Murieron pibes otra vez, un nene de 7 años y otro de 10, según salió en los noticieros. Esta vez en un taller clandestino que se incendió en Flores, en la calle Páez al 700 cerca de otros talleres iguales a ese. Muertes sin costo político.
Por Clarisa Gambera, Secretaria de Acción Social CTA Capital. Integrante de Niñez y Territorio
Dormían en el sótano. Desde el lunes la luz estaba cortada por Edesur y entonces usaron velas.
La única abertura era un ventiluz de 40 x 40 tapiado por objetos. Los hermanos estaban al cuidado de sus tíos que quedaron internados como consecuencia del incendio.
Hace tiempo que contamos muertos. La muerte temprana de la infancia pobre. En talleres clandestinos en los que trabajan sus familias, en barrios precarios sin condiciones mínimas de habitabilidad en los que mamás y papás, abuelos/as y hermanos mayores resisten y han construido sus hogares. Niños/as muertos por balas de las fuerzas de seguridad o por balas de bandas que las fuerzas de seguridad no controlan o de las que son parte. En todos los casos hablamos de muertes violentas en contextos en los que los negocios valen más que las vidas.
En el barrio de Flores hay cientos de talleres ocultos que todos conocen. Los conocen los funcionarios de la Ciudad, los conocen en la comisaría del barrio, los conocen los empresarios, los conocen los dueños de las grandes marcas. También saben los vecinos y vecinas, sabemos quienes no somos del barrio, saben los migrantes y sus familias, saben los que trabajan en los medios, los referentes de organizaciones.
Cada tanto alguno arde y se traga la vida de algún trabajador o de algunos de sus hijos/as, entonces durante unos días se habla, se opina, se controla, se persigue. Así ocurrió en el 2006, el incedio entonces fue en la calle Luis Viale y los muertos fueron seis. Cuatro eran chicos de entre 3 y 15 años.
Desde la Alameda, ONG que viene denunciando el trabajo esclavo señalaron que habían radicado la denuncia en septiembre del año pasado de seis talleres en la misma cuadra, incluyendo el que se incendió, y que esas denuncias no prosperaron. Según las cifras que maneja la organización hay
3 mil talleres en la Ciudad de Buenos Aires y son 30 mil los talleres clandestinos en el Conurbano Bonaerense.
Los datos oficiales del sindicato de costureros dan cuenta de 30. 000 costureros registrados pero se estima que son 300.000 los trabajadores/as no registrados en el sector, un 90 % de trabajo sin registrar. Lo que está claro es que se trata de un enorme y rentable mercado.
En la Ciudad, la Subsecretaria del Trabajo es el organismo que debería actuar detectando talleres clandestinos y acudiendo ante las denuncias, no necesita orden judicial para librar actas pero no se habilitan los procedimientos administrativos vaciando así las funciones del organismo.
Ponerle palabras al dolor, volver la bronca acción colectiva
Eso se dijo ayer por la noche en una asamblea que se convocó durante el día de boca en boca y que tuvo lugar a partir de las 20 horas en la Casona de Flores. Vecinos/as, integrantes de organizaciones sociales, jóvenes autoconvocados en su mayoría de nacionalidad boliviana participaron durante casi tres horas de un espacio en el que se fue desarmando por capas las dimensiones que atraviesan el problema que “no es un problema boliviano, es un problema de formas de producción que no solo está en el taller textil, estamos ante formas de trabajo que existen porque abaratan la vida para todos en la Ciudad no solo para los migrantes”.
“Nunca se nos nombra como trabajadores costureros o talleristas porque la estrategia es ocultar nuestra condición de trabajadores”, la identidad de colectividad boliviana no hace más que esconder que hay empresarios de Bolivia, los hay de Argentina y coreanos que ganan más cuanto más explotados somos los trabajadores bolivianos, argentinos, paraguayos y de otros países.
