La falta de información oficial que dé cuenta de la situación del mercado de trabajo ha sido utilizada por el Gobierno nacional como una herramienta para negar que los costos de sus medidas económicas estén siendo trasladados a las espaldas de los trabajadores.
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La destrucción del sistema público de estadísticas por parte de la gestión anterior, a partir de la intervención del INDEC en el año 2007, provoca que a seis meses de la asunción del nuevo gobierno solo contemos con datos oficiales parciales, fragmentarios y discontinuos, situación que es aprovechada por los nuevos funcionarios como un escudo para enfrentar las acusaciones sobre la existencia de una avanzada sobre los trabajadores.
Aun así, comienzan a emerger algunos datos que en forma incontrastable dan cuenta de una situación crítica en el mercado de trabajo, caracterizada por una pérdida de puestos de trabajo, un incremento de las suspensiones y una fuerte caída del salario real. Ello se agrava por medidas adoptadas recientemente por el Gobierno Nacional, tales como el veto a la ley de emergencia ocupacional y los recientes incrementos en las tarifas de los servicios públicos, que han tenido como consecuencia directa un impacto sobre las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores. Esta situación ya era registrada como tal por los trabajadores, quienes desde hace meses vienen manifestándose a lo largo del país, con diversa intensidad, en forma centralizada o a nivel de los lugares de trabajo.
Desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA impulsamos en los primeros meses del año un relevamiento de la cantidad de despidos a partir de las denuncias que los propios trabajadores y las organizaciones sindicales hacían públicamente. Actualmente es posible realizar una primera sistematización de datos oficiales a fin caracterizar el estado del mercado de trabajo a casi seis meses de la asunción del nuevo gobierno.
Leer el informe completo elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma: