De la mano del deterioro del mercado de trabajo, en los meses de julio, agosto y septiembre se registraron numerosas prácticas antisindicales. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma registró en un informe un panorama que incluye represión de las protestas gremiales –especialmente en el noroeste del país–, criminalización de la protesta y despidos de activistas y delegados.
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El nuevo trabajo del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), fue elaborado por el equipo integrado por Silvina Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel, en este caso sistematizando información sobre prácticas antisindicales que tuvieron lugar en el tercer trimestre del año, incluyendo detenciones, aperturas de causas penales, represión, despidos de activistas y dirigentes sindicales, y restricciones al ejercicio de la huelga.
En síntesis, entre las principales prácticas que incluimos en el informe están:
• Criminalización de la protesta: Se realizaron al menos 15 detenciones de dirigentes y activistas en el marco de protestas gremiales en Salta, AMBA y Neuquén. Asimismo, trabajadores estatales, de prensa, del transporte y de la industria del azúcar fueron denunciados penalmente por su participación en actividades sindicales.
• Represión de la protesta social: En al menos 6 oportunidades la policía o la gendarmería arremetió contra manifestantes con gases y balas de goma. Se registraron además cuatro situaciones en las cuales grupos anónimos irrumpieron en reuniones o locales sindicales.
• Restricciones a la huelga: La restricción de la huelga adoptó diversas modalidades, desde la confección de listas negras, el dictado de leyes y resoluciones, hasta la multa a trabajadores y sindicatos.
• Discriminación sindical y actos de injerencia: Se registraron 13 situaciones de despidos discriminatorios de las cuales 5 refirieron a varios trabajadores. En tres casos las empresas se negaron a reinstalar delegados o activistas aún cuando mediaba orden judicial. Además, en al menos 5 ocasiones se produjo el desafuero o intento del mismo por parte de la patronal.
Revanchismo patronal
El relevamiento señaló al menos quince detenciones de dirigentes y activistas en el marco de protestas por conflictos laborales en Salta, el área metropolitana y Neuquén. “Asimismo, trabajadores estatales, de prensa, del transporte y de la industria del azúcar fueron denunciados penalmente por su participación en actividades sindicales”, indica.
En al menos seis oportunidades las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes con gases y balas de goma. También se registraron hechos de represión en que grupos anónimos irrumpieron en reuniones, locales sindicales o lugares de trabajo (cuatro casos: los destrozos en la redacción de Tiempo Argentino, el ataque al local del sindicato de personal Químico y Petroquímico, en San Luis, ataques durante asambleas del sindicato de la carne y la Unión Ferroviaria).
Entre las medidas destinadas a restringir el derecho de huelga fueron denunciadas la confección de listas negras (los ministerios de Educación de Jujuy y de Buenos Aires exigieron a los directivos listar docentes en paro), el dictado de resoluciones y la imposición de multas a trabajadores y sindicatos.
Un caso emblemático es el de los trabajadores del ingenio Ledesma, que tras participar en una manifestación fueron amenazados con una multa de 6 mil pesos por persona. A su vez, el sindicato que los nuclea sufrió dos sanciones económicas, la primera por no cumplir una conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo, la segunda por hacer una protesta callejera.
Otro ítem preocupante lo constituyen los despidos discriminatorios, que sumaron trece casos. En tres, las empresas se negaron a reinstalar delegados o activistas, aún cuando mediaba una orden judicial. Y en al menos cinco ocasiones se produjo el desafuero de delegados, o su intento por parte de la patronal.
Consideraciones generales
Desde el 2009 el Observatorio del Derecho Social de la CTA-A ha realizado un relevamiento de diferentes prácticas empresariales y gubernamentales que atentan contra la organización de los trabajadores. Son prácticas que buscan controlar y limitar el poder de fuego de las organizaciones obreras.
Muchas de estas prácticas violan incluso derechos adquiridos por los trabajadores y reconocidos en la normativa vigente nacional e internacional. Si bien hemos publicado datos parciales en diferentes contextos, las características del ajuste que vivimos actualmente y la necesidad por parte del poder económico y político de cargar los costos de la crisis sobre los trabajadores, nos hace suponer que estas prácticas estarían profundizándose en la etapa actual.
El relevamiento que aquí presentamos está lejos de ser exhaustivo, pero sirve para mostrar los alcances de las prácticas antisindicales y su generalización a lo largo del país.
Las categorías relevadas en este informe no agotan la totalidad de prácticas antisindicales. Se trata de aquellas que, tanto por su repetición como por su intensidad, adquieren una relevancia más significativa. En tal sentido, hemos hecho hincapié en estas prácticas sin perjuicio de seguir monitoreando otras violaciones a la libertad sindical provenientes de situaciones tales como: dilaciones administrativas, afectaciones a la negociación colectiva, prácticas desleales, etc..
Fuente: La sistematización de las prácticas antisindicales se realiza mediante lo publicado en diferentes medios de prensa del país y los datos propiciados por el equipo jurídico de la CTA-A.