En esta entrevista colaborativa, la expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, denuncia las consecuencias del golpe de Estado, analiza el rol de la transnacional Tesla detrás del derrocamiento de Evo Morales y acusa al régimen de facto por corrupción en el combate a la pandemia
Por Leonardo Wexell*, Mariano Vázquez**, Nicolás Honigesz*** y Raphael Sanz****| La destacada líder juvenil del Movimiento Al Socialismo señala que con Luis Arce y David Choquehuanca, el MAS cumple con todas las condiciones para ganar las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre, porque los bolivianos “saben lo que tenían y cuánto sufrieron en estos nueve meses de gobierno”. Y asevera:“Cometimos errores, pero seguimos siendo lo mejor que ha pasado en la historia de nuestro país”.
Según el recuento oficial, hay unos 4.500 muertos por coronavirus para un país de poco más de 11 millones de habitantes. Pero según un artículo de The New York Times, con datos del Registro Civil de Bolivia, las cifras pueden cuadriplicarse, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez por tales cifras?
– La pandemia y la crisis de salud no hacen más que resaltar y profundizar las características de un gobierno que no es fruto de la voluntad popular, sino de un golpe. Es un gobierno que surge de la improvisación. Y el problema es que si la improvisación, en tiempos normales, puede cobrar una factura política, en tiempos de crisis sanitaria cobra una factura que implica muchas vidas humanas. En cifras oficiales ya hay más de 4.500 muertos, muertes que ni siquiera se contaban hasta hace poco. El primer caso de coronavirus apareció el 10 de marzo, pero solo el 6 de agosto, cinco meses después, el gobierno anunció que distribuiría 150.000 kits de medicamentos de brigadas médicas. Ha habido casos de corrupción que han manchado la administración de la crisis sanitaria. Hay inestabilidad en la gestión que acompañó a los nueve meses de gobierno: tres ministros de salud diferentes, dos ministros de economía, dos ministros de planificación. Hay tensión y una crisis permanente en un gabinete que no tiene posibilidades reales de enfrentar al COVID-19. El golpe de Estado le está pasando factura a los bolivianos. No hay planificación, no asumen sus responsabilidades y la traspasan a los gobiernos locales, por eso faltan medicamentos, falta la gestión pública y ahora, finalmente, aparecen actos de corrupción.
Volviendo a los primeros días del golpe, la presión militar, los medios de comunicación y la violencia, la usurpación del Palacio de Gobierno, ¿cómo valora la decisión de renunciar a la presidencia del Senado? Hoy en día, viendo cuáles fueron las consecuencias, ¿cree que estuvo bien?
-Es importante entender que el golpe no fue solo contra Evo Morales y Álvaro García Linera, sino contra todo un proyecto político. Cuando vemos que a la hermana de Evo, recientemente fallecida, le quemaron la casa; que Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, fue secuestrada y torturada durante horas, que le cortaron el cabello y fue obligada a caminar descalza en medio de turbas; o que por ejemplo la hermana de Víctor Borda, que era el presidente de la Cámara de Diputados, el cuarto en la línea de sucesión, fue secuestrada y le quemaron la casa. Eso obligó a mi renuncia. La decisión que tomamos se tomó de forma orgánica, no fue una decisión espontánea ni individual, y fue tomando en cuenta estos elementos.
La “solicitud” de renuncia de las Fuerzas Armadas fue el golpe definitivo a una construcción desde la cual se intentó legitimar el golpe, con la participación de algunos ciudadanos, que derivó en estos hechos fascistas. La renuncia a la presidencia del Senado fue una decisión que tomamos junto a los compañeros Evo Morales y Álvaro García Linera, porque fue un golpe de Estado contra un proyecto político. Mucha gente cree que realmente podría haber gobernado el país, pero eso era imposible. Ante la falta de garantías, tomamos esta decisión. Si hubiera asumido la presidencia habría terminado con el baño de sangre que buscaba la oposición en ese momento para sostener su golpe. Si me pregunta ahora, mirando atrás, si la renuncia fue la mejor decisión, no sé si fue la mejor o la peor, pero estoy seguro de que no hubo alternativas ni garantías para asumir el mando presidencial.
Ya han sido pospuestas las elecciones en tres oportunidades, hay maniobras de proscripción contra el MAS, ataques a la fórmula presidencial. El gobierno de facto garantizó a la OEA como veedor de las elecciones, cuya organización fue responsable directa del golpe con un informe sesgado, ¿cómo se puede contrarrestar esa presencia nociva desde el ámbito internacional?
