empleados-inmobiliariosEl Sindicato de Empleados Inmobiliarios (SEI-CTA), en solidaridad con trabajadores y particulares que han terminado la carrera de Martillero y Corredor Público, inicia un plan de lucha por el aumento en el costo de matriculación en CUCICBA. Realizarán una concentración frente al organismo ubicado en calle Adolfo Alsina 1382, de Capital, el día 16 de septiembre de 2014 a las 16 horas.

La determinación de las autoridades del Colegio Profesional CUCICBA de quintuplicar el arancel de matriculación, (de $ 5.000 a $ 25.000) generó gran rechazo en toda la comunidad Inmobiliaria.

El Sindicato de Empleados Inmobiliarios (SEI-CTA) convocó a una Asamblea para tratar el tema para este 1 de septiembre en la sede de CTA capital con la participación de más de 70 personas (entre ellas la comisión directiva del Sindicato, empleados que hicieron la carrera universitaria, alumnos y egresados de la misma carrera), donde se resolvió iniciar un conjunto de medidas, como la denuncia ante las autoridades de la Legislatura porteña, una denuncia en el INADI y un «ruidazo» en la sede del Colegio de Profesional CUCICBA (calle Adolfo Alsina 1382, CABA) para el día 16 de septiembre de 2014 a las 16 horas.

El Sindicato de Empleados Inmobiliarios consideró que la medida impuesta por el organismo es excluyente y desatinada, siendo un ejemplo de la política actual de la dirigencia del sector, ya que impone un costo de matriculación excesivo, imposible de afrontar por quienes vienen de terminar la carrera y aún no han iniciado su actividad como trabajadores. Es una muestra más de cuales son los intereses de esta dirigencia que durante la crisis aplaudían en la Casa Rosada el re lanzamiento de los CEDINES, esta crisis, que según datos que ellos mismos hicieran públicos a dejado como saldo el cierre de 1000 inmobiliarias y la pérdida de innumerables puestos de trabajo.

No vamos a tolerar semejante atropello de los derechos de los trabajadores y estudiantes, que mediante mucho sacrificio terminaron la carrera universitaria, cumplen con todos los requisitos formales que le exige la ley, pero son discriminados económicamente.

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