La realidad es que según denuncian las entidades especializadas alrededor del 80 % de la ropa que se vende en la Ciudad de Buenos Aires pasa por talleres clandestinos donde las personas trabajan en condiciones de superexplotación. La industria textil funciona con este modelo de producción.
Un sistema que propone el consumo como forma de inclusión establece una estructura estratificada de consumo. Para los sectores de clase media empobrecida y los pobres la forma de inclusión entonces está dada por el consumo de productos baratos. Para los que pueden acceder a productos más caros, las grandes marcas, que tercerizan su producción en talleres ilegales con mano de obra barata, incluso esclava. Sin costos derivados de la producción, ni cargas laborales, sin pagar impuestos lo que les permite maximizar sus ganancias y desarrollar millonarias estrategias de publicidad y sobre todo con muy poco riesgo de que esos trabajadores/as logren organizarse.
Los talleres clandestinos abastecen La Salada, Once, Avellaneda y también los shopping. Son más de 80 las marcas denunciadas incluyendo la marca AWADA de la esposa de Macri actual jefe de gobierno porteño y que administra su hermano, otro Macri.
Pero como todo gran negocio los involucrados son muchos. Desde muchas de las radios “de la colectividad boliviana” que son parte de este negocio incluso son parte de la estrategia de captación de las personas a las que se convoca para trabajar en estos talleres. Y que también son parte de la estrategia de comunicación que construye la identidad comunitaria que hace que muchos trabajadores/as sientan amenazado su trabajo y crean que es una persecución a los bolivianos cuando se habla de los talleres clandestinos.
También trabajadores/as que cuando logran acceder a comprar máquinas reproducen las condiciones de explotación a las que fueron sometidos, estimulados por empresarios y con la desesperación por progresar explotan a compatriotas y se asocian con explotadores.
Otros negocios derivados, por ejemplo el boom inmobiliario de la zona de Flores y Floresta en manos de inmobiliarias coreanas que alquilan casas y locales.
El Gobierno de la Ciudad que no solo actúa con desidia sino que da aviso a los empresarios cuando recibe denuncias sobre las condiciones de funcionamiento de sus talleres. Los empresarios bolivianos y argentinos vinculados a la industria textil que sumaron aportes para la campaña de Macri y entonces se explica la desidia intencional. La comisaría regulando la zona, cobrando para no ver, para dejar hacer.
Después de las muertes del 2006 se dieron denuncias, se modificó la legislación, se realizaron allanamientos, se habló de personas rescatadas. La realidad hoy es que, por esas muertes, no hay nadie procesado. El encargado del taller clandestino de Luis Viale tiene su propio taller textil en la Provincia de Buenos Aires, los dueños de las marcas para las que cosía el taller, los dueños del lugar y de las máquinas nunca fueron procesados.
Los controles que había realizado el GCBA una semana antes de ese incendio habían arrojado que todo estaba correcto cuando se trataba de un lugar que estaba habilitado para 5 máquinas y funcionaban más de 60. En el que vivían más de 60 personas a pesar de que no estaba habilitado para vivir. Por ese acto de corrupción que le costó la vida a 6 personas, de las cuales 4 eran niños/as, no pagó nadie.
Los allanamientos fueron violentos y en medio estaban los/as trabajadores/as, la policía se llevó máquinas, se saqueó los talleres. Los trabajadores/as se quedaron en la calle, sin trabajo. Las denuncias provocaron el traslado de muchos talleres a zonas menos expuestas pero no modificó este sistema de producción/consumo al tiempo ya nadie recordaba ni el incendio, ni las muertes y todo volvió al mismo lugar.
Incluso un fallo judicial justificó el trabajo esclavo, fue el juez Oyarbide en el 2008 quien sobreseyó a un grupo de empresarios de la marca SOHO que contrataba inmigrantes bolivianos en condiciones de esclavitud. Para dejarlos libres se usó una interpretación falaz de las ‘costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano’, definidos como ‘un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa’. Así la justicia argentina avala la explotación y traslada la responsabilidad al propio explotado/esclavo y deja sin responsabilidad a su explotador/esclavista sellando la impunidad.
