La del Centro Gallego, la de sus trabajadoras y trabajadores, es una historia de lucha sindical y desprecio patronal que continúa sin solución: vaciamiento, gerenciamiento privado, estafa a sus trabajadores y a sus afiliados, una burocracia sindical que entrega laburantes, un Estado ausente y una justicia miope.
* Por Matías Levin
El Centro Gallego es un centro de salud
encuadrado como mutual que se encuentra intervenido por el INAES
(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) desde
octubre de 2012.
La política de dicha intervención implicó su
vaciamiento, recortes presupuestarios, incumplimiento de pagos y
salarios adeudados para los trabajadores que continuaron en sus
puestos de trabajo. Hecho que confluyó en una reducción drástica
del personal y la pauperización de la atención a los afiliados y
pacientes.
En
ese contexto, se llevó adelante una elección de delegados y
delegadas del Sindicato de la Salud de CTAA, quienes asumieron su
mandato en el momento en que entró en funciones la nueva gerencia,
luego de la asamblea de afiliados donde se votó que terminara la
intervención del mencionado Instituto.
Lo cierto es que en una reunión de
asociados a la que nadie más tuvo acceso, se aprobó el
gerenciamiento a cargo del grupo BASA Salud, empresa perteneciente al
Grupo Olmos, que entre otros emprendimientos maneja el Grupo Crónica
de medios de comunicación. Razón por la cual no se conoce
acabadamente el tema entre la opinión pública. La medida, además,
no solo implicaría el gerenciamiento del Centro Gallego sino la
posibilidad de su venta a dicho grupo empresarial en un tiempo
estimado de 5 años.
Hoy por hoy, la intervención de INAES
continúa: siguen los mismos funcionarios desempeñando sus funciones
habituales, pero al parecer prestando servicios a BASA Salud. Las
autoridades electas no tomaron posesión del cargo y el grupo
empresarial ya controla y administra el Centro Gallego en su
totalidad.
La política de BASA Salud fue
despedir trabajadores esgrimiendo causas falsas, llevar adelante una
clara persecución sindical a quienes se organizaran y reclamaran,
modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, extorsionar a
cambio de pagar los salarios adeudados, violar varias de la leyes
laborales vigentes y continuar prestando servicios de pésima calidad
a los afiliados.
No obstante, el Grupo Olmos (dueños de BASA
Salud) incurrió en despidos de carácter disciplinatorio, mientras
que en paralelo tomó otros trabajadores con el único fin de reducir
sueldos, maximizar ganancias y ahorrarse cuestionamientos de
carácter sindical, ya que delegadas del Sindicato de la Salud,
nucleado en CTAA Capital, fueron despedidas en varias oportunidades,
en una clara actitud de persecución gremial a lo largo de todas las
administraciones del Centro Gallego.
Consultada sobre la
situación del Centro Gallego, Hebe Nelli, secretaria Gremial de la
Central porteña explicó: “Desde la CTAA Capital venimos
acompañando todo el proceso de organización de los trabajadores y
trabajadoras de Centro Gallego en resistencia a estas políticas de
ajuste. La semana pasada nos movilizamos hasta sus puertas, hemos ido
al Juzgado 54 -donde se encuentra la intervención- se fijó una
audiencia con el Juez para que explique por qué permite que la
situación descripta siga sucediendo siendo él quien tiene
responsabilidad sobre la misma.”
“Además, iremos al INAES, como responsables directos de la intervención y también le iremos a pedir las explicaciones del caso al grupo Basa. Exigiremos nuevamente al Ministerio de Trabajo que se pronuncie y expida sobre la intervención, y sobre todo acompañaremos como siempre a los trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Salud en el reclamo de sus derechos. Iremos a tocar todas las puertas necesarias para que se reinstale a los compañeros en sus puestos de trabajo en las condiciones que corresponden por ley, que se les pague en tiempo y forma sus salarios y que se liquiden los sueldos adeudados”, agregó la compañera Nelli.
Raúl Olmos, CEO del Grupo que tomó
el gerenciamiento del Centro Gallego, plantea que la decisión
política del grupo es llevar adelante este proyecto a como de lugar:
plantean que así convertirán al Centro Gallego en la mejor clínica
modelo del país, pero lo cierto es que ninguna clínica “es” sin
sus trabajadores y trabajadoras, y mucho menos si no tiene las
condiciones elementales para ejercer sus tareas.
Desde la CTAA afirmamos que inventar un
boicot sindical y echarle la culpa a los trabajadores que durante un
año y medio mantuvieron a flote la institución, sin cobrar sus
salarios e incluso le salvaron la vida a muchos afiliados, resulta
por lo menos cínico. Sobre todo justo cuando
están a las
puertas de alcanzar el objetivo de semejante lucha: tener un trabajo
digno.
A Nelly Jaldín,
Licenciada en Enfermería, trabajadora del área de Terapia Intensiva
de adultos del Centro Gallego, la informaron de su
“desafectación del cargo” dos agentes de la seguridad privada
del centro de salud, mientras higienizaba a un paciente infectado con
una bacteria intra hospitalaria, producto de la desidia del grupo
Basa. Increpada para que de inmediato cesara su labor y se retirara,
Nelly fue obligada a dejar a su paciente sucio, mojado y desnudo,
bajo la amenaza de ser evacuada del nosocomio por la fuerza.
“Este gerenciamiento de los
hermanos Olmos – contó Jaldín- asumió en mayo de 2019 y lo
primero que hizo fue convocar a todo el personal y decirnos que se
iban a hacer cargo de los 19 sueldos que se nos adeudaban. Lo dijo y
todos lo escuchamos. Ahora, cuando hicimos el reclamo legal, ellos
mismos y por escrito adujeron que no reconocían ninguna deuda.”
“Cuando tomaron el gerenciamiento
los trabajadores vimos muchas falencias y la implementación de un
método diferente al que veníamos teniendo bajo convenio colectivo
de trabajo: aumentaron la carga horaria; cambiaron a trabajadoras de
funciones, de oficinistas a mucamas, por ejemplo; faltaban insumos en
enfermería y limpieza, entre otras cosas. A raíz de esto, desde el
Sindicato se hicieron las denuncias formales: enviamos cartas que
jamás fueron contestadas, pedimos entrevistas con las autoridades,
pero tampoco tuvimos respuesta, y finalmente enviamos cartas
documento para lograr una reunión donde se pudiera llegar a una
solución del conflicto”, relató la compañera despedida.
En cuanto a los despidos ordenados
por el Grupo Basa la compañera Jalín expresó: “Consideramos que
éstos son despidos masivos: de la plantilla de 320 empleados que
pasamos del Centro Gallego al Grupo Basa, hoy no llegamos ni a 200
personas. Están despidiendo de a cinco a diez personas por semana,
desde administrativos a enfermeras, médicos y kinesiólogos, y lo
peor de todo, con causas inventadas que hacen que no tengan derecho
siquiera a una indemnización después de haber estado 19 meses sin
cobrar y en algunos casos con toda una vida trabajando allí.”
