En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace años se habla de la urbanización de las villas y de la inclusión de los vecinos que viven en ellas como una meta que el Gobierno porteño nunca alcanza, aunque siempre la promete. De hecho, se han realizado algunas obras públicas que quienes habitan y transitan los barrios más populares y populosos de la Ciudad denuncian como mero maquillaje, oportunismo político o negocio de amigos del poder, haciendo notar también la durabilidad de las obras, su constancia, finalización o real utilidad para los barrios.
* Por Matías Levin
La unilateralidad en la toma de
desiciones, la falta de escucha a los problemas reales que denuncian
los vecinos, los efectos nocivos sobre la vida y cotidianeidad de
esas familias, son algunas de las realidades que se intentan
modificar desde las organizaciones de los barrios a través de un
proyecto de ley para garantizar una serie de derechos mínimos para
las villas de la Ciudad.
El pasado jueves 19 de septiembre
-convocado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el
Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), PIUBAMAS y CTAA Capital-
en el marco del Seminario de Servicios Públicos y Barrios Populares,
se llevó a cabo la primera Jornada de Discusión del proyecto de Ley
De Derechos Mínimos para los procesos de urbanización de los
barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.
En diálogo con Eva Koutsovitis,
integrante del Frente de Organizaciones Salvador Herrera (FOSH) en la
CTA Autónoma Capital y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería
Comunitaria de la Facultad de Ingeniría de la UBA, la especialista
explicó que esta propuesta “se viene gestando desde hace mucho
tiempo de manera colectiva desde las organizacines sociales,
territoriales y desde las diferentes mesas de urbanización en cada
barrio, donde se viene observando que los procesos de urbanización e
integración sociourbana que se están llevando adelante presentan
dificultades, no logran ser exitosos y no presentan un mismo estandar
para todos los barrios”.
“Ante este panorama” -asegura
Koutsovitis- “nos pareció oportuno desde la Cátedra incorporar
una serie de derechos que inicialmente no habían sido contamplados
en otros proyectos y para lo cual fuimos recopilando distintas
propuestas y le fuimos dando forma de un proyecto de ley que
establece pisos mínimos o presupuestos mínimos para poder
garantizar la inclusión social y la integración urbana en estos
procesos, evitando asimetrías entre las diferentes leyes
particulares que tienen los barrios y también respecto a las
particularidades que cada uno de estos procesos involucran”.
La CLIC, tiene entre sus objetivos construir espacios de
intercambio de los distintos saberes, articular la universidad
pública con los distintos sectores populares, generar ámbitos donde
todos los saberes tengan el mismo valor, y para ello viene trabajando
junto a las organizaciones sociales para intentar resolver el
problema de la falta de agua potable, saneamiento cloacal,
accesibilidad a otros servicios públicos y otras problemáticas de
los barrios populares en su conjunto, buscando la integración social
y urbana al resto de la Ciudad.
Este proyecto surge a partir
de la observación de las fallas del sistema que se viene
implementando y las diferencias que se observan en las intervenciones
en cada barrio, dado que las leyes que se han ido sancionando durante
la gestión del macrismo no son equivalentes y por lo tanto
establecen distintos tipos de derechos.
Al respecto, Koutsovitis afirma que
«actualmente hay un borrador de ley para el barrio Ramón
Carrillo en el cual hemos podido incorporar la paridad de género en
el porcentaje de mano de obra local que se contrate en el marco del
proceso de urbanización. Ese artículo no está presente en el resto
de las leyes que se fueron sancionando. A su vez, hay antescedentes
en los que sí existe alguna contemplación al respecto, como en la
ley del barrio Rodrigo Bueno, pero que no establece paridad sino un
cupo, un porcentaje de esos puestos de trabajo para las mujeres. En
el resto de las leyes ni siquiera se menciona la incorporación de
las mujeres como protagonistas activas en estos procesos. O sea, se
fue creciendo en los niveles de participación, en la discución y la
acción, pero las leyes que se habían sancionado quedaron obsoletas
en este sentido, ya que ninguna establece o incorpora perspectivas de
género y para nosotros es fundamental ya que en estos barrios el 85
por ciento de los hogares son sostenidos por mujeres».
La
realidad es elocuente: Si observamos el porcentaje de mano de obra
que debe contratarse en el marco de estos procesos de intervención
en los barrios, no contempla ningún porcentaje. Recién la que se
sancionó para el playón de Fraga y Rodrigo Bueno (en marzo de
2017), incorpora un 20 por ciento de contratación de mano de obra
local. Luego se sanciona la ley Nacional de Urbanización de Barrios
Populares que establece que se debe contratar el 25 por ciento de la
mano de obra local pero aún así no contempla género. «Por eso
– interviene Koutsovitis – lo que estamos planteando es un piso de
igualdad de derechos, que como mínimo incorpore ese 25 por ciento de
mano de obra local y dentro de ese porcentaje la paridad de géneros».
