El próximo 15 de junio, en el miércoles Nº 1262 de los jubilados, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, estará presente una vez más a partir de las 15 horas frente al Congreso de la Nación, momento en el que se tratará la Nueva Ley de jubilaciones y blanqueo. Además, en esa misma fecha se conmemorará la Jornada Mundial por el Día Internacional para la toma de conciencia contra el abuso y maltrato de las personas mayores, instituido por las Naciones Unidas. En la siguiente entrevista, Marcos Wolman, secretario de Previsión Social de la CTA Capital, analiza en detalle de qué se trata la ley promovida por el Poder Ejecutivo.
– ¿Cuáles son los puntos que como CTA o como Mesa Coordinadora de Jubilados te interesa remarcar?
– En primer lugar me interesa remarcar que se ha instalado en debate temáticas que nosotros venimos luchando hace mucho tiempo. Podemos decir que no hemos logrado lo que proponemos, pero sí logramos la instalación de un debate. Así lo expresamos el día martes 7 de junio en las reuniones de ambas comisiones legislativas que han tratado el proyecto.
– ¿De qué se trata este proyecto de ley previsional que impulsa el Gobierno Nacional?
– Acá se presenta un Proyecto de Ley que trata el tema de la deuda histórica que tiene el Estado con los jubilados, por mala liquidación de haberes. Es una situación que hace que los jubilados hoy se encuentren ante una realidad: que es una gran cantidad de juicios que duran muchos años y que muchos de los jubilados que inician estos juicios fallecen antes de tener la sentencia definitiva. Por lo tanto, estamos hablando de una necesidad a resolver, pero que consideramos que no es por este camino.
Queremos puntualizar algunas cuestiones fundamentales: en primer lugar, acá se dividen 3 grupos de jubilados. Se calcula que hay unos 50 mil juicios que tienen ya sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia y queremos afirmar frente a lo que se quiere resolver, que esto ya está contemplado en el presupuesto de 2016. Hay 12 mil 500 millones de pesos establecidos en el presupuesto para el pago de juicios referidos a la previsión social, que se corresponden con alrededor de 50 mil sentencias, que no admiten ningún tipo de discusión, sino que se debe pagar tal cual como es, con todo el retroactivo y con todas las resoluciones de la Corte Suprema.
El otro grupo que se plantea, son 300 mil casos de distintos niveles de tratamiento en el poder judicial. Acá, el Proyecto de Ley plantea que se van a acelerar estos juicios con dos condiciones, una es que se le va a actualizar el haber jubilatorio de acuerdo a un índice que ellos quieren utilizar – pero nosotros afirmamos que este índice debe ser el que estableció la Corte en el caso Elliff, que fue la actualización del haber inicial-. Y el segundo aspecto es que quieren disminuir el retroactivo a cuatro años y pagar esto de dos maneras, 50 por ciento en el momento y otro 50 por ciento en cuotas trimestrales de tres años. Nosotros afirmamos categóricamente que no debe haber ninguna disminución de retroactivo.
Ellos hablan de que esto es una reparación histórica. Pero, ¿Qué clase de reparación histórica es si ya tienen sentencia en distintas instancias y sin embargo se siguen apelando? La dirección del Anses ha resuelto apelar todos los fallos en todas las instancias. Y esto demora las cosas de tal manera que juicios que pueden durar 7 u 8 años tardarán hasta 15 años o más.
El tercer grupo, es el de dos millones de trabajadores jubilados en condiciones de poder iniciar el juicio. Esto significa que son los que se encontrarían encuadrados, por ejemplo, en el caso Badaro, que se refiere al período 2002-2006; en el caso de Elliff, que es la actualización del haber mínimo, es decir, son jubilados que podrían iniciar el juicio. Ante esto decimos lo mismo, no se puede poner acá ningún obstáculo, porque esto es deuda que se tiene con los jubilados por mala liquidación de haberes.
– ¿Qué propone la nueva ley para estos casos?
– El proyecto de ley dice ‘debe desistir de hacer el juicio’ y a continuación, ‘debe desistir de reclamar el retroactivo’ y por lo tanto a lo único que se accede es a la actualización del haber. Entonces, un jubilado que puede tener 70 u 80 años, pensando que un juicio puede demorar 15 años, es capaz de aceptar que se le pague una actualización del haber, que es muy importante para poder sobrevivir.
Pero esto no es reparación histórica, esto es una manera de hacer las cosas continuando la política que se sigue teniendo en relación al manejo de los fondos y en relación a cómo están ubicadas las jubilaciones y pensiones en nuestro país.
Otro aspecto importante es que se sigue en esta Ley planteando el pago de Impuesto a las Ganancias. En esto somos categóricos, no solo que no es ganancia un salario, no es ganancia una jubilación y menos aún este retroactivo que por acumulación, más las liquidaciones mensuales, se acumula una cifra a la que se le retiene las ganancias y esto hace que cuando el jubilado reciba solo el tercio de lo que le corresponde. Porque, si el promedio son 300 mil pesos, 100 mil van a ganancias, otros 100 mil van al pago del abogado y queda solamente con el tercio de lo que le corresponde después de tantos años de reclamo y litigio.
– ¿Cómo contempla el Proyecto de Ley de dónde saldrán los fondos para pagar?
