Devaluación y ajuste

Hoy, la suerte de la estrategia abierta el 21 de enero con la “Axeldevaluación”, depende de una suba significativa en la tasa de interés que, si bien puede redundar en una estabilización del tipo de cambio, impactará de lleno en la actividad económica del 2014 que pasará del estancamiento a la recesión.

Las defectuosas prácticas gubernamentales de regulación estatal, nos devuelven progresivamente al camino de la ortodoxia. Frente a la crisis cambiaria, la opción no es la que pretende “el mercado” (es decir los actores de mayor poder económico). Opción que busca eliminar los controles y cuyo efecto es una mayor devaluación y, por tanto, más ajuste.

Sobre las condiciones de vida de la población, la tarea es mejorar y transparentar los controles mientras se avanza en remover las causas estructurales que sistemáticamente llevan a nuestro país a las crisis cambiarias.

Mejorar los controles implica asumir que la administración del mercado de cambios resulta frágil y difícil de sostener en contextos de “escasez de divisas”, si se renuncia (como lo ha hecho desde siempre este gobierno) a “controlar la oferta de divisas”. Este objetivo obliga a promover iniciativas que permitan ejercer un “control público sobre el comercio de granos”, así como también a fortalecer el papel del Estado como expresión de “lo público” en el sector petrolero y minero. Objetivo que también lleva a pensar en nuevas formas de “control público” y desarrollo de la infraestructura de ferrocarriles, puertos, industria naval, almacenamiento de granos, etc. Todas estas, iniciativas que nunca formaron parte de la agenda gubernamental de esta última década.

1. La estrategia devaluatoria del Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional inicia el 2014 ensayando una fortísima devaluación de la moneda. En efecto, en apenas 3 días (del martes 21 al jueves 23 de enero) “permitió” o bien puede decirse, decidió que el dólar oficial pasara de $6,88 a $8; lo que significó una devaluación del 16,3% en 72 horas; que se agrega al proceso de devaluación gradual presente desde la asunción del nuevo equipo económico a finales de noviembre del 2013, y que puesto en perspectiva del 2014, desde que se inicia el año, esto es en términos cambiarios, desde el 2 de enero se acumula una devaluación del tipo de cambio oficial del 23% en un mes. Dicho de otro modo, el tipo de cambio oficial aumentó en enero lo que se espera que aumente la inflación durante todo el año. Se trata de una dinámica que profundiza al extremo el cambio en la política cambiaria del Gobierno Nacional desde la instauración del mal denominado “cepo cambiario”.

Estas medidas demuestran el fracaso de las restricciones implementadas desde el 28 de octubre de 2011 a la fecha, para contener la fuga del ahorro nacional y la consiguiente pérdida de reservas del Banco Central. A medio camino entre la desesperación y la «heroica», el gobierno parece intentar ahora, como el luchador de judo, «aprovechar a su favor el impulso del adversario»: deja subir el dólar sin intervenir en el mercado, para luego intentar estabilizarlo en un nivel que implica un salto sin precedentes en los 10 años de gobiernos «K», y tras cartón restaura la posibilidad de adquirir dólares para atesoramiento en el país, procurando así descomprimir la demanda en el mercado paralelo.

En efecto, previo a noviembre del 2011; el tipo de cambio oficial apenas se movía al 4 / 5% anual en un contexto donde la inflación superaba como mínimo el 20% anual. En el 2012, “cepo mediante”, el Gobierno cambia esta política permitiendo que el tipo de cambio aumente (18%) aunque por debajo de la inflación (25%); en el 2013 se profundiza esta tendencia y el tipo de cambio aumenta a un ritmo similar a la inflación (en torno del 25 / 27% anual). Lo que vemos iniciado 2014, es que el Gobierno decide que en un mes el tipo de cambio recupere buena parte del atraso acumulado en años.

