En la mañana del 23 de enero de 1989 un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) asaltan el cuartel RIN III de la tablada, lo cual derivó en un enfrentamiento armado cuyos antecedentes y consecuencias aún hoy están pendientes de esclarecerse.
Los militantes del MTP sostuvieron en ese momento que la acción de ocupar el cuartel tenía la intención de enfrentar un golpe de estado que el grupo de militares “carapintadas” que comandaban el Teniente Coronel Mohamed Alí Seineldín y el Coronel Aldo Rico. Ya se habían sucedido las sublevaciones militares de Campo de Mayo en abril de 1987, de Monte Caseros en enero de 1988 y de Villa Martelli en diciembre del mismo año. Eran las épocas de finales del gobierno de Raúl Alfonsín , que llegaba desgastado por las sucesivas frustraciones de sus promesas de campaña en torno a que la democracia iba a traer bienestar y Justicia, y de un ascendente candidato a presidente Carlos Menem que hacía promesas de “Salariazo” pero por detrás acordaba con el Stablisment las privatizaciones e impunidad para los genocidas.
La toma del cuartel y la contraofensiva cruenta del ejército dejó un saldo atroz de asesinados, torturados, presos y desaparecidos. Una vez más, ahora “en democracia”, las fuerzas represivas volvían a cometer actos de Terrorismo de Estado y solo faltó el robo de niños. La estela de muerte de producida una vez más por el Estado llega hasta nuestros días ya que aún permanecen desaparecidos 4 militantes del MTP: Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, José Díaz e Iván Ruíz. Todos ellos, según testimonios o pruebas fotográficas, tomados con vida por el ejército. El jefe de esta matanza el general genocida Alfredo Manuel Arrillaga, hoy preso por otros crímenes.
En diciembre pasado y por pedido de familiares y compañeros, la Corte Suprema declaró la imprescriptibilidad de estos crímenes cometidos por las fuerzas que recuperaron el cuartel y ordenó reabrir la investigación. En ese sentido ya se había expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el año 1997 recomendando al Estado Argentino una “Investigación completa, independiente e imparcial de manera de sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos…”
A 26 años de aquellos sucesos, hay una verdad que espera ser desenterrada, un reclamo de Justicia que no se calla, cuatro cuerpos de los compañeros que aún esperan también ser encontrados.