* por Fabiana Arencibia, periodista de la Red Eco Alternativa.
Se conoció la semana pasada cuáles son las variables de ajuste mensual o trimestral de los “Precios Cuidados”. Los convenios firmados garantizan al empresariado que podrá aumentarlos si se producen incrementos de los salarios y la energía, entre otros ítems. También la semana anterior el INDEC difundió las canastas para el cálculo de pobreza e indigencia: una persona que vivió en Argentina durante 2013 con menos de un dólar diario, no es considerada indigente.
El acuerdo sobre los precios de 100 productos de consumo generalizado firmado entre el gobierno, los supermercados y sus proveedores, comenzó a regir desde los primeros días de este año y mostró esta semana su letra chica.
Se dijo desde el oficialismo que este intento superaba al del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno porque además de ser más realista (con muchos menos productos), abarcar a parte de la cadena formadora de precios (no sólo supermercados sino también sus proveedores) y no ser un congelamiento (se van a ir modificando), este acuerdo se firmaba, o sea, no era de palabra.
Y poner la firma en un acuerdo implica para los empresarios tener garantías suficientes para que dicha rúbrica no les implique perder ganancias.
Más allá de que, al momento de acordar los precios, las empresas ya habían producido subas significativas que levantaron el piso de negociación, lo más preocupante son las condiciones pautadas para futuros aumentos.
Este lunes 13 de enero fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 2/2014 de la Secretaría de Comercio que contiene los modelos de convenios a ser firmados entre los actores de estos acuerdos de precios. Uno para el «compromiso de precio final de venta al consumidor por parte de las empresas de supermercados» y otro del «precio final de comercialización de la empresa proveedora a los supermercados».
Se acordaron que los precios para carne, frutas, verduras y panificados serán de revisión mensual y el resto de los productos, trimestral. Esto deja en claro que las expectativas de mantener precios son a cortísimo plazo.
Pero además se establecen las variables que se tomarán en cuenta para ajustar estos precios. Dice la resolución: “Las partes acuerdan que las revisiones aludidas tendrán en cuenta el impacto en la estructura de costos de la variación de los precios de venta de los proveedores, costos salariales de distribución y comercialización de los productos, valores de energía y combustible, cargas tributarias y tasas».
Si pensamos en las negociaciones paritarias para definir los salarios de 2014 que hablan de aumentos promedios de un 30%, sumado a la quita gradual de subsidios a las empresas proveedoras de energía que incrementarán las tarifas que hoy se pagan y a los aumentos en el precio de los combustibles que ya comenzaron, claro está que por mas cuidados que estén los precios, se incrementarán en el corto plazo.
Fernando Acosta, Secretario General de ATE Jujuy, dijo en una entrevista publicada por la agencia ACTA –CTA que el nuevo acuerdo de precios implementado por el gobierno nacional “es una cuestión mediática para demostrar que se puede vivir con muchos menos plata que con la que realmente se necesita (…), son intentos para que haya menos presión de parte de los trabajadores por la mejora de los salarios”.
Acosta manifestó que “en realidad nadie cree en esto de los acuerdos de precios porque nunca se cumplen, es imposible verificarlo. La realidad es que hay incrementos enormes porque los empresarios desabastecen esos productos, crean nuevos, distintos, que no están dentro de ese acuerdo de precios”.
¿Cuál es la ficción y cuál la realidad?
La junta interna de ATE INDEC publicó un cuadro comparativo entre los precios de algunos productos antes del acuerdo y los precios acordados de esos mismos ítems.
Para calcular los primeros tomó como base el último informe de prensa del IPC (Índice Precios al Consumidor) que es de mayo de 2008 ya que a partir de allí la Intervención del INDEC eliminó de dicho informe la lista de precios medios de un conjunto de alimentos y bebidas que se publicaba desde 1974. A esos precios les aplicó las variaciones de precios hasta la fecha que vino difundiendo mensualmente el organismo.
