Según el nuevo informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA la política laboral del gobierno de Mauricio Macri ha incluido, desde sus primeros días, un fuerte ataque sobre los puestos de trabajo. Las tensiones que el mercado de trabajo venía presentando en los últimos años se exacerbaron en pocas semanas, y desde entonces hemos asistido a un shock de despidos liderado por el sector público, sin que por ello las empresas del sector privado se hayan quedado detrás.
Inicialmente el Gobierno Nacional buscó presentar este ataque como parte de un proceso de modernización estatal, afirmando que gran parte de las desvinculaciones afectaban a trabajadores que no cumplían con sus obligaciones laborales.
Esta argumentación comenzó paulatinamente a perder centralidad por diversos motivos: en primer lugar, por la constatación de que los despidos en el sector público alcanzaban no solo a trabajadores del Estado Nacional, sino también a los provinciales y municipales, sin importar la fuerza política a cargo de la administración de cada distrito; en segundo lugar, por la existencia de miles de casos de trabajadores que desmienten una y otra vez aquella afirmación; finalmente, por el hecho de que el Gobierno Nacional ha comenzado a impulsar el cierre o desarticulación total de áreas estatales, despidiendo a los trabajadores que en ellas se desempeñaban.
Desde el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA – Autónoma) hemos impulsado un relevamiento de los despidos y las amenazas efectivas de despido que se han producido en el sector público y en el privado desde el mes de diciembre. . Allí destacamos que este shock de despidos está directamente vinculado con el objetivo de los empleadores, y en particular del Gobierno Nacional, de debilitar al conjunto del movimiento obrero para implementar el programa de ajuste que ya está en curso. Uno de los primeros capítulos de este conflicto se desarrolla en la actual ronda de negociación salarial, y los miles de despidos que se han producido en las últimas semanas deben interpretarse como parte de una ofensiva contra los trabajadores que también incluye el impulso de miles de suspensiones, y la profundización del avance represivo del Estado. Debemos recordar aquí el intento inicial del Gobierno Nacional de impulsar una pauta de actualización salarial de entre el 20% y el 25%.
Entre el 1º de diciembre y el 4 de marzo hemos relevado 68.563 despidos colectivos y amenazas de despidos, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el sector privado. Este es un relevamiento de mínima, ya que no incluye aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales, pero que también dan cuenta de la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo.
Por otra parte, cabe destacar que se trata de despidos y amenazas colectivos, que han sido denunciados por las organizaciones sindicales o por los propios trabajadores, por lo que tampoco están relevadas las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas sindicalmente. . En particular debemos citar el caso de la industria de la construcción, donde los representantes sindicales de la UOCRA denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo. En este sentido, una aproximación a la situación en esta actividad la dan los reportes de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). En el último informe, cuyos datos están actualizados a diciembre de 2015, se expresó que: “El volumen de empleo sectorial evidenció una pronunciada merma durante Diciembre.
Según los datos que son de carácter provisorios, el promedio de ocupación fue de 384.251 puestos de trabajo registrados, lo que representa una caída del 7,7% en relación al mes precedente. Esta disminución intermensual se suma a la verificada en Noviembre último y, si bien puede suponerse que se encuentra afectada por motivos estacionales, constituye la reducción mensual de mayor intensidad de la serie histórica al superar la marca de 4,8% correspondiente a igual mes del año 2008”.
En otras palabras, entre diciembre y noviembre se produjo la mayor caída mensual desde que el IERIC comenzó a relevar sus datos en 2007. En términos absolutos, la caída de puestos de trabajo entre diciembre y noviembre fue de 31.899 casos, una cifra que duplica las reducciones que habitualmente se producían en los años anteriores, y que profundiza una tendencia iniciada en septiembre de 2015. Más aun, todo indica que esta tendencia se habría profundizado en los primeros meses del año.
En el sector privado las grandes empresas también utilizaron la actual coyuntura para impulsar suspensiones colectivas, medida que también posee efectos disciplinadores sobre el conjunto de los trabajadores. Las suspensiones se han concentrado en la industria petrolera, la automotriz, la autopartista y la siderurgia. Cabe destacar que se trata de sectores que poseen gran capacidad de adaptación a las fluctuaciones de la demanda, y que en estos casos en contextos de crisis económica los despidos se registran en pequeños, medianos y grandes establecimientos.
Sin embargo, en este relevamiento predominan los datos de los establecimientos de mayor tamaño, existiendo un claro subregistro vinculado a la situación de los pequeños establecimientos. De ello no debe concluirse que estos últimos no haya despidos, sino que se trata de situaciones que están lejos de visibilizarse públicamente.
Entre diciembre y noviembre de 2014 la caída fue de 10.963 puestos de trabajo, en 2013 de 16.582, en 2012 de 16.077, en 2011 de 19.804, en 2010 de 6.831, en 2009 de 12.369, en 2008 de 19.859 y en 2007 de 17.366.
Los datos provenientes de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación muestran que el cuarto trimestre de 2015 fue el de mayor cantidad de suspensiones desde que se inició el relevamiento en el año 2006 (alcanzó a 7,7 por cada mil trabajadores), con un incremento del 32,8% respecto del mismo trimestre del año anterior. A su vez, dentro del último trimestre del año anterior diciembre fue el de mayor cantidad de suspensiones.
El avance sobre los puestos de trabajo se dio a la par de un salto cualitativo en la respuesta represiva por parte del Estado. En los informes anteriores habíamos citado casos puntuales de criminalización y represión de la protesta, situación que continuó recientemente en distintas provincias, alcanzando a trabajadores de las seccionales Mendoza y Santa Cruz de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y del Círculo de Enseñanza Media y Superior (Cisadems) de Santiago del Estero.
Protocolo de seguridad: crece la criminalización de la protesta
Este mecanismo de respuesta estatal experimentó un crecimiento cualitativo en el mes de febrero a través del impulso, por parte del Gobierno Nacional en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”. Dicho protocolo implicó una generalización de la decisión estatal de avanzar contra la resistencia de los trabajadores, y de los sectores populares en general, a las políticas de ajuste por medio de la utilización de las fuerzas de seguridad.
El intento del Gobierno Nacional de contener los reclamos de los trabajadores no impidió que el 24 de febrero se realizaran masivas movilizaciones en todo el país, en el marco del paro nacional organizado por ATE. Por otra parte, en el marco de las negociaciones salariales de los trabajadores de la educación la amenaza de medidas de fuerza generalizadas provocaron que el Gobierno Nacional aceptara fijar un incremento del salario mínimo docente del 40% a julio (28,7% en febrero y 11,5% en julio), al que debe agregarse un adelanto paritario del 8% que había sido otorgado en el mes de enero (totalizando un incremento en el salario mínimo del 51,8% en comparación con la paritaria nacional del año 2015).
A nivel provincial el porcentaje de incremento fue sustancialmente inferior, e incluso en muchas jurisdicciones todavía no se encuentran en conflicto, pero ello no impidió que en casi la totalidad de los casos los aumentos otorgados fueran superiores al techo salarial que intentó imponer el Gobierno Nacional. . La estrategia de disciplinamiento del Gobierno Nacional no solo incluyó despidos, suspensiones y represión de la protesta social, sino también modificaciones en el impuesto a las ganancias y en el sistema de asignaciones familiares que intentaron operar como incentivo para limitar los reclamos salariales.
Para leer el informe completo, ingresar a: www.obderechosocial.org.ar