Fue absolutamente sintomático que, en el día en que se produjo el mayor salto devaluatorio, la Presidenta anunciara el Programa Progresar, cuyo impacto recién se verá en el primer mes del inicio escolar (es decir en marzo). El programa supone la extensión del Plan Jóvenes con Más y Mejor Empleo, pero asignando $600 por persona joven (de 18 a 24 años) siempre y cuando cumpla una serie de requisitos muy restrictivos (al respecto en breve nuestro Instituto presentará un análisis del citado programa). Si bien el impacto real de esta medida está por verse, se trata claramente de desviar la atención pública del contenido de la política devaluatoria en curso por parte del Gobierno, al tiempo que, sin decirlo, constituye el una compensación preventiva e insuficiente de los efectos que una devaluación suele producir: mayor conflicto social. Va en el mismo sentido de lo que en su momento fue el Plan Jefas y Jefes en relación con la devaluación del 2002 como mecanismo de contención social frente a la crisis, pero sin el alcance y la centralidad que tuvo éste en su momento. Aún hay mucho que andar y decisiones que observar por parte del Gobierno para ver si la devaluación iniciada configura mayores conflictos, pero sin dudas fue un síntoma de lo que se espera de no mediar mecanismos de contención de los sectores más postergados.

La devaluación es el mecanismo por medio del cual los exportadores aumentan el poder de compra de sus productos en la economía doméstica, y esta mayor capacidad de compra de los exportadores no es neutral. En primer lugar, frente a una oferta productiva estancada (consecuencia del límite tocado por el patrón de acumulación actual), lo lógico a esperar es que esta mayor masa de recursos de los exportadores no se traduzca en aumento de la inversión reproductiva, sino en mayor demanda de bienes de consumo suntuario y en mayor especulación financiera, lo que se traduce en mayores niveles de importación, de precios, de aumento del dólar “paralelo” y de fuga de capitales.

Las tendencias al aumento de precios se refuerzan puesto que, en una economía con una elevada concentración económica y fuerte dependencia de insumos importados, el encarecimiento del dólar se vuelca al precio final de los productos. Ese recorrido luego se expresa en el conflicto social al operarse la reducción de poder de compra de los salarios y demás perceptores de ingresos (planes, jubilaciones, etc). De este modo, la devaluación se erige en un mecanismo de transferencia de ingresos hacia los sectores exportadores por parte principalmente de los trabajadores, jubilados y perceptores de planes y también de las empresas de menor tamaño que asocian su actividad al mercado interno.

Lo anterior es lo que resulta lógico esperar de una devaluación. No necesariamente ello debe ser así pero a condición de que se adopten importantes y significativas medidas que lo eviten. Al respecto, el Gobierno adoptó dos medidas adicionales que acompañan la devaluación, cada una de las cuales conlleva importantes impactos, a saber:

a) La posibilidad de comprar dólares para ahorro de parte de un segmento de la población; y

b) El aumento de la tasa de interés.

Estas dos medidas tienen por objeto achicar la brecha entre el nuevo valor del dólar oficial (de $8) y el del dólar “paralelo / marginal” (que oscila entre $12 y $13 al momento en que esto se escribe) quitando demanda al dólar paralelo (punto a) y tornando más atractivo el ahorro en pesos (punto b).

Creemos que es correcto atacar el problema de la “brecha” entre ambas cotizaciones, aunque ello no nos hace perder de vista que ella se originó por no haber previsto las consecuencias de las restricciones implementadas desde octubre de 2011. Mientras esa brecha subsista, la cotización oficial siempre será vista como «barata» frente a la otra, lo cual incentiva la demanda de dólares en el mercado oficial (que es la que erosiona las reservas del Banco Central). Esto, además, se potencia con la posibilidad de especular con ambas cotizaciones comprando barato el dólar en el oficial y vendiendo a precio mayor en el paralelo. Esta estrategia no tiene grados de éxito: o se elimina “lisa y llanamente” la brecha, o habrá fracasado. En la medida en que persistan diferencias de cotizaciones, persistirán asimismo los comportamientos especulativos que no hacen sino agregar presiones a la cotización del dólar oficial.

