Se cumple un mes de aquella semana de octubre en la que una vez más la Central volvió a estar en la calle. Una Carpa instalada en el Obelisco, reclamando nuevamente en contra de la precariedad laboral en la Ciudad y en el país, interpelando a los gobiernos Nacional y al local. Una semana en la que charlas, paneles, conferencias, actividades culturales y radios abiertas; potenciaron el debate, enriqueciendo así nuestra organización. Una carpa que volvió a instalar el tema de la precariedad como uno de los mayores problemas de las y los trabajadores en nuestro país.
* Por Pablo Kleiman, Responsable del Departamento Jurídico de la CTA Capital
Sin duda, la iniciativa de la CTA Capital fue un acierto en cuanto al método y al tema elegido. Este acierto no fue fruto de la casualidad, sino de ser una Central consciente de las dificultades cotidianas de la Clase. Cómo ya lo ha hecho en tantas oportunidades, la CTA mostró, con esta iniciativa, su capacidad de abordar una problemática que toca a toda la clase trabajadora, y esto gracias a la mirada integral que tiene de lo social y lo político. El método fue el correcto porque la CTA tiene en su marca de origen la aspiración y el compromiso de discutir colectivamente con las/os trabajadoras/es y de cara a la sociedad. A esa marca de origen tenemos que volver constantemente, porque es lo que garantiza que la política sea la herramienta para la transformación y no una mala palabra o algo ajeno, que solo es patrimonio de “los políticos”.
La precariedad es la raíz y la causa de muchos de los males que aquejan a las personas que trabajan, ya que dificulta su organización gremial y el reconocimiento de derechos laborales. Los trabajadores precarizados no cuentan con la protección necesaria frente a, por ejemplo, los accidentes laborales, el desempleo, el cumplimiento del pago de los salarios mínimos, el cumplimiento de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), el pago de horas extras, aguinaldos, vacaciones, aportes a la jubilación (lo que impedirá que el trabajador pueda jubilarse), etcétera. Inclusive, si tomamos las condiciones de trabajo en las cuales se desarrolla la tarea (condiciones de salubridad en su sentido más amplio) casi podríamos decir que no hay trabajador que no esté precarizado. Es decir, aún los que cobran igual o por encima del salario mínimo o el del CCT aplicable, generalmente realizan sus labores en lugares que no tienen los elementos adecuados y/o las herramientas necesarias, y/o la luz natural y/o la ventilación necesaria, etcétera.
Vale aclarar que la tercerización, en la Argentina, es un sistema legal valido, es decir, los empleadores tienen el derecho de crear empresas dentro del mismo sistema productivo, con trabajadores separados del resto de los trabajadores que dependen de un empleador principal.
Este mecanismo legal, como sistema de poder, tiene como objetivo principal, disminuir el valor de la mano de obra y por ende obtener mayores ganancias a la vez que provoca la mayor división de la clase trabajadora que se pueda tener memoria desde las primeras divisiones con la creación de categorías (obreros, supervisores, jerárquicos, profesionales…).
En tal sentido la tercerización limita catastróficamente la posibilidad de sindicalizarse, puesto que se trata de trabajadores que son encuadrados en Convenios colectivos de Trabajo distintos de los del resto de los trabajadores que forman parte del mismo sistema productivo. Se aclara que con “son encuadrados” nos referimos a que quien tiene la potestad de decidir a que CCT corresponde un trabajador es en la práctica al empleador, sin control alguno por parte del estado o de los sindicatos o de la justicia.
Por eso, durante toda esta iniciativa estuvo presente la necesidad de entender a la precariedad laboral como un concepto más amplio que el de empleo no registrado. Este último es una de las principales manifestaciones de precariedad, siendo otras dimensiones: la temporalidad de los empleos y contratos, la forma de determinación de salarios, las condiciones laborales, la protección legal referida a despidos injustos, las prácticas laborales no aceptables, la falta de protección de la seguridad social y los bajos ingresos, la violencia laboral.
Inclusive, si hacemos el ejercicio de analizar nuestra cotidianidad veremos que la precariedad no está solo en el empleo, o en la ausencia del mismo; precarios son nuestros barrios con mala iluminación, sin agua potable; precario es el modo en que tenemos que viajar en el transporte público; precaria es la travesía que hay que hacer para conseguir un turno en un hospital, una vacante en una escuela y así podemos continuar la lista demostrando que la precariedad inunda los distintos ámbitos de nuestra vida. Una vida precarizada consecuencia de un país donde es regla la precariedad.
