Las consecuencias del modelo económico implementado por el Gobierno Nacional se observan día a día en fábricas que cierran o achican su producción. Los despidos y suspensiones son la realidad cotidiana de muchísimos lugares de trabajo sin importar el sector de actividad o la región geográfica.
Actualmente asistimos a un verdadero industricidio cuyos efectos van mucho más allá de una caída puntual en los niveles de producción o de un retroceso en el empleo sectorial. Lo que está en juego es el modelo de organización social impulsado por el gobierno, en el que la producción industrial es un lastre que debe ser reducido a su mínima expresión y reemplazado por un modelo reprimarizador y orientado a la financiarización.
Contra estas políticas, y en reclamo por la aplicación de medidas que privilegien la producción y el trabajo en nuestro país, desde la Coordinación Nacional de Trabajadores/as de Industria de la CTA Autónoma nos sumamos a la movilización del próximo 4 de abril.
La caída de la producción industrial en los últimos años ha sido impactante. Según el último informe del INDEC el retroceso anual en enero de 2019 fue del 10,8%, acumulando cuatro meses seguidos de caídas en torno a los dos dígitos. En algunos sectores el deterioro asume magnitudes que directamente ponen en riesgo su continuidad. Tal es el caso de la industria textil, que acumula cinco meses consecutivos con caídas anuales superiores al 20% y la industria de maquinaria y equipos, que en los últimos ocho meses ha promediado un retroceso del 30% en la comparación interanual. Incluso la producción de alimentos también ha comenzado a retroceder, situación que se explica en gran medida por la caída del consumo asociada al deterioro de los ingresos de la población.
La caída de los niveles de la producción industrial ha incrementado la presión sobre el empleo en el sector, que se encuentra en franco retroceso desde septiembre de 2015. Desde entonces la cantidad de trabajadores industriales formales en el sector privado ha caído un 10% (125.619 trabajadores menos) y actualmente se encuentra en los niveles más bajos desde el año 2008. Estas estadísticas reflejan en términos agregados lo que día tras día se observa en fábricas que se cierran, despiden o suspenden trabajadores y trabajadoras.
En el 2018 las consecuencias de la política oficial abiertamente anti industrial se potenciaron por los efectos del ajuste aplicado sobre todos los trabajadores y trabajadoras. Las caídas generalizadas del empleo y los salarios se sumaron a un presente sectorial que demanda políticas específicas con urgencia.
Sin embargo, el Gobierno Nacional está lejos de tener una política industrial que tenga como fin un desarrollo del sector al servicio de una mejora en las condiciones de vida del conjunto de la población. Por el contrario, las políticas implementadas en los últimos años se han dirigido a impulsar al sector primario y a la intermediación financiera, en ambos casos con limitados efectos en materia de empleo y de encadenamientos productivos.
El sesgo anti industrial de la política oficial se puede observar en el trato brindado desde la asunción del nuevo gobierno a los sectores de producción industrial estatal. Desde fines de 2015 las industrias estatales han sido uno de los objetivos del ajuste, implementado no solo a través de despidos, sino principalmente por vía de procesos de desinversión que dificultan, cuando no impiden, el funcionamiento de estos establecimientos. En todos los casos estas medidas fueron acompañadas por decisiones que favorecieron a competidores del sector privado o de otros países, perdiendo la capacidad de controlar y desarrollar procesos de inversión y de conocimiento para los cuales existen capacidades instaladas en el sector público industrial. Este ha sido el caso, entre otros, de la industria naval, la industria de seguridad, la energía nuclear, etc.
En este contexto, resulta imprescindible que nuestro país vuelva a contar con una política industrial estratégica y clara al servicio del pueblo. Para ello será necesario contar con una intervención estatal orientada al desarrollo del sector, favoreciendo no solo la creación de puestos de trabajo sino también de innovaciones tecnológicas que permitirían generar encadenamientos productivos en los cuales deberían integrarse otras políticas públicas como por ejemplo las educativas y de ciencia y tecnología.
El debate en torno a la política industrial va mucho más allá de un interés sectorial. Pensar la industria lleva a pensar el modelo productivo en su conjunto y por ende a debatir qué tipo de estructura social será la resultante. En la actualidad la lógica imperante resulta abiertamente contraria a la posibilidad de generar inversiones productivas. Conspiran contra ello no solo los niveles de tasa de interés fijados por la política oficial, sino también los incrementos de las tarifas de los servicios públicos y la política de apertura comercial, que pone en jaque industrias en las que nuestro país ostenta ventajas comparativas, como la del cuero. A su vez, la caída de los ingresos del conjunto de la población y la creciente precarización laboral achican cada vez más el mercado interno al cual se destina gran parte de la producción industrial.
Reclamar una política industrial de signo abiertamente opuesto al actual implica poner en cuestionamiento gran parte de las bases económicas sobre las que se sustenta el programa económico del GobiernoNacional. Es por ello que el próximo 4 de abril la Coordinación Nacional de Trabajadores de Industria de la CTA-A convoca a movilizarse en todo el país por una matriz productiva basada en el trabajo digno y la producción soberana para el desarrollo.
La Coordinación Nacional de Trabajadores/as de Industria de la CTA Autónoma es una estructura que agrupa los sindicatos y trabajadores/as de nuestra central dentro de la rama de industria en Argentina pertenecientes a sectores farmacéutico, curtiembre, industria azucarera, textil, tecnología, astilleros navales, siderurgia, fabricaciones militares, energía atómica y agua pesada. Esta Coordinación se creó mediante la firma de un acta constitutiva por los representantes de cada sector miembro, el jueves 5 de julio de 2018 y agrupa alrededor de 23 mil trabajadores/as de industria.
Firman el comunicado:
Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma y Secretario General de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
Hugo Godoy, Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma y Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado.
Marcelo Cappiello, Secretario General del Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero.
Diego Seimandi, Secretario de Acción Política ATE Ensenada, Astilleros Río Santiago.
Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, Federación Azucarera Regional.
Martín Olivera, Secretario General del Sindicato Trabajadores Azucareros del Ingenio El Tabacal, Federación Azucarera Regional.
Fuente: Agencia CTA | www.agenciacta.org