Nuestro país prepara su sistema de salud para recibir la peor etapa de la pandemia, estimada para el invierno. Debe reconocerse como una acertada decisión política por parte del Gobierno Nacional la implementación de la cuarentena obligatoria, que estaría permitiendo disminuir el riesgo de contagios y disponer de mayor tiempo para actuar eficazmente ante el escenario sanitario que se viene.
* Por Equipo Gremial CTAA Capital
Al igual que en el resto del mundo, los efectos de la cuarentena han repercutido negativamente en la economía nacional, profundizando así la grave crisis social que se arrastraba desde el gobierno de Mauricio Macri y se estima que esto se mantendrá por un tiempo en la Argentina post-cuarentena. Para los sectores del poder dominante, existiría un dilema entre asegurar la salud de la población o reactivar paulatinamente el aparato productivo. Sin embargo, esta polarización se encuentra muy forzada ya que nuestro país dispone de los recursos necesarios para cumplir con ambas metas.
Lo que se esconde detrás de dicho dilema no es más que la histórica puja entre el capital y el trabajo por la distribución de la riqueza. La presión que recibe el Gobierno para flexibilizar o levantar la cuarentena proviene desde dos direcciones bien distintas, en forma de pinza. Por un lado las cámaras empresariales, los medios de comunicación hegemónicos que responden a ellas y sus representantes político-partidarios presionan para que los trabajadores vuelvan a sus puestos para producir y evitar así una caída en los niveles de ganancias que traían antes de la pandemia. El levantamiento de la cuarentena para aquellos sectores productivos característicos del modelo extractivo es un claro ejemplo. En el otro extremo de la pinza se encuentran los millones de trabajadores y trabajadoras precarizados de nuestro país que deben ganarse el peso día a día y que -a pesar de no quererlo- se ven obligados a romper la cuarentena por la necesidad de llevar el pan a sus hogares ya que la asistencia social por parte del Estado sigue siendo insuficiente. No sólo corren peligro ante un posible contagio de COVID-19, sino que se exponen a la violencia institucional por parte del aparato represivo estatal que ha ocupado el espacio público.
A pesar del DNU 329/2020 que prohibe por 60 días los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, así como las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, los casos siguen dándose diariamente y ya totalizan más de 13.000 en todo el país. A esto se le suman reducciones salariales (42% promedio) acordadas o no, postergaciones de pago de salarios, quita de presentismo, premios, horas extras, entre otros, lo cual afecta a un universo de alrededor de 300.000 trabajadores, según datos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Estos datos son aún más graves para el universo de trabajadores que no se encuentra regido por los Convenios Colectivos de Trabajo. La modalidad de teletrabajo que algunas empresas han adoptado, en muchos casos no cumple las condiciones mínimas establecidas para su puesta en práctica, al mismo tiempo que obliga a los trabajadores a estar disponibles “full time” excediéndose de sus horarios laborales. Crecen diariamente las denuncias ante la falta de cumplimiento por parte de las patronales de los protocolos de seguridad e higiene allí donde se reactiva la producción. Todo esto eleva una señal de alarma ante la propuesta de seguir levantando la cuarentena para nuevas actividades económicas, teniendo en cuenta la casi nula capacidad de control que dispone el Estado para hacer cumplir los protocolos.
Tal como venía dándose durante el gobierno macrista, la burocracia sindical no sólo hace la vista gorda ante esta vulneración de derechos, sino que directamente actúa más bien como defensora de las grandes patronales firmando acuerdos de reducciones salariales de hasta un 50% y garantizándole así las ganancias a las petroleras, las automotrices, las cadenas hoteleras, las cadenas de comida rápida o las metalúrgicas, como Techint. El nivel de desprotección de los trabajadores es alarmante. Esto reafirma nuestra lectura de finales de 2019, cuando señalábamos que el unicato sindical y el pacto social eran perjudiciales para la correcta defensa de los derechos laborales. En este marco, se debe definir también como esencial a la actividad sindical, de manera que los delegados puedan ejercer su rol les toque o no volver a sus puestos de trabajo.
Es necesario pensar en la Argentina que se viene. Para ello, la reactivación económica es imprescindible. La cuestión radicará sobre las formas en que se lleve a cabo: los sectores concentrados de la economía impulsarán la devaluación, el ajuste del gasto público y la reforma laboral, ya sea explícita o por medio de aumentar los acuerdos con la burocracia sindical señalados anteriormente. Sostenemos que hay que discutir la riqueza, tanto en su generación como en su distribución. Por eso, la inyección de recursos a la clase trabajadora es estratégica para poner en funcionamiento los engranajes de la industria a través de la demanda. Dichos recursos económicos están -siempre estuvieron-, sólo que los mantienen cautivos los mismos privilegiados de siempre y es a ellos a quienes hay que sacárselos. La crisis no la puede pagar el pueblo trabajador y la salud es un derecho, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.
La cuarentena ha dejado a la luz varias cuestiones relacionadas al mundo del trabajo. En primer lugar, que lo verdaderamente “esencial” somos los trabajadores ya que sin nosotros no se produce riqueza alguna. Luego, que la precarización laboral está encarnada en nuestro modelo productivo -y éste se alimenta de ella- y por eso muchos de los trabajadores esenciales somos también víctimas de esa precarización. Por último, que hay sectores con mucho poder que ya se están preparando para descargar el ajuste contra la clase trabajadora y por eso es necesario organizarnos también.
El desarrollo gremial en tiempos de pandemia
Ante este escenario, desde el Equipo Gremial de la CTA Capital hemos decidido darnos una política activa para establecer contacto con aquellos trabajadores y trabajadoras que vean vulnerados sus derechos, entendiendo que estamos limitadxs pero no inmóviles y que existen recursos y decisión política para organizarnos y acompañar conflictos. En esta línea, se realizan informes periódicos de situación junto a los sindicatos privados y las organizaciones territoriales que integran la Central y -en conjunto con las Secretarías de Salud Laboral y de Seguridad e Higiene- se elaboraron Protocolos para el trabajo en Oficinas, para la Atención al Público, para las labores de Maestranza, para el Teletrabajo, para el Trabajo en la Vía Pública y una sobre Precauciones Mínimas en los Espacios Laborales. En paralelo a esto, se creó un ámbito especial para abordar los diversos problemas gremiales y organizativos que están surgiendo en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, para lo cual se dispuso generó un mail de contacto (gremial.ctacapital@gmail.com) acompañado de una amplia campaña de difusión.
Desde la constitución de este ámbito especial de trabajo, hemos abordado varias consultas sobre despidos, suspensiones, impago de haberes, no otorgamiento de licencias especiales en el marco de la cuarentena o el incumplimiento de la misma o la no provisión de elementos de bioseguridad. Sin embargo, lo fundamental es que pensamos, junto a lxs trabajadores, las diversas acciones gremiales y estrategias políticas, jurídicas y/o administrativas que puedan llevarse adelante en cada caso.
Lo esencial no sólo es trabajar, si no también organizarnos para defender nuestros derechos. Necesitamos ser muchos más quienes estemos organizados y preparadxs para esta nueva etapa de la disputa entre el capital y el trabajo. Por eso, hoy más que nunca, el Equipo Gremial de la CTA-A Capital sigue y acompaña a lxs trabajadores que estén dispuestos a dar la disputa en esta lucha, que no es más que la lucha de clases. Reafirmamos que ningún trabajador se salva solo.