– Lo primero es entender cuál fue el rol de este organismo en el golpe, cuáles fueron los autores. Hay una compañera politóloga, Helena Argirakis, que está desarrollando las fases que tuvo el golpe de Estado y sitúa como una de las primeras la construcción del relato del fraude, la operación en la que participa la Organización de Estados Americanos y confluyen los grandes medios de comunicación. La otra fase es la civil, que es la que le da, en teoría, la legitimidad de la participación ciudadana en el golpe de Estado, hay también una fase policial, otra fase militar, finalmente en el parlamento y después el ejercicio de la violencia desde el Estado para contener la resistencia de los movimientos sociales. Es importante entender cuál fue la participación de la OEA y las denuncias que se realizaban en otras ocasiones en torno a la imposibilidad de construir una agenda cierta de integración latinoamericana en la medida en que se mantenía el tutelaje norteamericano en los espacios de integración.
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Luis Arce y David Choquehuanca, candidatos del MAS a la presidencia y vicepresidente de Bolivia, conversaron con nosotros y destacaron el rol del Estado en el desarrollo, fortaleciendo la inversión pública, asegurando recursos para impulsar la educación, la ciencia y la tecnología, y en ese punto, la relevancia del litio. En este contexto, ¿cómo ve la declaración de Elon Musk de Tesla de que golpearán a quien quieran?
-Es obvio que afectamos los intereses geopolíticos. Tesla [Elon Musk] posee 76 mil millones de dólares en activos y el Producto Interno Bruto de Bolivia es de 42,5 mil millones de dólares. Estamos diciendo que el propietario de Tesla tiene en sus cuentas bancarias aproximadamente 34 mil millones de dólares más que todos los recursos económicos que utilizamos en nuestro país. Eso quiere decir, de una manera sencilla, que este hombre tiene casi dos Bolivias en sus cuentas bancarias. Pues bien, este pequeño país decidió ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales. En 2018 había llegado a un acuerdo con la empresa alemana Acisa (ACI Systems Alemania), que había sido el principal proveedor de baterías para vehículos eléctricos, precisamente la mayor empresa la dirige el dueño de Tesla, una transnacional de capital norteamericano. Pero como ninguno de estos procesos garantizaba la transferencia de tecnología y la soberanía en el desarrollo e industrialización del litio, decidimos que íbamos a firmar un acuerdo con China que implicaba una inversión de 2.300 millones de dólares para industrializarlo. A principios de 2019, cuando se produce la firma del acuerdo, el embajador chino dice: este es un día histórico porque a partir de ahora China se convertirá en el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo y Bolivia tendrá garantizado un mercado para los próximos 50 años. Entonces la gente se da cuenta de cómo se habían visto afectados los intereses de las grandes transnacionales, los intereses estadounidenses y por qué, con tanta arbitrariedad, el propietario de Tesla reconoce su participación en el golpe.
Para un país como el nuestro, con un PIB tan pequeño, el ejercicio de su soberanía fue imperdonable, la rebelión de nuestro pueblo, nuestro proceso, nuestro gobierno, que decidió industrializar sus recursos naturales de manera soberana, imperdonable. Y enfrentando Intereses estadounidenses y transnacionales. De ahí uno de los motivos del golpe. No fue casualidad que Evo Morales expulsara al embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008. Afectamos los intereses de las burguesías locales que eran la correa de transmisión de las grandes transnacionales, cuando decidimos recuperar la propiedad de los hidrocarburos o cuando impusimos un límite a la propiedad de la tierra.
Si vuelve la democracia y el MAS llega al gobierno, ¿qué errores cree que no se podrían volver a cometer?
-Claro que cometimos errores, pero también tuvimos grandes aciertos. La gente, en nueve meses de gobierno de Áñez, ya puede comparar. Perdimos compañeros en el camino, en un proceso que implicó encarcelamiento, persecución política y asesinatos. Tuvimos un aprendizaje duro, en un período muy corto. Nuestra primera debilidad fue la burocratización, que los movimientos sociales en su crítica llamaron ‘desapego’, que no en la relación del presidente Evo con ellos, sino de los máximos dirigentes de las organizaciones sociales con las bases. Además, la conducta política recaía sobre un socio que tenía un rol específico en el gobierno, cuando la conducta política no debía estar desvinculada de la organización social.
Esta burocratización nos llevó a no tener la presencia activa de movimientos sociales en las calles. Porque la movilización activa, este proceso permanente de repensar y reconstruir el Estado todo el tiempo, dinámicamente, no es solo organizar manifestaciones una vez al mes.
