En la tarde de ayer, Carlos Chile, Hugo Blasco, Pepe Peralta, José Luis Matassa y Fernando Cardozo recibieron a Miguel Sánchez Calderón, abogado defensor de los presos políticos peruanos y a Fabiola Alcázar, integrante de la comisión por la liberación de los presos políticos. Tanto Sánchez Calderón como Alcázar manifestaron que su presencia en la Argentina es para continuar con la campaña de hacer conocer en la región la realidad política que se vive en Perú y buscar la solidaridad de los países hermanos de Latinoamérica con esta causa que ya fue denunciada tiempo atrás en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Miguel Sánchez Calderón empezó sus palabras saludando al pueblo argentino y “a todos los demócratas que creen en la defensa de las garantías individuales que están siendo violadas a los prisioneros políticos del Perú y a aquellos ex prisioneros políticos del Perú que son miles y que están siendo perseguidos y excluidos, proscriptos de la sociedad peruana. Quería agradecer a esta Central de Trabajadores muy importante de la Argentina”.
Por otra parte, caracterizó el momento histórico en el que estamos viviendo como de una bipolaridad en ciernes: “por un lado Estados Unidos y por el otro lado China. Estamos viviendo la mayor crisis del sistema capitalista, su consecuencia política es lo que estamos viendo en el mundo como una antesala de una tercera guerra mundial porque las bases militares que Estados Unidos tenía en Europa ahora las ha desplazados para rodear a China con apoyo de sus aliados en Asia y esta nueva carnicería imperialista debe ser respondida por los pueblos del mundo en defensa y a partir de sus intereses como pueblos oprimidos y explotados de la tierra”.
En relación a su viaje a la Argentina el abogado sintetizó: “La campaña que estamos desenvolviendo por la libertad de los presos políticos comprende tres puntos: primero, la libertad es un derecho, segundo, no a la exclusión de los prisioneros políticos del Perú, por la derogatoria de la Ley de Lesivas y en tercer lugar, el cierre del penal militar de la Base Naval del Callao, donde se están violando los derechos humanos básicos de los privados de su libertad”. El propio Sánchez Calderón recuperó su libertad el 18 de junio de este año, luego de cumplir 20 años de condena; estudió derecho en la cárcel y hoy defiende a sus compañeros y compañeras. Sánchez agradeció profundamente la solidaridad de la CTA para con la causa que defiende y llamó a la organización a firmar una carta dirigida al presidente de Perú Ollanta Humala en la que se expresan estos tres puntos centrales. El abogado defensor contó además que la misiva fue firmada ya por el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica.
En la actualidad son 300 los ciudadanos que siguen privados de su libertad (de 1985 a 1992 fueron 23 mil los presos políticos); muchos de ellos aun habiendo cumplido sus condenas. “La guerra interna no existe desde hace 24 años. El Estado no quiere reconocer este hecho y sigue fomentando el odio con los presos políticos y a los que ya han cumplido sus condenas, no los dejan salir”, explicó Sánchez Calderón. Además señaló que se les niegan sus derechos fundamentales y todos los beneficios penitenciarios.
En ese sentido, Fabiola Alcázar, familiar de presos políticos e integrante de la Comisión señaló: “A los compañeros liberados, el Gobierno los persigue y les impide trabajar y organizarse políticamente si no pagan sus exorbitantes reparaciones civiles, es decir, son como muertos civiles porque no tienen derechos”.
Por otra parte, Sánchez Calderón denunció además que las medidas del gobierno de Humala contra los prisioneros y ex prisioneros peruanos “son absolutamente antidemocráticas y contrarias a lo que está sucediendo en la región donde la tendencia es solucionar los conflictos a través del diálogo como pasa en Colombia con las Farc”.
Luego de escuchar atentamente a los compañeros peruanos, Carlos Chile, Secretario de Organización de la Central agregó: “Leyes antiterroristas hay en toda la región porque han sido escritas con la letra del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En la región hay cada vez más presos políticos”. Chile explicó además que la CTA, a diferencia de otras centrales latinoamericanas, es una Central de trabajadores porque la afiliación es directa, es decir, cualquier trabajador puede hacerlo y en ese sentido remarcó el compromiso histórico de la CTA con la de defensa y construcción de la Patria Grande.
En esa misma línea, Hugo Blasco, Secretario de Derechos Humanos de la Central remarcó que la “perversidad con la cual actúa el gobierno peruano es muy grande y que no se justifica desde ningún punto de vista ya que los compañeros fueron juzgados”. El secretario también de la Federación Judicial Argentina (FJA) señaló además que es la misma situación de doble condena que se vive en la Argentina ya que los presos no sólo sufren la privación de la libertad sino también soportan las condiciones infrahumanas de las prisiones latinoamericanas. En palabras de Blasco: “Es el ensañamiento y el odio clasista: o hacen lo que queremos o por el garrote, porque tiene un efecto de escarmiento”.