A seis años de la desaparición del joven de Lomas del Mirador Luciano Arruga, Nora Cortiñas analiza la connivencia política que permitió la tortura y la ausencia: «El abandono del Estado”, ese selectivo brazo de la represión y la pobreza.
Un día como hoy pero de 2009, un pibe más desaparecía en el Conurbano bonaerense. Su nombre fue una excepción: no quedó en el silencio de la impunidad como tantos otros. Pero el desenlace fue del montón, porque estuvo teñido de la violencia institucional que es sinónimo de Policía, de la condena que la pobreza hace recaer sobre la cabeza de los chicos. A seis años de la desaparición de Luciano Arruga, Nora Morales de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza Línea Fundadora, lo recuerda en esta entrevista y repasa el contexto político en el que se da este asesinato que quizo disfrazarse de “accidente”.
“Luciano hubiera estado hoy con vida si no hubiera esta indiferencia del Estado en los casos donde interviene la Policía”, definió, tajante, la psicóloga social y militante histórica por la verdad y la justicia. La connivencia, según consideró, hizo posible la tortura y la desaparición hasta que una tarde de octubre de 2014 su cuerpo se hallara sepultado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Para Cortiñas, una figura lo resume: el gigante del “abandono” estatal.
-A seis años de la desaparición de Luciano, ¿qué es en lo primero que piensa cuando se hace referencia a él?
Se me viene a la memoria todos los días el abandono de parte del Estado, porque de este drama como de otros no se ocuparon ni los jueces ni los fiscales ni los abogados estatales. Después nos enteramos que lo abandonaron también los médicos y las instituciones de salud hasta último momento, después de haber sido torturado. Luciano hubiera estado hoy con vida si no hubiera esta indiferencia del Estado en los casos donde interviene la Policía. Comparto este gran dolor porque mi hijo va a ser 38 años que desapareció. El 10 (de diciembre) hice el que creo que va a ser el último hábeas corpus de los centenares que presenté. Veo cómo regatean el camino a la verdad en todos los casos, en el de mi familia como en el de Luciano. Este chico no merecía esta muerte, como ningún pibe que es llevado para robar, extorsionado y el día que se resiste tiene este final.
-¿Cuáles son los engranajes sociales que permiten esta impunidad?
No hay control de lo que realiza la Policía, no hay seguimiento. No hay una institución formal y seria que se ocupe investigar la desaparición de una persona. Hay juicios del genocidio durante el terrorismo de Estado pero no hay una estructura para que una desaparición no resulte en tortura y en muerte. En 30 años de democracia se hubiera podido realizar. El caso de Julio López es clave. Y después aparece en los medios barbaridad, como (el secretario de la Presidencia de la Nación) Aníbal Fernández que dijo que seguramente (el testigo en la causa contra Miguel Etchecolatz) estaba con su tía. No vemos que se tome conciencia de que la vida humana es el primer valor.
-¿Hace falta una mayor participación de colectivos sociales en las decisiones del Gobierno en materia de derechos humanos?
La responsabilidad principal la tiene el Estado. Los organismos hacemos las denuncias, las presentaciones de hábeas corpus y un seguimiento permanente. En el caso de Luciano fue claro el acompañamiento, pero no vale en el sentido de que el poder lo tiene el Estado y es una falta muy grave porque hubo más de 3 mil desapariciones de personas en gobiernos constitucionales pero no logramos que cada persona denunciada como desaparecida se busque. Acá siempre se supo quiénes podían ser los responsables, esperamos que los funcionarios despierten. La madre de Luciano fue a preguntar al hospital (Francisco Santojanni) y le negaron que estaba ahí. Primero le negaron donde estaba cautivo y luego en el hospital. Hace daño esta desidia.
-¿Los cambios que propuso la presidenta Cristina Fernández serán de utilidad para evitar o esclarecer este tipo de casos?
Esto tiene que ser tratado de una manera muy seria. Lo que propone la Presidenta es lo mismo que funciona hoy pero con distinto nombre porque hace falta una reestructuración de los servicios de inteligencia. Y si más adelante se llegara a aprobar por decreto sería inaceptable. Hay que preguntarle al pueblo lo que quiere. Si no inspira toda la confianza que el pueblo tiene que sentir, se debe tener en cuenta. Una consulta popular permite el diálogo y las opiniones.
-En un año electoral, ¿qué le diría a quienes aspiran a la Presidencia en materia de derechos humanos?
Que hay que hacer todos los esfuerzos para que el Estado se haga responsable del cuidado de la población. Los organismos de derechos humanos tienen que ser independientes, para que sigan realizando presentaciones y pueda haber diálogo. Se tiene que cuidar a los jóvenes, a los Cromañón, los Kevins. Los funcionarios se arreglan con empresarios y en el medio está la vida de los jóvenes. Son cosas que se pueden solucionar si se le da el debido seguimiento a los organismos del Estado para saber cómo actúan. Lo de Cromañón se pudo haber evitado. La muerte es lo peor que nos puede pasar. Hay que defender la vida de la población con toda la fuerza y la honestidad.
-Usted participó de actividades contra los agrotóxicos y en defensa de la comunidad Qom. ¿Esas son otras instancias donde defender la vida?
Es que aún una parte de la población no es indiferente. El pueblo nuestro está en todos lados donde se denuncian injusticias y errores muy grandes. Acá no se puede afectar el diálogo directo con el pueblo, le tiene que prestar atención el gobierno de turno. Esperemos que con lo que le pasó a Luciano Arruga haya un seguimiento para castigar a los responsables de las grandes tragedias.
Fuente: Noelia Leiva, www.marcha.org.ar