La desigualdad que se impone en nuestro país lleva décadas, vulnerando el conjuntos de los derechos de nuestro pueblo y empuja a distintos grupos a la exclusión del sistema y los margina en la pobreza.
* Por Mabel Mamani, Secretaria de Discapacidad CTAA Capital
A lo largo de la historia, se han propuesto diversos modelos conceptuales para explicar y entender la discapacidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la discapacidad es el resultado de la interacción de las personas con su entorno físico y social.
Los efectos negativos que está produciendo la pandemia de Coronavirus COVID, requiere que el Estado impulse medidas para ayudar a contener esta profundización de la pobreza a la que nos arrastro esta pandemia, especialmente a los sectores más vulnerables como son las personas con discapacidad.
Los programas que dan cobertura a esta población han sido sistemáticamente destruidos.
El Gobierno anterior recortó las pensiones por discapacidad, desfinanció el Programo Federal Incluir Salud, en la entrega de medicación y demás prestaciones, sabiendo que quienes perciben pensiones por discapacidad pertenecen a la franja social de mayor vulnerabilidad económica e incluso, buena parte de ellos son menores de edad.
La discapacidad y la pobreza caminan de la mano y se retroalimentan, la falta de recursos económicos no hace más que profundizar las dificultades para el desarrollo de las familias que diariamente se encuentran en la grave situación de tener que paliar con las necesidades de un familiar con discapacidad.
Las personas con discapacidad no constituyen un grupo aparte con intereses sectoriales diferenciados. Son miembros de la comunidad que afrontan problemáticas especiales que requieren políticas activas y acción afirmativa de derechos.
La Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma Capital solicita el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Tarjeta Alimentaria para todas las personas con discapacidad. Los Estados deben asegurar que la respuesta a la pandemia de COVID-19 sea plenamente inclusiva, considerando siempre a las personas con discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, infancia, adolescencia y envejecimiento.