Para la CLIC la dimensión del trabajo no ha sido incorporada
en ninguna de las leyes que se han sancionado y es clave a la hora de
entender la integración social y la incorporación con perspectiva
de inclusión. En ese sentido, aseguran que hay muchos trabajos que
se deben reconocer: todos los trabajos comunitarios que en general
llevan adelante las mujeres, como son las promotoras de espacio
público o de salud, las veedoras y veedores de obras de
infraestructura y otras.
Como ejemplo de ello, la especialista
cita que junto con la CTAA Capital y otras organizaciones se ha
dictado un curso en la propia Facultad de Ingeniería de la UBA para
formar más de 150 referentes comunitarios como veedores y veedoras
de obras de infraestructura que esta nueva ley debe incorporar para
garantizar el ejercicio de ese derecho ciudadano al control de las
obras de infraestructura.
“Hay muchas dimensiones que no han
sido tenidas en cuenta”, postula Koutsovitis, “en particular las
que tienen que ver con el trabajo como perspectiva de inclusión e
integración que para nosotros es clave. Pero otro de los aspectos
que no han sido tenidos en cuenta en leyes anteriores tiene que ver
con los servicios públicos, ya que estos procesos van generando
progresivamente la formalización de la conexión a esos servicios.
Pero entonces ¿Qué pasa con esas familias que se conectan
formalmente a los servicios públicos y que no cuentan con un sistema
de tarifa especial? Lo que estamos proponiendo en este borrador de
proyecto de ley, es que haya un período de eximición del pago de
los servicios públicos de diez años que, además, tiene caracter
compensatorio ya que quien hoy vive en un barrio popular no puede
elegir conectarse o no formalmente a un servicio público: el acceso
le es denegado ya que el propio Estado no lleva adelante las obras
para que exista siquiera esa posibilidad.”
“Por otro lado, pero en el mismo
sentido, las familias que son relocalizadas en el marco de estos
procesos de urbanización y se mudan a otras viviendas deben afrontar
de un momento a otro una serie de gastos que incluyen, no solo el
pago de servicios, sino el pago de las cuotas de esa nueva vivienda y
el mantenimiento de los espacios y servicios comunes, lo que comporta
un shock económico que muchas veces no tiene correlato con los
ingresos familiares y va generando en realidad un proceso de
expulsión oculto vajo el titulo de urbanización con inclusión”,
explica la compañera.
Quien además agrega: “Otra
cuestión que no fue tenida en cuenta en leyes anteriores tiene que
ver con los pequeños emprendimientos productivos y económicos que
tienen las familias, que no son contemplados en las relocalizaciones.
Por ejemplo, aquellas familias que tenian un taller, un comercio u
otro tipo de emprendimiento productivo en una parte de su vivienda,
al momento de ser relocalizadas pierden toda esa infraestructura
propia, limitando su economía. En ese sentido estamos proponiendo
que se incorporen distintos mecanismos para poder garantizar ese tipo
de ingresos en las familias. En el caso de la villa 20, en la marco
de la Mesa Técnica de Gestión Participativa, se está evaluando
implementar un polo textil en donde las familias del barrio tendrían
prioridad. Eso a su vez habría que acompañarlo desde la Legislatura
de la Ciudad con una ley de «Compre Social» que hace muchos
años venimos impulsando desde las organizaciónes para que la
producción resultante de estos emprendimientos, tenga un destino,
que el Estado compre esta producción o le de prioridad y no siempre
sea un negocio con los privados. Por todo esto, decimos que la
dimensión del trabajo y del desarrollo productivo de las economías
familiares en estos procesos son clave, porque de lo contrario, sin
trabajo, sin sustento ni acceso a derechos básicos, no hay
integración urbana posible.”
Este borrador de proyecto de
ley intenta incorporar todos estos derechos, pero también contiene
capítulos como diagnóstico integral, protección histórica,
inejecutabilidad e inembargabilidad de viviendas, administración de
nuevos consorcios gratuita, prohibición de desalojos forzozos,
programas de fortalecimiento de las economias familiares y mucho más.
Todo lo discutido y evaluado en la
jornada del jueves 19 durante los talleres y la posterior audiencia
ciudadana junto a los y las referentes sociales de los distintos
barrios, legisladores, funcionarios y candidatos, se agregará a este
borrador para conformar el proyecto de ley definitivo que se
presentará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya que
resulta clave tener una ley de presupuestos mínimos que garantice un
conjunto de derechos que van acordes al paradigma de lo que tiene que
ver con el Derecho al Buen Vivir en la Ciudad, que esta planteado en
el capítulo 1 de esta propuesta.