplo, a la que fuera designada por el gobierno del Ecuador.
• A partir de los resultados de las auditorías que concluya la Comisión de Auditoría, y con las evidencias demostradas en materia de ilegitimidad e ilegalidad, modificar el esquema de pagos anulando todos aquellos pagos originados por deuda ilegítima por usuraria, fraudulenta u odiosa, contraída o reconocida mediante actos ilícitos. Sanción de los responsables y reparación de los daños.
• Requerir la asistencia de la comunidad internacional en el reclamo de la República Argentina para que se sancione la co-responsabilidad de los prestamistas que suscribieron, con las autoridades de facto, los contratos originales, en particular ante la eventualidad de tener que reparar a los tenedores de buena fe de la deuda reestructurada, si los hubiera.
• Iniciar las acciones necesarias a fin de modificar todos los contratos de la deuda subsistentes, designando como agente de pago de la deuda del Estado Nacional al Banco Central de la República Argentina o al Banco Nación, pasando todos los bonos con legislación extranjera a legislación local y, consecuentemente, estableciendo como nuevo domicilio de pago la CRYL (Central de Registración y Liquidación de Endeudamiento Público del BCRA).
• Dar de baja la contratación del estudio de los abogados estadounidenses Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, por resultar inadmisible que defienda los intereses de la República Argentina el mismo estudio de abogados que asesora al Citybank, al Bank of America, al Deutsche Bank y a HSBC, entre otros. Los intereses del Estado Nacional deben ser defendidos por la Procuración del Tesoro de la Nación, y si fuera imprescindible contratar un estudio de algún foro local en el exterior, éste debe ser absolutamente independiente de los intereses de nuestros demandantes.
• Solicitar a la justicia nacional y al parlamento que declaren la inconstitucionalidad de cualquier acto administrativo o contrato que implique el reconocimiento de la jurisdicción de jueces extranjeros en materia de deuda pública. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias)
• Someter las políticas de endeudamiento al respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, priorizando la transformación del modelo productivo sobre esa base, no los intereses de los prestamistas y cobradores seriales.
• Denunciar los llamados “tratados bilaterales de protección de inversiones” que son los que, en general, habilitan la intervención de jueces o de tribunales extranjeros, aparte de otras renuncias a la soberanía nacional, y establecer que la República Argentina deje de formar parte del CIADI. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias)
• Establecer una contribución fiscal de emergencia, pagadera en divisas, sobre quienes fugaron capitales en la última década (más de u$90.000 millones) y sobre quienes detentan activos en el exterior (más de u$200.000 millones). La recaudación de esta contribución especial se podrá aplicar, total o parcialmente, al pago de aquella parte de la deuda que resulte legítima, si la hubiera. En ningún caso la deuda que no ha resultado en beneficio del pueblo, debe pagarse a costa del sacrificio de su bienestar o de su consumo presente o futuro.
Avanzar con estas propuestas abre la posibilidad de establecer nuevas alianzas y paradigmas en las relaciones políticas, financieras y comerciales de nuestro país con el resto del mundo, sobre todo con los demás países de nuestra región latinoamericana y caribeña y con la enorme mayoría de pueblos y países del Sur global que, como nosotros, buscan superar los siglos de colonización, dependencia y dominación. Por cierto, puede también provocar reacciones basadas en que “aquel que no honra sus deudas debe ser castigado”. Sin embargo, las experiencias recientes de otros países, como Ecuador e Islandia, que han tomado medidas similares, nos muestran que es un camino posible.
Asimismo, queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el hecho evidente, en nuestro presente y a lo largo de nuestra historia, respecto del “verdadero castigo” que es aquel que se impone a nuestro pueblo precisamente para pagar una deuda que jamás mejoró nuestras condiciones materiales de vida, ni fue consultada al pueblo ni en su contratación.