Por su parte, el INDEC acaba de informar que el aumento de costo de vida de todo el año 2013 fue del 10,9 %. Por fuera del organismo estadístico son varios los sectores que muestran incrementos que triplican este dato.
No solo provienen de la oposición política sino también de las centrales sindicales oficialistas y no oficialistas, de diversas asociaciones de defensa del consumidor y en especial de quienes realizan cotidianamente las compras, viajan, pagan los servicios, o sea, de quienes viven en este país.
Para tomar una de esas estadísticas, citamos la que dio a conocer Graciela Bevacqua, ex directora del área de precios del organismo estadístico quien fue desplazada por la intervención del gobierno en 2007, para quien la inflación anual alcanzó un 27,4%.
El INDEC informó además que la inflación fue levemente mayor a los aumentos de precios en la canasta básica total que define el nivel de pobreza (10,5%) y la canasta básica de alimentos con la cual se determina el nivel de indigencia (9,4%).
Para Bevacqua, si se mide la inflación sólo para los alimentos que integran la canasta básica, el incremento en 2013 trepó a un 43 %.
Según el gobierno, una familia tipo (dos mayores y dos menores) no es pobre si sus ingresos totales diarios son de$ 59,45 o sea $ 14,11 por persona por día. Y no es indigente si reúne $ 26,24 diarios lo que significa $ 6,56 por persona por día. Con un dólar al precio oficial o con U$S 0,60 del blue–según la cotización del billete verde al inicio del día de hoy en el mercado paralelo ($ 11,20) –, una persona cubre los “requerimientos calóricos y proteicos indispensables para la subsistencia”, o sea que no es indigente, sería sólo pobre para las estadísticas oficiales.
El 15 de enero fue el último día en que el INDEC difundió la inflación con un índice que mide solamente Capital y Gran Buenos Aires (IPC). A partir de febrero, por cuestionamientos del FMI y bajo su supervisión y aprobación, comenzará a utilizarse un nuevo índice que medirá la inflación a nivel nacional.
Como todos los meses, cuando el organismo da a conocer los índices de inflación, los trabajadores del INDEC nucleados en ATE realizaron el miércoles su “abrazo simbólico” de protesta en las puertas de la repartición estatal.
Allí, justo el día que se cumplían 7 años de la intervención al INDEC por parte del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, los trabajadores denunciaron que la «manipulación» de indicadores continuará el año próximo porque «sobrevive la situación derivada de la intervención del organismo».
Carlos Achiga, integrante de la junta interna de ATE en el INDEC afirmó: «aparentemente el ministerio de Economía frenó los concursos para la incorporación de más de 200 técnicos, con lo cual el organismo sigue sufriendo la menguada de calidad técnica que se vive desde la intervención».
El delegado de los trabajadores comentó a la agencia Noticias Argentinas que «las condiciones de la intervención no han cambiado para nada, y por lo tanto debido a la manipulación de los indicadores, el nuevo índice de precios que saldrá el mes próximo no nos inspira ninguna confianza».
Se refería al hostigamiento permanente que sufren los trabajadores que denuncian las irregularidades, manipulaciones de las cifras y el desmantelamiento en áreas claves para el armado de estadísticas confiables y reales, desde el momento mismo en que el gobierno intervino el INDEC en 2007.
La prueba más concreta es el incumplimiento por parte del INDEC del fallo judicial que obliga a que sea reincorporada Marcela Almeida, quien fue coordinadora del Índice de Precios al Consumidor –con el que se mide la inflación– hasta que la intervención en 2007 la desplazó de su cargo. “Ahora la dejan ingresar, pero no le asignan tarea y no le pagan el sueldo”, dijo Achiga.
El nuevo IPC Nacional debutará en febrero con aumentos en las tarifas de transportes, de peajes, de combustibles, de medicina pre paga, sólo para nombrar los autorizados por el gobierno. También con un acuerdo de precios realizado entre el gobierno, los supermercados y los proveedores de los mismos, los “Precios Cuidados” que, como decíamos al principio de esta nota, cuidan las ganancias empresarias más que el bolsillo de los que menos tienen.