Las distintas iniciativas que tuvieron lugar en la carpa fueron atravesadas por una idea que no podemos perder de vista: La precariedad en el mundo del trabajo no se da porque sí, ni es el orden natural de las cosas. Es un efecto buscado y deseado por el estructuramiento del mundo del trabajo. Estructuramiento que deciden los gobiernos en complicidad con los grupos económicos.
La informalidad en la Argentina:
Según el informe de la OIT del año 2013 sobre informalidad laboral en Argentina -que entiende la informalidad como el no registro de la relación laboral asalariada en la seguridad social y la no inscripción de los trabajadores independientes en la administración fiscal-“la informalidad laboral se ha convertido en un fenómeno socioeconómico que reviste una gravedad y una extensión más que significativas desde hace varias décadas, y afecta en la actualidad a 4 de cada 10 trabajadores…el trabajo informal constituye la principal fuente de empleo precario en el país. (La precariedad laboral es un concepto más amplio que el de empleo no registrado. Este último es una de las principales manifestaciones de precariedad, siendo otras dimensiones: la temporalidad de los empleos y contratos, la forma de determinación de salarios, las condiciones laborales, la protección legal referida a despidos injustos, las prácticas laborales no aceptables, la falta de protección de la seguridad social y los bajos ingresos)”. A ello cabría agregarle las tercerizaciones, que son otra forma de precariedad laboral. Dicho informe concluye que “la informalidad laboral para el total del país alcanzaría el 44%”.
El informe de la OIT fue realizado en base al Censo 2010 y al estimar que la informalidad en el mercado laboral argentino afecta a alrededor del 44% del total de los ocupados, quiere decir que cerca de 7,1 millones de trabajadores se encuentran en la informalidad.
Estos resultados están en línea con los resultados elaborados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a partir de la Encuesta Nacional sobre Protección y Seguridad Social. Según esta fuente de información, en 2011, la informalidad laboral (medida como el porcentaje de trabajadores no registrados en la seguridad social) para el total de los ocupados se ubicó en un 42,7%. Esta tasa de incidencia alcanza el 37% para los trabajadores asalariados y el 59%, entre los independientes. Asimismo, se observa que del total de los trabajadores informales, el 65% son ocupados en relación de dependencia; el 31%, trabajadores por cuenta propia; y el 4% restante se distribuye entre patrones y trabajadores familiares sin salario. (MTEySS, 2013a; MTEySS, 2013b).
Por su parte, el último dato publicado por el Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC corresponde al cuarto trimestre de 2013. En ese momento, la tasa de empleo no registrado alcanzaba al 33,5% de los asalariados. A fines de 2013, la población ocupada era de 16,1 millones de personas. Los asalariados representan el 76,7% del total de los ocupados, es decir que son alrededor de 12,3 millones. De ese total, un 33,5% no está registrado, es decir: 4,1 millones de personas. Obviamente, a ello hay que sumarle los parcialmente registrados (aquellos trabajadores registrados por menor cantidad de horas de las que trabajan y/o por menor salario, etc.)
El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) señala que en 2013 un 49% de la población ocupada no tiene aportes previsionales. Esto incluye a trabajadores en relación de dependencia y cuentapropistas, patrones o empleadores que no realizan sus respectivos aportes. Si se cruza este porcentaje con los datos de población ocupada de la EPH, el resultado es que 7,9 millones de trabajadores se encuentran en la informalidad.
Finalmente, el informe elaborado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) concluye que al segundo trimestre de 2013, el 50,1% de la fuerza laboral se encontraba precarizada. Esto da un total de 8,5 millones de trabajadores. Se destaca que este cálculo incluye los 1,2 millones de desocupados, que representaban, en ese entonces, el 7,5% de la población económicamente activa.
En conclusión, podemos decir que sobre una población de 16 millones de trabajadores, el trabajo precario afecta a entre 7 millones y 8,5 millones de trabajadores (según que estudio tomemos como más fiable). Ello quiere decir que uno de cada dos trabajadores se encuentra precarizado.
Por otra parte, solo en el 20% del sector privado existen comisiones internas. Es decir, que 8 de cada 10 trabajadores no tienen delegado en su sector de trabajo.
[quote]Es válido entonces recordar que el único momento de la historia de este país donde se dieron transformaciones realmente profundas y estructurales, que permitieron llegar a otra concepción y perspectiva de vida para la clase trabajadora (y tener pleno empleo registrado con el 50% de la renta nacional para quienes producen la riqueza), fue cuando existieron delegados en todos los sectores de trabajo. Allí es donde se discute la verdadera y tan necesaria redistribución de la riqueza. Mientras no exista organización de los trabajadores en cada lugar donde se desarrolla el capital, será utópico pensar que hay solución para los problemas de la clase.[/quote]
¿Qué hace el Gobierno ante esto?