Para eliminar dicha brecha no hay sino dos opciones: la que pretende “el mercado” (es decir los actores de mayor poder de mercado) que no es sino volver atrás con los controles de cambio, eliminando el “cepo”, lo que llevaría a una convergencia entre las cotizaciones a costa de una mayor devaluación y de una caída de reservas, o bien, mejorando los controles y atacando las causas estructurales que sistemáticamente llevan a nuestro país pais a crisis cambiarias.

Mejorar los controles implica asumir que es imposible administrar el mercado de cambios renunciando a controlar la oferta de divisas, cuestión ésta que obliga a promover iniciativas que permitan ejercer un control público sobre el comercio de granos, así como también a fortalecer el papel del estado en los sectores de hidrocarburos y minero. Asimismo, la regulación y los controles cambiarios pueden funcionar en la medida en que simultáneamente se implementen políticas de fondo que eviten los cuellos de botella externos de nuestra economía.

Es el funcionamiento de la economía real lo que genera (o no) un saldo en el balance de pagos, y es ese funcionamiento lo que determina qué parte de ese saldo se transforma en moneda local, incrementando las reservas del Banco Central, para realimentar el proceso productivo, para demandar bienes y servicios, o para ahorrar. Cuando no se genera un saldo positivo en el balance de pagos, o éste disminuye, o éste, cualquiera sea su dimensión, no se transforma en nuevas inversiones, en demanda de bienes y servicios, o en demanda de moneda local para ahorro interno, tarde o temprano impactará negativamente en las reservas del Banco Central.

Desde este punto de vista, entendemos que en el debate público hay una visión «fetichista» del dólar como «objeto del deseo» del gobierno, de los ahorristas, de los especuladores, de los monopolios, etc., según la óptica del observador. Proponemos, en cambio, mirar «detrás de la máscara» y abordar la más difícil cuestión de la inescindible relación, en el caso de la Argentina, entre el saldo del balance de pagos y la dinámica de sectores productivos con altas rentas extraordinarias derivadas de los recursos naturales, altamente concentrados y altamente trasnacionalizados.

Si se asume que la «bendición-maldición» que tiene nuestro país bien puede ser la palanca para un desarrollo integral y armónico, o bien el elemento que impide la diversificación del aparato productivo, podremos llegar fácilmente a la conclusión de que las rentas extraordinarias de los recursos naturales (antes que la masa de dólares en la que se convierten, una vez realizadas) que por ser extraordinarias, no provienen ni del trabajo ni del capital, deberían ser consideradas como un bien público, y por su condición de «palanca» o de «rémora» para el desarrollo, deberían ser consideradas como un bien estratégico.

Ninguna de las dos opciones fue adoptada por el gobierno, sino una intermedia: relajar un poco el control de cambio permitiendo el ahorro en dólares para una parte de la población de ingresos medios – altos y altos, con la esperanza de que el aumento de la tasa de interés sea un atractivo suficiente para eliminar las actividades especulativas. Toda una demostración de optimismo por parte del elenco gubernamental.

En este sentido la decisión del gobierno es cuando menos irresponsable y riesgosa. Irresponsable, porque no elimina la brecha entre cotizaciones, incluso agravando el problema porque permite que sectores que estaban excluidos de este comportamiento participen en el mismo, y riesgosa puesto que esta medida no produce sino caída de reservas (se estima que se perdieron U$S 2.000 millones en lo que va de enero), y empuja a una nueva devaluación ó a salir a pedir financiamiento externo para proveer de dólares a la especulación.

