Así definió el secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) y secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, Hugo Blasco, el principal objetivo del proyecto de Ley de Paritarias Judiciales que fue presentado el 22 de noviembre en el Congreso de la Nación.
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Con esta iniciativa se busca crear un ámbito de negociación a nivel federal donde todos los trabajadores judiciales del país puedan discutir salarios y condiciones de trabajo. “Es una propuesta elaborada por los propios trabajadores judiciales”, aseguró Blasco.
-¿En qué consiste el proyecto que se presentó en el Congreso?
Presentamos un proyecto de ley sobre negociación colectiva, un proyecto de ley de paritaria, para todos los trabajadores judiciales del país. Se trata de una ley que crea un ámbito nacional de discusión, donde estarán presentes todos los estados empleadores, cada uno con la representación que estime corresponder (superiores tribunales de justicia, ministerio público fiscal -si correspondiere- y poderes ejecutivos provinciales); del otro lado los trabajadores judiciales representados en los sindicatos que conforman la Federación Judicial Argentina (que son 23 sindicatos), más 4 sindicatos nucleados en SITRAJU, e incluida la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que es otro sindicato que nuclea a los trabajadores federales.
-¿Qué objetivo persigue este proyecto?
El objetivo de la ley es crear justamente ese ámbito donde serían discutidos todos los temas que sean necesarios: salarios, condiciones de trabajo, carrera profesional, licencias, bonificaciones, acuerdos entre provincias o distintas jurisdicciones sobre traslado de personal de una jurisdicción a otra, etc.. El tema es que este ámbito nacional tenga como objetivo prioritario establecer un piso de derechos.
Es decir, hoy tenemos tantas escalas salariales, tantas condiciones de trabajo, tantos nomencladores de cargos, como jurisdicciones existen. Lo que pretendemos es que, habida cuenta de que se trata de un gremio presente nacionalmente, donde sus trabajadores hacen la misma tarea en todos lados, que haya una correspondencia, a igual tarea igual salario, y que existan condiciones de trabajo similares, inclusive con un mismo escalafón. Hoy eso no existe.
Esta diferencia de realidades laborales ¿cómo repercute en el salario?
En la actualidad hay una gran dispersión salarial. Hay jurisdicciones donde el ingresante cobra, 15, 18, o 20.000 pesos y hay jurisdicciones donde cobra 5.000 pesos. Es decir que está un 40% por debajo, incluso, del salario mínimo vital y móvil. Y en algunos lugares la cantidad de trabajadores contratados supera a la mitad de la planta de trabajadores permanentes. En fin, hay un universo muy heterogéneo de realidades. Por eso necesitamos crear un ámbito, que incluya a la Corte Suprema de Justicia la Nación, donde podamos discutir estas cuestiones.
-¿Hubo antecedentes de iniciativas como ésta?
Se trata de una vieja reivindicación de los judiciales. Años atrás, en 2009, estuvimos a punto de poder avanzar en una ley, que tuvo media sanción en diputados pero en el senado naufragó, fue archivada, nunca se trató. Ahora hemos vuelto a la carga nuevamente, en un marco muy unitario entre los trabajadores judiciales, a punto tal que este proyecto está firmado y presentado por un número importante de legisladores de los más diversos partidos, salvo el partido del actual gobierno, el PRO, y algún otro partido. Pero lo importante es que es un proyecto elaborado por los trabajadores, y los diputados lo que hicieron fue hacerlo suyo.
-La OIT se ha expresado favorablemente sobre lo que ustedes demandan ¿verdad?
Hay un respaldo importante a nivel internacional. En 2012, en el caso 2881, la Organización Internacional del Trabajo elaboró un dictamen donde recomendó al Estado argentino avanzar en las gestiones que fueran necesarias para hacer realidad la negociación colectiva en el ámbito de los poderes judiciales en todo el país. Después hubo un dictamen del Comité de Libertad Sindical y otro de la Comisión de Expertos, este año entendemos que se va a dar la misma situación. Pero el Estado argentino, tanto con el gobierno anterior de Cristina Kirchner, como en el actual de Mauricio Macri, hizo oídos sordos al reclamo. La Corte Suprema tampoco hizo lugar a la recomendación de OIT.
-¿Qué expectativas tienen desde la FJA con este proyecto?
Nuestra máxima aspiración es llegar a un salario único en todo el país y recuperar lo que teníamos hace 40 años, que era un fondo compensador donde la nación aportaba recursos para aquellas provincias que no estaban en condiciones de garantizar el salario establecido a nivel federal. Sin embargo, hoy estamos mucho más atrás de ese planteo. Sabemos que primero tenemos que lograr la aprobación de la ley para que exista un ámbito de negociación. En diputados tenemos confianza en que puede lograrse, en senadores es más difícil. Allí la relación con las provincias es más fuerte y es un cuerpo más conservador. Pero aun hecha la ley, hay que lograr que se sienten las provincias, la corte nacional y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos detrás de ese objetivo.
Fuente: www.clate.org