En los talleres se trabaja a destajo, cada prenda se cobra entre 30 y 80 centavos. Por eso en el taller de la calle Páez, en el que murieron 2 chicos había un lugar para dormir. La familia vivía en Villa Celina pero con jornadas de trabajo tan extensas el tiempo de retorno a la casa les hubiera quitado las pocas horas de sueño por eso se pasaban la semana en el taller y los fines de semana cuando podían volvían a su casa.
Las voces fueron tejiendo anoche la trama dolorosa de una realidad que es parte de la vida en la Ciudad y de la muerte
La muerte de los trabajadores explotados/as y la muerte de sus hijos y sus hijas. Se hablo de racismo, se habló de complicidades y se los múltiples eslabones de este mercado ilegal.
Cuando llegué a la Casona de Flores lo primero que me pasó fue evocar que esa misma casa antigua había sido, en un tiempo no tan lejano, un Hogar de pibes en situación de calle dependiente de la Dirección de Niñez, esos pibes que Carlos Cajade nos ayudó a entender como los hijos y las hijas de una clase trabajadora desarmada, desocupada en los 90 y entonces aprendimos de la mano del Movimiento de los Chicos del Pueblo que la lucha era integral, que era imprescindible recuperar la identidad de clase y organizarse porque así se defendían los derechos de los pibes/as.
Anoche otra vez esos pibes y esas pibas jóvenes, hijos/as de trabajadores migrantes explotados tomaron la palabra. Dijeron que no querían ser incluidos a este sistema de explotación, que esta historia a la que parecen estar condenados debe ser cambiada y que para eso hay que juntarse más allá de los guetos que nos proponen para paralizarnos, que las identidades que nos encierran no nos hacen bien y que la identidad que nos contiene es la de trabajadores. Anoche no pude más que escuchar tratando de espantar el horror que me acompañó todo el día.
No solo miente el INDEC
Cuando se publiquen la cifra de muertes en el trabajo solo se estará contemplando a trabajadores con recibo de sueldo. No estarán los trabajadores de los talleres clandestinos, tampoco sus hijos/as.
En las estadísticas oficiales no aparecerán quienes por trabajar en talleres clandestinos, hacinados y sin ventilación, hayan contraído tuberculosis tampoco sus hijos/as enfermos a causa del trabajo de sus familias.
Cuando se publiquen la cifra de muertes en el trabajo solo se estará contemplando a trabajadores con recibo de sueldo. No estarán los trabajadores de los talleres clandestinos, tampoco sus hijos/as.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es un organismo creado por la Ley N° 24.557 que depende de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su objetivo primordial es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja según se expresa en su página institucional.
Según este organismo las muertes por accidentes de trabajo dan un promedio de un poco más de dos por día y las atenciones por enfermedades derivadas del trabajo o de accidentes no mortales es de 650 mil al año. Pero estas cifras solo hacen referencia al trabajo registrado lo que vuelve invisible la situación de un 35 % de trabajadores/as no registrados del sector informal.
Cuando hacemos el ejercicio de sumar ese porcentaje de trabajadores excluidos de los derechos y también de las estadísticas las cifras ascienden. Entonces hablamos de 4 trabajadores/as que pierden la vida por trabajar cada día y 16 que mueren por enfermedades vinculadas al trabajo. Y las consultas por enfermedades derivadas del trabajo o de accidentes en el trabajo estarían alrededor de las 900 mil.
Hablamos de 20 muertes por día que son más de 7000 al año. Trabajadores y trabajadoras que mueren por trabajar
Es importante destacar que esta estimación deja de lado la certeza de que, a mayor precariedad e informalidad del trabajo la posibilidad de accidentes es mayor lo que nos obligaría a considerar un porcentaje más elevado de muertes si pudiéramos ponderar esta variable.
(Gracias a Pablo Kleiman del Departamento Jurídico de la CTA por esta información)