Es esta última opción la que el Gobierno parece inclinado a recorrer a juzgar por las negociaciones con el Club de París, el visto bueno a las tratativas que los Fondos de Inversión que entraron al Canje pretende realizar con los que aún están afuera, el financiamiento – puente con las cerealeras, el acuerdo con Repsol y los viajes a China y Rusia por parte del Ministro de Economía. De tener éxito la vuelta al endeudamiento no sería sin paradojas para un gobierno que ha hecho del desendeudamiento una bandera y tampoco sin costo para las futuras generaciones y gestiones de gobierno que tendrán que afrontar mayores carga de deuda asumidas para permitir la transferencia de ingresos significativa de las sociedad toda a una fracción minoritaria de ella.

En este marco, vale la pena reflexionar sobre si, a este tipo de cambio,

• ¿Podrá el gobierno frenar la caída de las reservas del BCRA? O bien,

• ¿Se seguirá profundizando la devaluación de la moneda?

Todos sabemos que la palabra de los funcionarios públicos es prácticamente lo único que está más devaluado que la moneda nacional, pero si tenemos en cuenta lo que dijo el Jefe de Gabinete al anunciar las medidas, el Gobierno cree que se ha llegado a «un tipo de cambio de convergencia». Si eso fuera cierto, cabe suponer que, a ese tipo de cambio, el BCRA está en condiciones de ofrecer las cantidades que el mercado le demande. Aún está por verse qué volumen de reservas demandarán los ahorristas, siendo que la única limitación legal es el 20% de su ingreso habitual mensual. Por el otro lado de la ecuación, habría que ver hasta qué punto pueden seguir cayendo las reservas del BCRA para atender esa demanda sin comprometer el normal funcionamiento del comercio exterior y las relaciones financieras del país con el resto del mundo, deuda pública y privada incluidas. Algunos analistas estiman en 8.000 millones de dólares la pérdida de reservas adicional necesaria para atender esa demanda, lo que dejaría al BCRA con 22.000 millones de usd en sus arcas.

Llegado a este punto, podemos concluir que el gobierno ha dado por concluida la etapa de su política cambiaria implementada desde noviembre de 2011 sin obtener los resultados previstos, e inaugura una nueva etapa en la que se juega el éxito a la elevación de las tasas de interés hasta las nubes, con el impacto recesivo que ello inevitablemente va a tener.

En rigor, el dilema presentado más arriba debería plantearse exactamente al revés, esto es:

• ¿El funcionamiento de la economía argentina, en particular sus transacciones de bienes, servicios y capitales con el exterior, genera un superávit suficiente para que el 20% del ingreso habitual de la población con capacidad de ahorrose canalice a la tenencia de moneda extranjera?

• ¿Porqué no existen otras alternativas para el ahorro nacional en moneda local, aparte de la especulación en inmuebles o bienes de consumo durables?

Las explicaciones de los voceros del gobierno, tanto de sus funcionarios como de los medios afines, jamás apuntan a estas cuestiones. Las desvían atribuyendo las dificultades a conspiraciones de sectores políticos, mediáticos o económicos interesados en el fracaso de las políticas oficiales, o a cuestiones ligadas a la cultura de los sectores sociales que tienen ahorros. En ese marco, dada la fatuidad de las explicaciones emergen, sigilosamente las propuestas “alternativas” del establishment y sus economistas y expresiones partidarias

2. Las Propuestas del Establishment

Los análisis de la mayoría de los voceros de la oposición, de los medios opositores y de sectores económicos ligados al comercio exterior o a los capitales trasnacionales que operan en el país, si bien señalan el problema inflacionario como el origen de las dificultades del sector externo (pérdida de competitividad, atraso cambiario, etc.), apuntan a los aspectos coyunturales como motores del proceso inflacionario: déficit fiscal y emisión monetaria parecen ser los responsables del aumento de precios. Por lo tanto, inducen a pensar que también con medidas coyunturales de ajuste de la demanda agregada (disminución del gasto público y de la emisión, aumento de las tasas de interés) este proceso se puede revertir fácil y rápidamente. Dicho de otra manera, sobre el proceso de ajuste que produce la devaluación estos actores pretenden un ajuste mayor sobre el conjunto de la sociedad para hacer más profunda la transferencia de ingresos hacia los sectores con ingresos dolarizados.

