La Central de Trabajadores de la Argentina hizo público un pronunciamiento para referirse a la singular coyuntura política, económica y social por la que atraviesa nuestro país, haciendo hincapié en el principio de que los trabajadores no vamos a pagar el ajuste puesto en marcha por el Gobierno. El comunicado de prensa emitido por la CTA y firmado por su secretario General, Pablo Micheli, es reproducido en su totalidad por ACTA.
«Frente a la brusca devaluación del 35 %, la inflación que crece a pasos agigantados y que podemos palpar día a día cuando vamos a comprar los productos que consumimos en nuestros hogares, utilizar transporte público o privado o pagar alquileres e impuestos; los aumentos otorgados en el 2013 se hicieron agua y nuestros salarios se han ido pulverizando y se nos escapan de las manos cada vez más rápidamente, habiendo trabajadores que ni siquiera puedan llegar a mediado de mes».
Ante este panorama de ajuste salvaje y planificado que nos azota, no podemos ir a negociar en las paritarias aumentos salariales menores al 35%, ni un Salario Mínimo, Vital y Móvil inferior a $8.500 tanto para trabajadores del sector privado, como del sector público nacional, provincial y municipal. Estos últimos en algunos casos perciben salarios inferiores a los $1500 mensuales.
Es falaz que el aumento salarial genere mayor inflación.
Los trabajadores producimos una riqueza dos veces y media mayor al salario que se nos paga. Por lo tanto, la estrategia de ponerle techo a los reclamos salariales responde a proteger las ganancias de las empresas que sólo dejarían de percibir 40 minutos de utilidades por cada jornada laboral.
El Gobierno Nacional ha pedido en diferentes oportunidades y espacios públicos, que los trabajadores sean responsables al momento de reclamar aumentos salariales en el marco de las paritarias. Esta estrategia, que apunta a anclar el salario como una medida más para intentar contener la inflación, instala con fuerza la idea de que el aumento de los sueldos es inflacionario, faltando a la verdad.
En realidad la inflación sufrida por nuestro país es ocasionada por los formadores de precios, grandes empresas que concentran la actividad económica y, sobre todo, por una devaluación planificada por el Estado frente a la baja de reservas de US$ 52.600 millones en 2011 a US$ 28.000, impulsada y ocasionada mayormente por ser «pagadores seriales», como dijo la Presidenta, de una deuda que debe ser auditada antes que pagada, por su más que dudosa legitimidad.
El problema real de fondo es la concentración y extranjerización de la actividad productiva. Dos años han pasado desde la asunción al cargo por segunda vez de la Doctora Fernández de Kirchner y los datos oficiales avalan lo que venimos afirmando.
Este modelo no ha modificado la estructura productiva-económica instalada desde el golpe del 76. Y las grandes empresas, mayoritariamente extranjeras, son quienes concentran la actividad económica y la riqueza y ellos son los mayores beneficiados por la inflación. Mientras tanto son nuestros jubilados los que pasan miseria y, el Estado, no hace más que financiarse permanente con las arcas del ANSES.
Se está tratando de usar esta mísera suba del 11,31% a los jubilados como parámetro y contrapeso de las negociaciones paritarias que se vienen. Y encima, se le pide a los gremios que sean serviles al Gobierno.
El pasado año 2013, cuando la pérdida de valor adquisitivo de los ingresos no fue tan gravoso como los actuales, se otorgó a los jubilados un aumento aproximado del 15% y el anterior, en el 2012, el incremento fue alrededor de un 17%.
Por este motivo, en este marco devaluatorio con una inflación mayor al 30%, lo que se vende como un aumento a los jubilados no es más que otra medida tomada en el marco de un sistemático plan de ajuste.
Las grandes empresas formadoras de precios, los exportadores de actividades extractivas y el Estado Nacional utilizan a la inflación como mecanismo de ajuste. Nos están recortando los ingresos a todos los empleados en relación de dependencia, a los trabajadores autónomos, a los jubilados, a quienes perciben planes sociales, a los estudiantes que reciben becas de estudio, a las asignaciones familiares y licuando los ahorros de los pocos que pueden hacerlo y confiaron en el Peso Argentino.
Es así que, a pesar de los grandes beneficios obtenidos durante los años de bonanza en la gestión kirchnerista, los que se la llevaron en pala, para decirlo en «criollo», no han invertido para aumentar en cantidad y calidad la producción acompañando el crecimiento de la demanda, encontrándonos hoy con rutas intransitables, no teniendo transporte ferroviario digno, con un alto déficit energético en el cual no tenemos ni luz, gas y/o petróleo si quiera para abastecer el mercado interno.
En lo que concluimos, sosteniendo lo antes dicho, es la mayor mentira que hemos escuchado decir, que el aumento salarial genere mayor inflación.
Es por eso que vamos a salir a la calle, a pelear en cada barrio, en cada ciudad, por lo que es justo, por lo que nos corresponde y no vamos a dar el brazo a torcer. Sabemos que plata hay y que el problema es la desigual distribución de los recursos.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina exigimos:
• Aumento salarial del 35 %.
• Salario Mínimo Vital y Móvil de $8.500.
• 82% Móvil para los jubilados.
• Aumento jubilatorio de emergencia.
• Jubilaciones mínimas y planes sociales iguales al Salario Mínimo, vital y móvil.
• Prohibición de suspensiones y despidos por un año.
• La conformación de un plan anti-inflacionario concertado por una mesa de diálogo con los actores políticos, sindicales, sociales, y productivos con representación real de nuestro país.
• Derogación de la Ley Antiterrorista.
• Libertad a los presos políticos».