La Central porteña solicitó la investigación por la posible comisión del delito de Asociación Ilícita, en el marco de la denuncia penal presentada hace un mes contra el ex presidente Mauricio Macri y el ex presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanus, a raíz de las irregularidades encontradas en el proceso de transferencias de tierras del Estado Nacional al de la ciudad capital.

En la ampliación de la denuncia penal presentada hoy lunes 2 de marzo en los juzgados de Comodoro Py, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, Unidad Popular y el Frente Territorial Salvador Herrera, se observó que La Comision Fiscalizadora De Playas Ferroviarias De Buenos Aires S.A. advirtió sobre la ilegalidad que se cometería al transferir los predios del Playón Ferroviario de Palermo y de Caballito.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por su parte, autorizó la venta directa del playón ferroviario de Chacarita, respaldándose en normas y decretos que no autorizan dicho tipo de venta.

Al respecto, Pablo Spataro, secretario General de la CTA Autónoma Capital, destacó que “Las políticas de Larreta están destinadas a garantizar el negocio del poder económico inmobiliario en lugar de garantizar derechos a quienes habitan y trabajan en esta ciudad”.

A su turno, María Eva Koutsovitis, de Unidad Popular-CABA, aseguró: “El combo Macri-Larreta ha consolidado en la Ciudad un modelo de precarización y mercantilización urbana. La venta ilegal de inmuebles y tierra pública profundiza la desigualdad a la vez que nos despoja de nuestros bienes comunes al conjunto de las porteñas y porteños.”

Por su parte, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de Derecho a la Ciudad, explicó que “a medida que analizamos nueva documentación descubrimos la cantidad de irregularidades y violaciones a las leyes que cometieron Macri y Larreta para llevar a cabo su plan sistemático de venta y privatizaciones de tierra pública en estos últimos 4 años.”

Por último, Franco Armando, del Frente Territorial Salvador Herrera-CTAA, expresó : “Larreta despoja a las vecinas y vecinos de la Ciudad del derecho a una democracia participativa, instalando una matriz de gestión basada en la especulación y el negocio inmobiliario que expulsa a miles de porteños y porteñas.”

Cabe destacar que la ampliación de esta denuncia se acompañó con los Decretos N° 145/2020 Y 149/2020 dictados en febrero por el Presidente Alberto Fernández, que reconocen “la profusa actividad de desprendimiento de bienes inmuebles del Estado Nacional, en especial a favor de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicó el desapoderamiento de activos insustituibles con efectos negativos a los intereses del Estad, y la violación de la “Regla de Fin de Mandato” contraviniendo expresas normas que prohíben actos de disposición de inmuebles (art. 15 bis de la Ley N°25.917) en los últimos seis (6) meses del último año de un gobierno.”

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