En este punto, tanto el Gobierno como su Oposición afín, interesadamente, omiten en el debate público las verdaderas causas estructurales de la inflación argentina, y su impacto sobre el sector externo, así como la influencia del sector externo en los procesos inflacionarios internos:

• La lógica de acumulación de los sectores más dinámicos del modelo extractivista en curso en nuestro país, con un porcentaje elevado de rentas extraordinarias dentro del excedente total en esos sectores, configura una cúpula empresaria con hábitos rentísticos que no reinvierte en el proceso productivo una parte significativa de sus ganancias.

• La restricción externa de la economía doméstica, su dependencia de capitales, maquinaria y tecnología extranjeros, y los cuellos de botella que históricamente se generan luego de un proceso de crecimiento económico.

• La alta concentración de la oferta en mercados de bienes y servicios que tienen un alto impacto en la canasta básica de la población.

• La persistencia y potenciación de la primarización de las exportaciones argentinas, y la elevada correlación de los precios internacionales de los bienes exportables y la inflación interna.

• La concentración de las exportaciones argentinas en sectores con elevadas rentas extraordinarias, y la apropiación privada de esas rentas.

• La creciente extranjerización de la propiedad del capital de las empresas que dominan los principales mercados de bienes y servicios de consumo interno, así como en los sectores exportadores, y la trasnacionalización de los capitalistas locales presentes en esos sectores. Este elemento implica una tendencia a la dolarización de la tasa de ganancia esperada, circunstancia que también se presenta en el capital trasnacional local.

Factores a los cuales habría que sumar, para completar el panorama, la pérdida del autoabastecimiento hidrocarburífero que impacta de lleno en la balanza comercial y fiscal, deteriorando ambas, y el manejo de la deuda pública que ha hecho el gobierno durante los últimos 10 años.

Sobre este último punto, resulta fundamental advertir que no ha existido, realmente, el tan declamado proceso de «desendeudamiento», sino una postergación de pagos desde 2003 hasta 2008, primera reestructuración mediante. Esa reestructuración, más allá del discurso, no implicó una significativa reducción del capital, si se consideran los pagos atados a la evolución del PBI. Estos pagos matemáticamente compensan la quita a lo largo de la vida útil de los nuevos instrumentos, pero no se aparecen como deuda dentro de las cuentas públicas porque son pagos contingentes. Se produjo una cancelación anticipada de la deuda contraída con el FMI, y se cumplieron religiosamente con los pagos de la deuda reestructurada y de la deuda con el Banco Mundial.

Estos pagos pudieron viabilizarse instrumentando un nuevo endeudamiento, esta vez del Tesoro con el Banco Central, siendo ésta una de las fuentes de la pérdida de reservas sobre la cual ni el gobierno ni la oposición hablan, porque comparten la idea de privilegiar los pagos a los acreedores externos sin revisar la legitimidad de la deuda. Otra operatoria de sustitución de acreedor sin disminución de deuda han sido las letras que compulsivamente se le hacen suscribir a la ANSeS, licuando sus activos y alimentando irresponsablemente su déficit a futuro.

Aún a pesar de los artilugios formales y la contabilidad creativa con la que presentan sus cuentas el Banco Central, la ANSeS y el Tesoro Nacional, el impacto de los servicios de la deuda desde 2008 en adelante consumió el superávit fiscal, al punto que en la actualidad el resultado financiero de las cuentas públicas arroja déficit, y éste a su vez implica una tendencia al aumento del endeudamiento. El impacto de la balanza energética, el incremento de las importaciones de maquinaria, equipos y bienes intermedios, y los servicios de la deuda pública interna y externa (amortización de capital e intereses), llevaron al agotamiento de los superávits gemelos (fiscal y externo) de la primera etapa del gobierno, y en la actualidad se presentan déficits en la balanza de pagos y en el sector público.

