«La denuncia del Fiscal Marijuan contra todas las Universidades nacionales es una burda maniobra que pretende desprestigiar a la Universidad Pública», así comienza el comunicado de CONADU Histórica, que ACTA reproduce a continuación.
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«El actual presupuesto universitario – ya de por si insuficiente – fue también carcomido por la devaluación, inflación y aumento de tarifas. El presupuesto 2017 presentado al congreso por el poder ejecutivo es un presupuesto que promete más ajuste sobre las universidades y los distintos organismos de ciencia y técnica.
El gobierno nacional aplica además, el ajuste sobre los salarios de las y los trabajadores dejándolos por debajo de la inflación y se niega sistemáticamente a reabrir las paritarias para otorgar la necesaria recomposición salarial de emergencia.
Ante ello, desde la CONADU Histórica junto al conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria y los trabajadores de los otros organismos de ciencia y técnica nos movilizamos en rechazo a estas medidas con cada vez mayor repercusión en la sociedad. Esta lucha arrancó un incremento adicional del presupuesto universitario cercano a los $1.000 millones (claramente insuficiente para nosotros, y además distribuido discrecionalmente con sólo 21 de las 55 Universidades Nacionales) y de poco más de $1.200 para el sector científico tecnológico.
Justo en este momento, el fiscal Marijuan realiza una denuncia penal por malversación de fondos a 52 Universidades Nacionales por sospechas de mal uso de las partidas presupuestarias giradas sobre fines del año pasado.
Esta denuncia tiene que ver centralmente con una maniobra de desprestigio hacia el conjunto de las Universidades Públicas para justificar el ajuste sobre la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Desacreditar a la educación pública para avanzar en las políticas de elitización, mercantilización, achicamiento y arancelamiento de la Universidad Pública. Este es el proyecto del actual gobierno.
Desde la CONADU Histórica siempre hemos denunciado a las autoridades universitarias que junto a los sectores de poder toman como botín a las instituciones universitarias. Algunas se han convertido en verdaderas patronales, siendo correa de transmisión de los ajustes de los gobiernos de turno e incluso han malversado y utilizado los fondos del presupuesto para todo tipo de prebendas y negocios.
El gobierno actual utiliza los escándalos del pasado inmediato para justificar el ajuste del presente y la reconfiguración de los distintos sectores dominantes en la disputa por el dominio de las estructuras universitarias.
Hoy en la UBA se está por consumar el enésimo negocio con el Hospital de Clínicas, por lo menos por 130 millones de dólares. Ya por estos negocios con el Hospital tuvo que renunciar en su momento el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, envuelto en el escándalo que fuera públicamente denunciado por AGD-UBA y CONADUH junto a la FUBA.
El reciente nombramiento del productor televisivo Ávila como coordinador de los hospitales universitarios a nivel nacional es una puerta a los negociados con la salud en el sistema universitario. Ya Ávila había sido propuesto por el Ministro de Educación Bullrich como Secretario de Políticas Universitarias al inicio de este gobierno, y el rechazo contundente de la comunidad universitaria lo impidió.
También han salido a la luz pública la utilización de las Universidades para tercerizar la contratación de trabajadores en otras dependencias del Estado. Escandaloso ha sido el caso de la UTN, ”elegida” para derivar más de 4.000 millones de pesos a Yacimientos Carboníferos Fiscales en Santa Cruz.
Durante 19 años la Universidad Nacional de Tucumán fue socia privilegiada de la megaminería contaminante de la Alumbrera (YMAD). Con esas “rentas” se financiaron obras (muchas inconclusas) con sobreprecios a tal nivel que el ex rector Cerisola está imputado por la justicia federal.
Los negocios audiovisuales nos llenaron de estupor a todos cuando se supo que la Universidad Nacional de San Martín pagó $36 millones a la actriz Andrea del Boca para realizar una novela.
También hemos denunciado junto a nuestro gremio ARDU tanto en la justicia como en la Oficina Anticorrupción, los manejos fraudulentos del ex rector de la UNLaR – hoy fallecido – Enrique Tello Roldán, por más de 60 millones de dólares, a raíz de lo cual fue cesanteada toda la Comisión Directiva del gremio. A Tello Roldán, sin embargo, no lo sacó ni la justicia ni los gobiernos que pasaron en 20 años, sino que lo hizo la Toma de la UNLaR y la movilización de toda la comunidad universitaria en 2013.
Las Universidades son un botín disputado por los sectores dominantes, no sólo por intereses económicos de manejar de acuerdo a sus intereses y con sus negocios el presupuesto y la estructura universitaria, sino además para orientar la formación e investigación en función del modelo de país que pretenden imponer. Desde los gobiernos se utiliza la distribución presupuestaria arbitraria para subordinar a la Universidad para estos fines.
La todavía vigente Ley de Educación Superior es la base legal que potencia esta verdadera apropiación de la Universidad. Es la Ley que permite que los sueldos de las autoridades universitarias se definan en cada universidad “con autonomía” y hoy implica que hay rectores, decanos y funcionarios con sueldos de “empresarios”.
Es la Ley que estimuló la utilización de los denominados fondos propios, originados en convenios con empresas, ventas de servicios, incluso aranceles de diversas funciones universitarias constituyendo verdaderos “presupuestos paralelos” al del Estado.
Es la ley que promueve la concentración del poder y la constitución de verdaderas camarillas en muchas Universidades, en las cuales cooptan el cogobierno de los claustros y lo convierten sólo en una figura decorativa.
Por ello exigimos la inmediata derogación de la Ley de Educación Superior, que al mercantilizar la Universidad pública es la madre de todos los negocios y negociados.
Rechazamos la distribución arbitraria del presupuesto basada en el sistema de amigos y enemigos, como volvió a expresarse este año, y exigimos no sólo aumento del presupuesto sino una distribución equitativa y ejecución transparente, garantizando sean auditadas por todos los claustros democráticamente».
Fuente: www.conaduhistorica.org.ar