– Este es el aspecto más importante de todos. Y en esto, ponen un tema que no tiene nada que ver con esta situación, que es un blanqueo de capitales. Nosotros hemos sido claros en la reunión de ambas Comisiones, de que esto es un tema que nada tiene que ver con el pago de una deuda con el Estado. Que lo que se pueda obtener de un blanqueo, si es que se resuelve realizar un blanqueo de capitales, debe ir a Rentas Generales, y que los fondos para pagar deben salir de Rentas Generales. Así como está establecido hasta el momento que el pago de todas las demandas y todos los juicios contra el Estado en todos los órdenes, en particular la gran cantidad de juicios que están en el plano previsional, deben salir de Rentas Generales. No como lo que se está hablando y que seguramente se va a sancionar la Ley con algunos de estos elementos, que es utilizar los fondos del Anses, particularmente el fondo de garantía de sustentabilidad.
– Y ustedes¿Qué plantean con respecto a esto?
– Nosotros planteamos que todos los fondos provenientes del Anses deben incrementarse para pagar lo más urgente que tenemos los jubilados y pensionados, que es la jubilación mínima; un aumento de emergencia de 6 mil pesos en todas las escalas para que no haya ninguna jubilación por debajo de una canasta básica para un adulto mayor -que hoy supera los 11 mil pesos- y el haber mínimo jubilatorio es de $4810 de bolsillo hasta el mes de septiembre.
Por lo tanto, esto que también fue planteado por el ombudsman, el Doctor Eugenio Semino, acerca de la necesidad de contemplar una cosa más urgente, un aumento de emergencia y el aumento de los haberes jubilatorios tiene prioridad. Nosotros decimos entonces que los fondos del Anses, los fondos que puedan provenir del flujo del fondo de garantía de sustentabilidad, tienen que incrementarse y decimos que si bien se instaló este tema y se instaló también el tema del 82 por ciento móvil, cuando vamos a plantear la emergencia, nos dicen que no es viable, que se desfinanciaría el sistema. ¿Cómo se puede entender entonces que quieran utilizar estos fondos para cubrir situaciones que no tienen que ver con lo específico de los fondos de la previsión social? Cuando son fundamentalmente el aporte de los trabajadores, las contribuciones patronales, los aportes del Estado, para cubrir principalmente las jubilaciones y pensiones.
En este sentido nosotros decimos que hay que incrementar y que se puede hacer. Por ejemplo, registrando el trabajo en negro, estamos hablando que hay un 37% o más de la población económicamente activa y con esto se incrementaría mucho los fondos. Otra sería una profunda reforma impositiva, impuesto a las transacciones financieras, que hoy no pagan impuestos, todo esto lo hemos planteado, diciendo que hay condiciones como para pagar un aumento de emergencia, que hay condiciones como para instalar el 82 por ciento móvil.
– Además, hay un Proyecto de Ley que fue presentado varias veces…
– Nosotros tenemos un proyecto de ley que durante la década anterior perdió tres veces estado parlamentario por su no tratamiento. Planteamos en nuestro proyecto tres cuestiones principales: primero, el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función, y móvil de acuerdo al aumento de esa categoría del trabajador activo. Segundo, que el haber mínimo jubilatorio no sea inferior al salario mínimo vital y móvil, siempre y cuando este sea capaz de cubrir una canasta básica. Y el tercer aspecto, es el manejo de los fondos. El manejo de los fondos no se puede seguir como lo están haciendo y como lo quieren hacer ahora con el nuevo proyecto de ley. Tiene que ser como decimos nosotros en nuestro proyecto, un Instituto Nacional de Previsión Social, que sea una entidad pública no estatal con representación de los trabajadores activos, de los trabajadores jubilados y el Estado participando para poder administrar y dirigir estos fondos. Así lo establece la constitución nacional.
Nosotros defendemos estos puntos, defendemos nuestro proyecto de ley, esta es nuestra lucha que vamos a continuar. Y este miércoles es, además del tratamiento del Proyecto de Ley del P.E., además de ser el miércoles 1262; el 15 de junio es una Jornada Mundial por el Día Internacional, instituido por las Naciones Unidas, para la toma de conciencia contra el abuso y maltrato de las personas mayores. Es una oportunidad para poder manifestar también acá el abuso y maltrato al que estamos sometidos los jubilados y pensionados de nuestro país, que hoy forma parte de un reclamo mundial, en un sistema capitalista como el actual.
Solamente para ejemplificar la lucha que se viene librando en este sentido les cuento que, en la presentación del Informe sobre Estabilidad Financiera Mundial del Fondo Monetario Internacional, el Director de Asuntos Monetarios expresó lo siguiente en una rueda de prensa en Washington: “el precio de la seguridad social se incrementará en los próximos años con la prolongación de la vida, los porcentajes de recursos necesarios se incrementarán y constituyen un riesgo financiero para los gobiernos y entidades que hacen prestaciones jubilatorias y tendrán que pagar más de lo esperado en jubilación y pensiones de la seguridad social”. Entonces, ¿Qué plantea?, aumento de la edad jubilatoria de acuerdo a la esperanza de vida; recortar las jubilaciones y pensiones; incrementar las cotizaciones; contratar coberturas con aseguradoras privadas; el incremento de la longevidad va aparejada del aumento de la carga fiscal de los estados, en pensiones y salud pública y es una carga mayor, donde la salud es una carga del Estado. Estas son las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, este es el camino que la crisis profunda del sistema capitalista está llevando y no desconozco que estos proyectos de ley de este gobierno macrista, apuntan en esta dirección y que esto indudablemente van con mucha claridad por parte de los objetivos de este gobierno en tratar de lograr acá nuevamente la privatización. El gran negocio de las privadas, o como está ocurriendo hasta ahora, un Estado que por su carácter de clase, al servicio de los grandes grupos económicos concentrados, defiende a los mismos intereses de quienes antes fueron los dueños privados, en el menemismo de la previsión social en nuestro país.