En la historia económica argentina, situaciones de déficit público y externo se han enfrentado con fuertes devaluaciones y con disminuciones del gasto público, en lo que se conoce como el «ajuste ortodoxo». Cuando el punto de partida es una fuerte recesión previa, el impacto inflacionario de la devaluación se ve amortiguado por la capacidad ociosa del aparato productivo, y el margen para aumentar el empleo sin grandes inversiones y sin fuertes presiones al alza de los salarios, tal es la experiencia del 2002 que bueno es recordar no fue sin trauma y al costo de llevar al límite la desigualdad, la pobreza, el hambre y la desocupación. En la situación actual, la devaluación tiene un impacto inflacionario inmediato puesto que no hay capacidad productiva ociosa, sino que se transita ya un proceso de fuerte crecimiento de los precios.

Por el lado del déficit público, no existe margen para reducir salarios ni plantas de personal, aunque sí existe un alto grado de precariedad laboral en el sector público. Tampoco existe margen para disminuir transferencias a familias por planes sociales, que ya están siendo licuados por la inflación. Hacerlo supondría incrementar el ajuste que por sí produce la inflación. Los únicos espacios de reducción de gasto público pasan por los subsidios a empresas privadas y por los pagos de los servicios de la deuda pública.

En el caso de las empresas beneficiarias de subsidios, están fuertemente cuestionados por la sociedad ya que en general no se han trasladado a mejoras en los servicios públicos aunque sí en bajas tarifas en el área de Capital Federal y su área metropolitana. Por el lado de la deuda, la investigación de su legitimidad es una asignatura pendiente de todos los gobiernos de la democracia.

Sin embargo, subsidios y negociaciones de la deuda han sido instrumentos privilegiados del gobierno para afianzar su relación con ciertos sectores del empresariado local, y con operadores financieros internacionales, como los «fondos amigos» y en particular las empresas petroleras (que con este esquema pueden fijar un precio 600% superior a su costo de producción). Las múltiples vinculaciones personales, políticas y de negocios entre altos funcionarios del gobierno y estos grupos hacen poco probable que vayan a ser los sectores sobre los que se haga el «ajuste». Ello supondría una modificación en el esquema de alianzas del gobierno que sería por cierto razonable y bienvenido, pero que descreemos que ocurra.

En consecuencia, las medidas coyunturales (aplicables sobre la emisión monetaria y el control del gasto público) ni son suficientes para revertir el proceso inflacionario o la caída de reservas del banco central, ya que no apuntan a las causas de estos fenómenos, ni tampoco ofrecen un panorama aceptable para «ganar tiempo», todo lo contrario, profundizan el ajuste que consigo trae la devaluación.

3. Lineamientos de Nuestra Propuesta

Frente a la gravedad del escenario que la devaluación plantea y las propuestas de mayor ajuste por parte de los sectores vinculados con el establishment, resulta imprescindible formular una salida popular y democrática a la crisis. Esto implica:

• Declarar esencial para la distribución del ingreso, la orientacion del patrón productivo y la promoción del desarrollo la administración pública del valor del tipo de cambio y de la disposición del volúmen de divisas producido por el país.

• Afirmar que el saldo en divisas de la economía argentina es resultado del esfuerzo conjunto de la sociedad en su relación con el mundo y no la sola consecuencia del comportamiento de agentes económicos particulares, y por lo tanto no puede estar sujeto a transacciones con fines especulativos.

• Dada la asociación entre generación de divisas y rentas extraordinarias vinculadas a la explotación de los recursos naturales, afirmamos el carácter estratégico de estas riquezas y de las rentas asociadas.

