La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó los sobreseimientos del presidente Mauricio Macri, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en la causa sobre la represión en el Hospital Borda en abril de 2013.
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En aquella oportunidad la Metropolitana arremetió violentamente contra médicos, enfermeras, familiares de internados, legisladores porteños, dirigentes sindicales y trabajadores de prensa.
“La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos” es una frase atribuida al periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. La expresión bien podría resumir el alcance de la resolución judicial por la cual se deslindó de toda responsabilidad a los responsables políticos de la violenta represión en el Borda.
Este jueves 25 de agosto la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento por los delitos por vejación y/o apremios ilegales para los máximas autoridades del Gobierno porteño y los ministros Graciela Reybaud (Salud) y Guillermo Montenegro (Seguridad y Justicia).A su vez, los jueces ordenaron investigar al ex jefe de la Policía Metropolitana Horacio Giménez y del subjefe Enrique Pedace, revocando un sobreseimiento previo de ambos.
“El objetivo de este fallo es sacar de la mira de la Justicia a los del medio para limpiar a los de arriba, y mientras tanto no quedan responsables”, afirmó Juan Carlos Capurro, abogado de ATE y CTA.El polémico fallo se desentiende de las responsabilidades políticas del hoy Presidente Mauricio Macri y justifica su actuación: «Si bien la Constitución de la Ciudad establece que el jefe de Gobierno tiene el mando de la policía local, la Ley de Ministerios dispone que ello lo es por medio del respectivo Ministro, en ejercicio de facultades y obligaciones conferidas por ley al funcionario con competencias específicas.
Presentada así la cuestión, no se advierte de parte del por entonces jefe de Gobierno, ni tampoco en la impugnación se señala ningún quebrantamiento de deberes que posibilite habilitar su imputación penal por competencia institucional en este caso. La orden de hacer ingresar personal policial al Hospital fue ministerial, a dicho área competía el deber de aseguramiento de que la fuente de peligro no derrame fuera del cauce de lo permitido».
En el párrafo citado se deslinda de responsabilidades a Macri al aducir que la orden de reprimir se habría dado desde un nivel ministerial. Pese a ello, en otro extracto los jueces esgrimen: “Es cierto que se ha probado que existieron múltiples llamadas telefónicas entre este funcionario (Montenegro) y Giménez (Jefe de la Metropolitana), pero no se conoce el tenor de estas conversaciones, ni subsiste la posibilidad de realizar medidas probatorias útiles en este aspecto”. Y a continuación reafirma que “no existe probanza alguna que sirva para acreditar que Montenegro estaba al tanto de estas noticias”.
“Es un vuelco judicial para proteger a quienes tienen que hacerse cargo del hecho. Porque si está el Jefe de la Policía en un lugar, y allí se reprime como se reprimió, éste es responsable de esos hechos. Y lo mismo con la cadena de mando hacia arriba”, explicó Capurro.
La investigación incluso da cuenta de cómo esa mañana de abril de 2013 Giménez le pasó su teléfono al por entonces legislador porteño Aníbal Ibarra para que éste dialogue con el ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Montenegro.
Los hechos
Taller Protegido 19.
Foto: Daniel Dabove/Télam/lz
El clima de tensión ya había comenzado en la madrugada de aquel 26 de abril, cuando una fuerza de choque de la Policía Metropolitana llegó junto a un grupo de obreros para tirar abajo un edificio en el que los internos del Borda fabricaban sillas, mesas y camas. Se trataba de un espacio querido por los pacientes, quienes adquirían conocimientos de carpintería y herrería con un objetivo terapéutico.
Ante a este acto de evidente provocación, los trabajadores del hospital convocaron a compañeros de ATE de otras clínicas, como el Hospital Moyano, el Garrahan y el Durand, que acudieron inmediatamente a colaborar con la resistencia. Poco a poco fueron llegando compañeros de distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas, para engrosar las líneas de defensa frente al embate contra lo público que el macrismo insiste en llevar adelante en la Ciudad.
A medida que se sumaban militantes y trabajadores del neuropsiquiátrico, todos se iban plantando en el predio en conflicto para impedir el atropello. Cuando la línea policial empezó a verse rodeada por cientos y cientos de compañeros, y a pesar de no tener una orden legal de disolver la concentración, los efectivos de la Policía Metropolitana arremetieron contra hombres y mujeres con total brutalidad, sin tener en cuenta que entre los manifestantes se encontraban además internos del Borda y familiares de los mismos.
El saldo fue de más de cincuenta personas heridas, entre ellas José Gherbesi, camarógrafo de El Trabajador del Estado, quien recibió tres balazos de goma a pesar de sólo estar allí registrando los hechos. Trabajadores de prensa de varios medios de comunicación también sufrieron el embate represivo, entre ellos el fotógrafo Pepe Mateos, colaborador en varias ediciones del órgano de prensa de ATE.Al calmarse los ánimos, la tensión pasó a las puertas de la comisaria que La Metropolitana tiene en el barrio de Parque Patricios.
Allí, junto a cientos de militantes, llegaron Julio Fuentes y Hugo Godoy para pedir la inmediata liberación de los compañeros, que finalmente se resolvería seis horas más tarde.
Lo público frente al negociado privado
El gobierno los había cerrado, pero la justicia porteña ordenó reabrirlo en enero de 2013, convalidando el reclamo de diversas organizaciones en defensa de la salud pública frente a un proyecto con trasfondo de negocio inmobiliario, que además arriesga a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El director del Departamento de Asuntos Municipales del CDN y trabajador del Hospital Moyano recordó que “en el taller se enseñaba herrería y tapicería, e incluso había un taller de luthier para que los pacientes aprendieran a arreglar instrumentos musicales”.
El triste prontuario de La Metropolitana
Si bien La Metropolitana nació como una policía local y con pocas atribuciones, se transformó rápidamente en una herramienta para gestionar con violencia el espacio público de la Ciudad.
Recordemos que ya en sus inicios Macri había designado como Jefe de la fuerza al polémico (deleznable) Fino Palacios, actualmente procesado en las causas por el atentado a la AMIA y espionaje usando recursos del Estado.
Sin embargo, la presión pública hizo que el Jefe de Gobierno diera un paso atrás y desechara dicho nombramiento. Poco tiempo después la policía porteña, junto a la Federal, participaría del sangriento desalojo de un grupo numeroso de familias que habían ocupado parte del predio del Parque Indoamericano. Sin ir mas lejos, otro caso fue el de la represión en el Parque Centenario contra vecinos que se resistían a ver enrejado su espacio verde.
Con el Borda, el resultado fue la demolición de la sala que albergaba al Taller Protegido 19, además del triste saldo de 50 heridos y 8 detenidos. Sin embargo, ya en septiembre de 2012 los trabajadores habían denunciado “el ingreso de dos patrulleros de la Metropolitana, uno de civil, una cementera y una excavadora”, y según afirmaban por esos días los trabajadores: “vuelven a amedrentar, nos sacan fotos y se van”. Hoy entendemos por qué no fue casualidad que la Policía Metropolitana haya ingresado por la madrugada al menos en cinco ocasiones en menos de un mes.
Fuente: www.eltrabajadordelestado.org