Esta tarde la CTA Autónoma junto a representantes de la CTA de los Trabajadores y de la CGT se movilizaron a la embajada de Perú en Buenos Aires para reclamar por la crítica situación que se vive en Perú tras el golpe de Estado al Presidente Castillo. Las centrales entregaron una nota conjunta al embajador Peter Camino Cannock.
La movilización se da en el marco del Paro Nacional Cívico Popular que realizan en Perú tras haberse cumplido más de 40 días del golpe de Estado al presidente Pedro Castillo y ante una avanzada represiva que lleva 50 muertes y cientos de heridos en violentas represiones.
De la actividad participaron de dirigentes de las tres centrales. Al respecto Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, expresó a los medios: “La constitución fujimorista limita fuertemente la capacidad de los gobernantes, y en ese país existe un congreso controlado por las fuerzas fujimaristas condicionando a Pedro Castillo en el ejercicio constitucional para el que fue elegido. Obviamente las fuerzas reaccionarias fujimoristas con el aval de EEUU ordenaron el golpe en Peru y la detención del presidente, y por eso estamos reclamando que se dé marcha atrás con ese golpe, se libere a Pedro Castillo y se restituyan todos los derechos constitucionales en el país”.
Tras presentar el documento al embajador, Godoy agregó: «Cuando atacan al pueblo peruano o a cualquier pueblo latinoamericano con golpe de estado y con muerte, nos atacan a todos y a todas. Por eso con solidaridad y unidos estamos hoy aquí, con las más diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de la comunidad peruana en nuestro país para que este acto sea un acto masivo, que muestra la voluntad de unidad para derrotar cualquier intento de golpe de estado, como lo conseguimos en Bolivia. Del mismo modo estamos seguros lo conseguirá el pueblo peruano para restituir al presidente Pedro Castillo a sus responsabilidades democráticas de gobierno para alentar y promover una reforma constitucional en ese país, que refuerce la democracia y el poder del pueblo, y limite las intromisiones oligárquicas y de los Estados Unidos».
Por su parte Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales, agregó: «El pueblo peruano sigue en las calles para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones para el 2023 y una nueva Constitución. Por eso hoy las tres centrales sindicales argentinas los abrazamos en esta lucha por la democracia. El movimiento sindical internacional no tolerará la criminalización de la protesta y el asesinato como método para acallar los derechos del pueblo. Ejerceremos la solidaridad y el internacionalismo de clase donde haga falta».
Carta al Embajador Peter Camino Cannock
En el marco de la marcha, los representantes del movimiento sindical en Argentina entregaron una carta firmada por Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTAA; Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA T y Gerardo Martinez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. A continuación el texto del pronunciamiento.
Acompañadas por los peruanos y peruanas radicados en este país, trabajadores afiliados/as en nuestras organizaciones, que firman al pie de este documento, una vez más expresan su profunda preocupación por la crítica situación del ESTADO DE DERECHO en el hermano país de Perú, se solidarizan y acompañan al pueblo peruano, agredido por el ilegítimo gobierno de Dina Baluarte.
Se han cumplido más de 40 días desde que fuera quebrado el orden constitucional, tras su interrupción forzosa el 07 de diciembre de 2022 por una decisión ilegítima del Congreso Nacional al declarar la vacancia del presidente legítimo Pedro Castillo.
Frente a este hecho, el pueblo peruano ha salido a protestar legítimamente, manifestando su voz y exigiendo la restitución del Presidente Pedro Castillo, quien legítimamente representa la voluntad popular expresada de forma democrática en las urnas. Como repuesta, el nuevo gobierno ha instaurado el Estado de Emergencia, desplegando a las fuerzas armadas en las calles y extendiendo las atribuciones de las fuerzas policiales para actuar contra la población civil, hechos que nos retrotraen a los momentos más obscuros de la historia de nuestra Patria Grande.
La consecuencia trágica y repudiable de esta medida se encarna en las más de 50 víctimas fatales, entre las que se cuentan menores de edad, y centenares de personas heridas, resultado entre otros factores del uso de munición letal durante la represión a las protestas.
Así también, se ha iniciado una persecución contra dirigentes políticos, sindicales, periodistas y comunicadores de la prensa alternativa; se ha suprimido el derecho a la libertad de circulación y de reunión de la ciudadanía, y se han registrado agresiones por parte de las fuerzas de seguridad contra personal sanitario que se hallaba socorriendo a civiles heridos. Nos hacemos eco del posicionamiento emitido por la Defensoría del Pueblo de su país, que expresó que este tipo de prácticas están fuera del marco legal.
Dada esta situación de persecución y violencia contra los pueblos olvidados del interior, reafirmamos que el derecho a la protesta, la libertad de expresión y pensamiento no son ni pueden ser sinónimo de terrorismo y sedición, sino que conforman un derecho humano fundamental que como tal debe ser garantizado siempre por todo gobierno.
Esta violenta represión estatal tiene como resultado múltiples asesinatos, violación a los derechos humanos, detenciones arbitrarias de manifestantes, abusos sexuales y persecución a dirigentes sociales y sindicales, con la finalidad de darle ficticia estabilidad al gobierno que asumieron en alianza el 7 de diciembre.
Por lo expuesto, es indiscutible que no existe en estos momentos en el Perú garantías para la vida de los ciudadanos, como tampoco seguridad jurídica; ni garantías de debido proceso parlamentario, fiscal o judicial para quienes se oponen a estas medidas antidemocráticas que no respetan la voluntad popular. Nos preocupa especialmente que no se ofrezcan garantías a quienes en su justo derecho humano y ciudadano opten por participar del próximo paro nacional convocado para el 19 de enero. Motivo por el cual, solicitamos como hermanos de la Patria Grande y veedores de la democracia en nuestra región, haga llegar a través de la Cancillería nuestra preocupación y el pedido de detener la ola de violencia que ya ha producido numerosas muertes y daños que se vienen produciendo por acción de las fuerzas policiales al servicio del gobierno de facto que en 40 días ya ha dejado detrás 50 muertos y cientos de heridos. Además de las vidas interrumpidas, lo que está en juego es el propio tejido social e institucional del pueblo peruano en su conjunto.
Desde las Centrales Sindicales de la Argentina nos solidarizamos con los reclamos del pueblo de Perú, para que el gobierno interino convoque de forma urgente a una asamblea constituyente y a elecciones generales para restablecer la institucionalidad democrática.
Exigimos el respeto al ejercicio de los derechos de huelga y libertad sindical, como así también a la protesta social pacífica. Condenamos el uso de la represión y la violencia armada por parte de las fuerzas de seguridad. Igualmente, nos unimos a la preocupación de varios gobiernos de la región por la integridad física y la libertad del presidente Pedro Castillo.
Por último, apoyamos el llamado a un PARO NACIONAL CÍVICO POPULAR convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y La Asamblea Nacional de los Pueblos de Perú para este 19 de enero.
La fuerza del pueblo organizado y los trabajadores es crucial para conseguir la auténtica paz y un camino hacia la restauración de la democracia en Perú.
Fuente: CTA Autónoma