• Intervención directa del Estado en el mercado de granos, a través de mecanismos acordes a la estructura actual de esos mercados y a la tecnología disponible, que le permita regular un precio al productor que lo proteja de los abusos de acopiadores y exportadores, y que a la vez le permita al estado capturar una parte de la oferta exportable. El objetivo de esta intervención es la captura de una parte de la renta extraordinaria en divisas, y el control sobre la oferta de divisas en el mercado local. Lo propio debe realizarse con las exportaciones de hidrocarburos y de minerales. Completar el proceso de intervención en el mercado de hidrocarburos, extendiéndolo a otras empresas además de YPF, fijando un precio interno acorde al costo de producción del barril, modificando la regulación de la exploración y producción de hidrocarburos para asegurar las inversiones en el sector y la disponibilidad de la producción

• Investigación de la legitimidad y legalidad de la deuda pública y repudio de la parte que resulte ilegítima, con compensaciones a los actuales tenedores de buena fe a cargo de los acreedores que contrataron con la dictadura militar o que fueron contraparte de ilícitos de gobiernos civiles. Arbitrar mecanismos para que la parte legal pero ilegítima de la deuda (aquella que benefició a los actores más importantes de la economía doméstica, principalmente los bancos y el sistema financiero local) tenga un compromiso de pagos que no ponga en situación de vulnerabilidad las reservas disponibles del Banco Central.

• Eliminación de las prácticas monopólicas u oligopólicas en aquellas fases de los procesos productivos en las cuales se presente un alto grado de concentración de compras o de ventas por parte de pocos operadores, e intervención directa del estado en la compra o venta del bien o servicio respectivo cuando no pueda eliminarse, mediante la conformación de stocks de intervención que estabilicen los precios en las fases respectivas de las cadenas de valor.

• Establecimiento de Mesas de Concertación por cadena de valor, con participación del estado, los productores, los trabajadores y los consumidores, como ámbitos para poner blanco sobre negro los verdaderos conflictos, desplegar la acción reguladora del Estado sobre las posiciones dominantes y las rentas extraordinarias, construir las alianzas de actores sectoriales que correspondan y mejorar los criterios para la asignación del excedente.

• Definición e implementación, junto con los actores empresariales y trabajadores, de una política industrial de largo plazo, que incluya a las empresas públicas, a las grandes empresas nacionales, a la pequeña y mediana empresa, a la empresa familiar y al complejo científico tecnológico público, para generar un verdadero proceso de sustitución de importaciones en el marco de la integración económica con nuestros vecinos.

• Construcción de un Piso de Ingresos, Derechos y Garantías para el conjunto de la población, priorizando la situación de la población infantil, los mayores y los desocupados.

• Reforma Impositiva Progresiva, de manera de aumentar la carga sobre las ganancias de las empresas más concentradas vía restitución de contribuciones patronales, y aumentar los tributos sobre los patrimonios de los sectores más acomodados

• Reforma integral del sistema financiero, que habilite la existencia de opciones de ahorro bien remuneradas para colocaciones en moneda local, para lo cual debe reducirse drásticamente la “brecha bancaria”, es decir la diferencia entre las tasas activas y pasivas a las que hoy toma y presta dinero la banca local, privilegiando el crédito para la inversión productiva nacional, para canalizar el ahorro a la financiación del proceso de sustitución de importaciones, al acceso a la vivienda popular, a los jóvenes emprendedores, a las mujeres y a los proyectos comunitarios.

Encarar las cuestiones estructurales atacando sus causas reales no es un problema técnico, sino fundamentalmente político, ya que requiere de la capacidad de convocar y organizar a la propia sociedad para que decida instituir mayores grados de justicia e igualdad en su conformación, abriendo escenarios de conflicto, no con los sectores populares, como se ha definido a partir de la devaluación, sino con los sectores dominantes a los que necesariamente hay que disciplinar para evitar una nueva crisis como la que por estos días se cierne sobre la Argentina.