Para nosotros no faltaron las concentraciones, ya que por una razón u otra siempre estuvimos activos. Dijimos: “somos un pueblo movilizado”. Bueno, la movilización social no termina aquí, debe ser fundamentalmente un proceso que contribuya a la transformación de la agenda del Estado, que se inició con la Asamblea Constituyente.
En esta burocratización también está el papel de los militantes, que no debemos dejarnos absorber por estas lógicas conservadoras, sino continuar este proceso de transformación, que debe implicar mayor participación, por ejemplo, una reestructuración de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Para que no sean las personas, sino las instituciones las que realmente sean capaces de construir servidores públicos al servicio del país.
Hace cinco años América Latina tenía una serie de gobiernos progresistas y hoy el panorama es desalentador: el surgimiento de una ultraderecha con características neofascistas, como en Brasil e incluso en Bolivia. ¿Cómo cree que se puede revertir esta situación, luego de tantos golpes exitosos en la región?
– Hay intereses geopolíticos de fondo y hay una emergencia de un elemento no menor que es el uso de la religión como la construcción de una identidad demográfica del poder, que es lo que enfrentamos en algunos países de Centroamérica, en Brasil y en Bolivia. El uso de los contrastes, lo campesino, lo indígena, lo originario, el uso de la wiphala versus lo que nos plantea la ultraderecha en Bolivia que es el uso de la religión, el uso de la Biblia entrando al Palacio (de Gobierno), el retorno a la República. Son construcciones de un imaginario que pretenden retornar a las épocas más oscuras que enfrentamos en nuestro país y que generaron grandes niveles de exclusión. En Bolivia nos damos cuenta que además del uso de la religión el proyecto que continua imponiéndose en los países que sufrimos la desestabilización y los golpes de Estado sigue siendo la reducción de la participación del Estado en la economía, en la salud, la educación, priorización de vínculo con el sector militar y empresarial, en contraposición del vínculo con los movimientos sociales. Es muy clara la ruta: gobiernos que profundizan las lógicas neoliberales, que utilizan lo religioso y lo simbólico para destruir la potencialidad de los procesos transformadores que vienen desde los movimientos indígenas, campesinos, originarios y, además, gobiernos que sean serviles a los intereses norteamericanos.
Hemos notado que en Brasil las noticias sobre Bolivia desaparecieron de los medios tradicionales durante el período de la pandemia. ¿Por qué cree que esto suceda y cuál sería su papel en el surgimiento de este tipo de conservadurismo en el continente? ¿Qué espera del futuro de Bolivia?
– El papel de los medios de comunicación fue clave para el acontecimiento de toda esta situación de la que venimos hablando desde el principio, cuando mencionamos las primeras fases de la construcción de la narrativa del fraude, legitimada a partir de operaciones de comunicación. Estas operaciones no solo se articularon en este caso, también lo vimos en 2016 cuando incluso le inventaron un hijo del presidente Evo para inducir la derrota electoral en un referéndum. Entonces ves que obviamente hay una articulación, una agenda para endulzar la información y hay, por supuesto, intereses comunes, entre las grandes corporaciones mediáticas que obedecen, reproducen y fortalecen los privilegios de las clases dominantes en nuestro país, y están a su lado. Es importante comprender esto a partir del surgimiento de las redes sociales y los mecanismos alternativos de información, que pueden llegar a todos los rincones con la construcción de estas otras verdades que se están conociendo.
Ahora, las elecciones no significan el fin de las tensiones sociales y políticas en el país. Hay una tensión mucho más profunda y esto se refiere a la radicalidad de nuestro proceso, que desafió y afectó diversos intereses, a nivel geopolítico y local, y creo que en esa medida continuarán las tensiones políticas. No habría tensiones si no hubiéramos impulsado estos procesos de transformación. Lo importante es que estas tensiones siempre se resuelven por medios democráticos. Como dijo el compañero Evo, recuperaremos la democracia no con la fuerza, sino con un pueblo consciente y conocedor de la importancia de conquistar derechos.
-Un último mensaje a los bolivianos que viven en Brasil y Argentina.
A nuestros compatriotas en el exterior: la patria siempre los está esperando, esta patria que ha sido entregada a estos tiranos, lucharemos para recuperarla, para seguir creciendo y avanzando juntos.
*Leonardo Wexell Severo (Hora do Povo, Brasil)
**Mariano Vázquez (Internacionales CTA Autónoma y Canal Abierto)
***Nicolás Honigesz (CTA-A Capital Federal)
****Raphael Sanz (Correio da Cidadania, Brasil)
