0002528391Para el diputado nacional de la CTA por el Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP), Víctor De Gennaro, el proyecto de regular el trabajo de los teleoperadores en los call centers es un “paso adelante”, pero planteó una disidencia parcial por dejar afuera a los estatales.

El miércoles pasado, en la reunión de la Comisión de Legislación de Trabajo donde se trató el proyecto de Ley para crear el Estatuto para los Teleoperadores de Centros de Atención de Llamadas, que regulará la actividad de los trabajadores de los llamados call centers, el diputado Víctor De Gennaro, quien ocupa el cargo de Vicepresidente 1º de la Comisión, explicó durante su intervención la posición de Unidad Popular de presentar una disidencia parcial.

El planteo radica en la no inclusión de los trabajadores estatales en el estatuto. “No se entiende que el oficialismo se niegue a igualar condiciones entre lo público y lo privado. Es una contradicción que muestra que lo que se trata de impedir en lo privado se permite en el Estado”, sostuvo el fundador de la CTA.

En la audiencia previa a la reunión de Comisión, donde se recibió a delegados de los sindicatos que representan a trabajadores de call centers y a miembros de las cámaras empresarias, estos últimos manifestaron que, de aprobarse estas mejoras para los trabajadores, operar en el país dejaría de ser rentable y deberían irse. De Gennaro calificó a estas declaraciones de “meros aprietes” y de “extorsión”.

“Creo que este proyecto constituye un paso adelante extraordinario y me parece que vale la pena apoyarlo. Sí, insisto, nos parece una actitud discriminatoria del oficialismo y del Gobierno, y no entiendo cómo lo pueden votar, porque es un ataque directo a los compañeros trabajadores y a los empleados estatales”, ratificó.

“Hoy los teleoperadores, que también se desempeñan en la Superintendencia de Seguros, en la ANSES, en el ENRE, en el PAMI, es decir en muchas reparticiones, tienen regímenes distintos. La mayoría cumple seis, siete y hasta ocho horas –agregó De Gennaro-. Además, se da una paradoja muy interesante: existen mejoras para los compañeros que lograron mejores condiciones de trabajo al incorporarse a los convenios que rigen la actividad estatal, pero quienes trabajan en el Estado, cumpliendo las mismas condiciones, no tienen esas mejoras”.

De Gennaro recordó que la pelea contra la tercerización “fue uno de los principios de la Central de Trabajadores de la Argentina”, que significa que “las empresas transnacionales usen otras entidades para mantener su tasa de ganancia y explotar a los trabajadores”. “Ahora el Estado, el Gobierno, demuestra una actitud absolutamente discriminatoria y de persecución a la necesidad de tener condiciones de igualdad”, manifestó.

“Los patrones creen que son sueños de sus empresas y que el manejo de los empleados depende de ellos y punto. Esta es una actitud que viene de años atrás. Pero los funcionarios públicos también creen lo mismo, piensan que llegan al gobierno, que van a vivir siempre en el gobierno y que la Argentina se funda ni bien ellos llegan, pero no saben que se van a ir. Entonces, consideran que pueden dirigir la vida de los empleados estatales como si fueran propios, y los trabajadores estatales son del pueblo, del Estado no del partido ni de ningún funcionario –agregó el diputado, quien sostuvo que hablaba desde su condición de “trabajador estatal”-. Es decir que mantener esta discriminación es defender que los funcionarios manejen en forma individual las relaciones laborales en cada repartición lo cual, además de discriminatorio, es realmente de una demostración de autoritarismo muy grande”.

En ese sentido, pidió que se cambiara el artículo 1°, donde se habla del “sector privado” por “público y privado” y que exista un salario mínimo de convenio de la actividad. También planteó una disidencia en el artículo referido a las condiciones de trabajo: “nos parece que la infraestructura y las condiciones ambientales son algo a detallar, la medida de los boxes, la situación ambiental, etcétera, porque vamos a proponer varias alternativas. Quizás desde acá hasta el día en que el proyecto se trate en el recinto tengan una actitud de escuchar a los trabajadores que han venido y lo han planteado”.

En la audiencia donde se trató este proyecto, que se realizó el 16 de mayo, estuvieron presentes la Cámara Argentina de Comercio, el Sindicato Argentino de Televisión, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina, la Asociación Bancaria de la República Argentina, Cámara Argentina de Centros de Contacto, la Federación Argentina de Telecomunicaciones, la Federación de Obreros, Especialistas, Empleados de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de la República Argentina; la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina; la Asociación de Trabajadores de Centros de Contactos y Afines de Córdoba; Trabajadores de Calls Center de Salta; la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas; la Unión Personal Civil de la Nación; la Asociación Trabajadores del Estado; la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de la República Argentina; y la Unión Industrial Argentina.

Fuente: ACTA

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