La dramática situación económica de los estatales, docentes, judiciales, profesionales de la salud y jubilados, quedó al margen de la discusión entre kirchneristas y Cambiemos, sobre la protesta en la Casa de la Gobernadora de la provincia de Santa Cruz.
Luego de la represión a las cientos de personas que protestaban el viernes a la noche en los jardines de la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner en Río Gallegos, la ex presidenta, Cristina Fernández, que cenaba con ella al momento del hecho, viralizó por las redes sociales un video en el que responsabiliza de la protesta a “grupos violentos” organizados “con el visto bueno del gobierno nacional”, “hombres de Cambiemos en la provincia” y “partidos de ultraizquierda”. No reconoció que eran parte del harto pueblo trabajador de Santa Cruz ni de las razones que motivaban su ira.
Mucho menos lo hizo Mauricio Macri, que en menos de 140 caracteres sólo atinó a solidarizarse con Alicia Kirchner.
Hace meses que la provincia atraviesa una situación desesperante. Los sindicatos pelean por aumento de salario, pero sobre todo, por el pago en tiempo y forma. Al día de hoy, por ejemplo, los docentes no cobraron todavía marzo, tampoco los judiciales ni un importante número de jubilados.
Las protestas brotan a diario. El viernes pasado, los trabajadores judiciales culminaron un paro de cinco días. Los docentes, en tanto, llevan más de 20 días de huelga desde el inicio del ciclo lectivo. Les ofrecen un aumento del 3%, o su equivalente a $500.
Días atrás, el INDEC informó que Santa Cruz encabezó el segundo puesto entre las provincias con más despidos en el sector privado. En un año se echó al 10% de los trabajadores. La empresa Yacimiento Carboníferos de Río Turbio prepara cientos de telegramas. Se cerraron pozos petroleros. Las lluvias revelaron la ausencia de cloacas, agua potable y gas en las zonas devastadas por los temporales.
La resistencia crece
Se registró una concurrencia de más de 5000 vecinos en una de las marchas de antorchas contra las políticas de ajuste. Una noche, la Gobernadora tuvo que esperar hasta las cuatro de la madrugada para salir de la sede del Ejecutivo: La gente necesitaba expresarse ante sus oídos.
Ella mientras tanto, desde los medios de comunicación, adujo que la provincia está quebrada producto de la herencia recibida del ex gobernador Daniel Peralta (antes aliado) y de un déficit de 6.700 millones de pesos, fruto de la reducción de ingresos provenientes de las regalías petroleras, de la disminución del 86% de la obra pública y la eliminación de los reembolsos de los puertos patagónicos.
A pesar de que Cristina Kirchner haya denunciado que el gobierno nacional no ayuda a la provincia, Alicia ha reconocido la asistencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la devolución de las retenciones del primer trimestre de 2017 por el Programa de Desendeudamiento, los adelantos de coparticipación y aportes del Tesoro a municipios.
“Si el gobierno no toma la decisión de tocar la renta financiera, a los que más ganan, a los grupos económicos, será muy difícil salir de esta situación de ahogo. Si el gobierno provincial no se anima a tocar los intereses económicos de la provincia, se va a empeorar la situación”, expresó días atrás el secretario General de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón.
Su declaración encierra una realidad: el problema no es de administración, de más o menos auxilio. El problema es que la política de ajuste sobre los trabajadores no tiene más consenso social. El pueblo ya se expresó.
El sábado por la tarde, miles de personas salieron a repudiar la represión del viernes a la noche, coordinada entre la policía provincial y las fuerzas federales, al mando de Patricia Bullrich. Una acción que arrojó heridos con balas de goma (entre ellos el reportero gráfico de ATE, Jorge Riquelme). Balas que, seguramente, duelen menos que la realidad cotidiana.
Fuente: www.canalabierto.com.ar