Por último, queremos romper el mito de que sin financiamiento externo nuestro país no puede superar sus problemas económicos y sociales. Basta recordar que, en general, las fases de crecimiento de nuestra economía se han financiado con recursos procedentes del ahorro interno. El ciclo más reciente en este sentido fue, precisamente, el que tuvo lugar desde 2003 a 2007, es decir, cuando Argentina había suspendido sus pagos externos (2003-2005) o, luego de la primera reestructuración (2005-2007), mientras todavía se encontraba en período de gracia.
La realidad es que, en las épocas de “normalidad” de las relaciones financieras con el resto del mundo, es mayor el ahorro local que se fuga del país que la inversión extranjera directa que llega, lo que demuestra que nuestro país está en condiciones de financiar un proceso de crecimiento y de redistribución del ingreso con recursos propios, a condición de que se tomen las decisiones necesarias.
Para finalizar, queremos reiterar nuestra convocatoria al debate y a la movilización. Estamos convencidos de que solo con la participación activa de los hombres y mujeres de la patria, la juventud, nuestros mayores, los pueblos originarios, todos y todas, en este debate y en las acciones que, como consecuencia del mismo, puedan surgir, será posible encontrar el camino».
Personalidades: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Pablo Micheli, Secretario General de la CTA; Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Víctor De Gennaro, Diputado Nacional Unidad Popular; Claudio Lozano, Diputado Nacional Unidad Popular; Alcira Argumedo, Diputada Nacional Proyecto Sur; Gustavo Vera, Diputado CABA; Pablo Bergel, Diputado CABA; Alejandro Bodart, Diputado CABA del MST Nueva Izquierda; Julio Fuentes, Secretario General ATE; Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto CTA; Hugo Godoy, Secretario General Adjunto ATE; Juan CArlos Giuliani, Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA; Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta de CONADU Histórica; Marta Maffei, Diputada Nacional mc; Fabio Basteiro, Unidad Popular CABA; Víctor Mendibíl, Encuentro Sindical Nuestra América; Liliana Parada, Diputada Nacional mc; Carlos Custer, Ex Embajador Argentino en El Vaticano; Ángel Furlan, Federación Luterana Mundial; Laura García Tuñon, Directora General Coordinación Comunitaria CABA; Jorge Cardelli, Corriente Nacional Emancipación Sur; Maristella Svampa, Socióloga/Novelista; Vilma Ripoll, Dirigente Nacional del MST Nueva Izquierda; Beverly Keene, Diálogo 2000; Alberto Pérez Porto; Alejandro González Connío; Alejandro Cabrera Britos, Delegado General ATE SENASA Martínez; Andrés Figueroa Cornejo, Periodista; Aurora Tumanischwili Penelón, de FeTERA Flores; Blanca Dieguez; Carina Maloberti, Consejo Directivo Nacional–ATE-CTA; Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FeTERA; Carlos Loza, Junta Interna Asociación General de Puertos; Cristina Pfluger; Eduardo Espinosa, ATE Ministerio de Desarrollo Humano Provincia de Buenos Aires; Elvira Ochoa de Zuazola; Ester Yapur; Francisco J. Cantamutto, FLACSO México; Gonzalo Moyano; Guillermo López, de FeTERA Flores; Herman Schiller, Periodista y Conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie”; Javier Rodríguez Pardo, Periodista, Red Nacional de Acción Ecologista/RENACE; Javier Souza Casadinho, Coordinador Regional RAPAL; Juan José González, Docente Universitario Comahue y Asesor Económico Cooperativa Fasinpat Ltda (Ex Zanón); Jorge Sara; Manuel Hermida, Secretario Adjunto CTA Río Negro; Marcelo López, Militante de DDHH de La Matanza; Maria Eugenia Lanusse; María Rosa González, Comunicadora Social; Mariano Pasi; Mario Mazzitelli; Marta Speroni, Militante Internacionalista por los DDHH; Olga Morales, Fotógrafa documentalista, Miembro de Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez); Oscar Fernández; Patricio País Garay; Raúl Brunel; Roberto Rabello; Sebastián Berelejis; Susana Aguad, Abogada y Escritora; Susana Merino; Susana Rearte, Coordinadora en defensa del Patrimonio Público y de la Soberanía; Tomas Devoto.
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