Con relación al empleo sin registrar (la principal y más grave manifestación de la precariedad) el Congreso sancionó la Ley N° 26.940, denominada “Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral”
Sobre dicha Ley se podría escribir un trabajo completo de por qué no va a funcionar. No es la intención del presente escrito. Pero básicamente la ley va a fracasar, porque repite fórmulas que ya han fracasado (reducción de las contribuciones patronales, no contemplar el problema de la falta de registración en el Estado, no prevé que las organizaciones gremiales puedan fiscalizar el proceso, más dificultades para las PYMES que para las multinacionales, etc.)
Sí me quiero detener en demostrar cuál es la visión, por parte del Gobierno, del mundo del trabajo. Entre los fundamentos de dicha ley se aclara que el trabajo sin registrar sigue siendo una problemática de importancia y se da una explicación de porqué no ha mermado dicha problemática: “Uno de los factores que explican la extensión del trabajo no registrado es que para un número considerable de empresas –muchas de ellas en el sector formal de la economía– luego de más de DIEZ (10) años de labores desarrolladas en la concientización, difusión y prevención del trabajo no registrado, los perjuicios por infringir la legislación laboral no son lo suficientemente significativos para desalentar e impedir el desarrollo de dichas prácticas”.
Esto es absolutamente falso. Primero, porque no hubo ninguna campaña de concientización, difusión y prevención del trabajo no registrado. Basta recordar que las “campañas” son por ejemplo una foto de un obrero morocho con un casco que dice “En tu trabajo exigí estar en blanco”.
Esta propaganda no solo es ofensiva porque estereotipa a los obreros sino que además dice “En tu trabajo exigí estar en blanco” como si fuera un problema que no sabe resolver el trabajador y como si fuera un tema que depende de él resolverlo. La propaganda no propone “En tu trabajo, organízate” o que se denuncie tal situacion ante tu sindicato, ni ante el Ministerio de Trabajo, ni nada parecido. Al decir “En tu trabajo exigí estar en blanco”, parece ignorar la realidad del mundo del laboral, donde el que exige es despedido sin más. El despido como disciplinador social.
Esa misma lógica utilizaron para hacer el afiche cuando se aprobó la ley para las empleadas domesticas. El slogan decía: “Registrá a la persona que trabaja en tu casa. Dale Derechos”.
Esta propaganda no solo pone en cabeza del empleador la buena voluntad de registrar o no registrar, sino que en lugar de informar que tiene derechos propone “darle derechos”. Según esta gráfica es el empleador quien –de buena gana- le otorga derechos al trabajador, como si el trabajador no los tuviera.
Más allá de los “yerros” publicitarios es claro que atrás de eso hay una ideología y una forma de ver el mundo del trabajo.
Por otra parte, si como dicen que luego de estos años de fomento y concientización “los perjuicios por infringir la legislación laboral no son lo suficientemente significativos para desalentar e impedir el desarrollo de dichas prácticas”, es por culpa del propio Estado. ¿De quién más podría ser que no haya perjuicios significativos por infringir la normativa laboral?
¿Qué no hace el Gobierno?
Si bien es cierto que se han hecho modificaciones de leyes -que importan mejoras con relación a derechos individuales de los trabajadores- lo cierto es que dichas mejoras solo se aplican a un número reducido de trabajadores (casos en que su empleador cumple con toda la ley (casi inexistente) o bien aquellos que inician juicio y lo ganan (situación que no llega al 5%)).
Pero lo que no hace el Estado es otorgar la única herramienta que realmente podría resolver no sólo este, sino todos los problemas del mundo del trabajo: La Libertad y la Democracia Sindical, para que los trabajadores, a través de sus organizaciones, resuelvan sus problemas.
Necesidad de una nueva Ley:
Es imprescindible una nueva ley que disponga de garantías de libertad y democracia para todos los trabajadores, que comprenda a las organizaciones existentes y también a aquellas que puedan constituirse a partir del libre ejercicio de la voluntad y autonomía individual y colectiva.
«Esta situación no se resuelve sólo con inyecciones de democratización desvinculadas de la libertad sindical. Ni con modificaciones parciales que reconozcan mayores derechos a las entidades simplemente inscriptas, manteniendo el régimen de personería gremial. Pretendemos una nueva ley que garantice a los trabajadores la construcción de nuevos modelos organizativos que superen una profunda y larga crisis de representación; que otorgue derechos a los representados y a su vez fortalezca y tutele a las organizaciones y sus representantes.», como indican los fundamentos del proyecto de Ley de organización de los trabajadores, presentado por la CTA – a través del diputado Victor De Gennaro-.
Ver el proyecto completo en:
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3565-D-2014