Ante el debate de un posible cambio en la Ley de Alquileres, el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs señala la necesidad de aplicar políticas para resolver la crisis habitacional. Regular viviendas ociosas, créditos hipotecarios accesibles y alquiler estatal, entre las principales soluciones.
Por Redacción Canal Abierto
La ley de alquileres sigue debatiéndose aún después de sancionada. El primer año de vigencia dejó como resultado una contracción de la oferta y un aumento de los precios muy por encima del porcentaje de inflación. En este marco, los propietarios piden reducir el plazo de contratos.
Ante esta situación, la Secretaria de Comercio Interior informó la creación de una mesa de diálogo para abrir la discusión por cambios en la nueva ley. La misma estaría integrada por el Estado, los inquilinos, los propietarios y las inmobiliarias con el objetivo de analizar la oferta inmobiliaria tomando en consideración a todos los actores, y comenzar a elaborar una solución.
En este sentido, habiendo establecido reuniones con las partes, Felleti no descartó la posibilidad de aplicar regulaciones sobre viviendas ociosas como parte del paquete de medidas.
Con respecto a la escasez de oferta inmobiliaria, el secretario de Comercio Interior sostuvo: “El mercado no asigna bien los recursos. Actualmente, el propietario no obtiene del alquiler la renta que podría tener por el capital que compromete, y el ingreso medio de los inquilinos no permite retribuir la renta que el propietario espera”.
Desde el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CODIP-CTA) dijeron sobre esto: “Antes que debatir una nueva ley de alquileres, habría que hacer un balance sobre la capacidad del Estado para lograr su plena aplicación y para regular el mercado inmobiliario. Las modificaciones que se plantean en estos tiempos son las demandas del mercado y no las necesidades de la población inquilina. Por ejemplo, reducir el plazo de alquiler otorga menos estabilidad a quienes alquilamos y mayor capacidad de presión a los propietarios. No se tiene en cuenta el desgaste económico y emocional que sufren los inquilinos obligados a tener que mudarse cada dos años”.
Asimismo, agregaron: “Más allá de los salvajes incrementos que se están dando últimamente, modificar el índice de aumentos pero no discutir realmente el establecimiento de topes mínimos y máximos a los valores de los alquileres es también atender a una demanda de los propietarios, porque se puede cambiar el índice pero si los dueños van a exigir $45.000 por un departamento de 40 mt2, no hay bolsillo de trabajador que aguante”.
Felleti explicó que el objetivo de la cartera hoy es ver de qué manera ampliar la oferta. Para eso se creó la mesa de diálogo, en donde participan los diferentes protagonistas del conflicto con el fin de intercambiar perspectivas y posibles soluciones sostenibles en el tiempo, y afirman que la preocupación central son los inquilinos.
Al respecto, desde CODIP-CTA, replicaron: “El problema principal es que el Estado no define qué enfoque va a tomar para esta discusión. Se proponen mesas de trabajo en donde se sientan inquilinos y representantes del mercado inmobiliario. Los primeros están obligados a pagar mensualmente para tener un techo y no quedar en la calle, mientras que los segundos discuten sobre rentabilidad en dólares desde una lógica donde la vivienda es meramente una inversión para obtener una renta. Entonces queda claro que hay intereses opuestos, porque garantizar el derecho a un techo digno de los primeros se choca con las aspiraciones económicas de los segundos”.
Además, aseveraron: “Debemos correr el eje de discusión. Nosotros sostenemos la necesidad de aplicar políticas estatales para resolver la crisis habitacional. En principio, regular las viviendas ociosas a través de impuestos y expropiaciones en casos donde sea necesario. También lanzar un gran programa de créditos hipotecarios accesibles para la clase trabajadora. Por otro lado, implementar políticas de alquiler estatal, recurriendo -entre otros- a los inmuebles de las herencias vacantes”.
La regulación de viviendas ociosas por parte del Estado es una experiencia que en otros países ha resultado una solución para el problema habitacional. Ejemplo de esto es Berlín, que en septiembre de 2021 aprobó un referéndum para la expropiación de 240.000 viviendas para que el Estado pueda regular el mercado inmobiliario, un sector altamente concentrado donde reina la especulación, y así bajar el precio de los alquileres.
Por su parte, España sancionó recientemente la Ley de Vivienda que incluye medidas que apuntan a controlar los precios de los alquileres. Por un lado, los topes a las rentas se establecerán en las “zonas tensionadas” para lo que el Ejecutivo estableció un plazo de 18 meses para fijar su limitación desde la entrada en vigencia de la ley, una vez que se apruebe en el Parlamento. También, los municipios podrán aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de hasta el 150% para sacar esa propiedad al mercado para su alquiler o venta. La ley a su vez contempla bonificaciones fiscales de hasta el 90% para los propietarios de viviendas que rebajen los precios de los alquileres.
“Si se pretende discutir la política habitacional, hay que terminar con la fantasía de que el mercado puede regularse solo. Las consecuencias de la especulación inmobiliaria se agravan día a día y dan una imagen de la urgencia con que deben tomarse cartas en el asunto. Este debate no puede darse sólo en torno a la Ley de Alquileres, sino que debe ser integral. El derecho a la vivienda es un derecho humano y en este caso, debe prevalecer por sobre los demás”, sentenciaron desde Inquilinxs Porteñxs.