Marcela fue mantenida dentro de una de las formas de contratación precarias e irregulares hasta ahora, y desde hace ocho meses no cobra su sueldo pese a dos resoluciones judiciales en los que quedó establecido que es trabajadora del organismo, que deben devolvérsele las tareas de las que fue desplazada, regularizar su situación contractual y pagársele los salarios adeudados.
Contra toda lógica, las autoridades no sólo incumplen los fallos judiciales sino que, por orden de Norberto Itzcovich y Joaquin Labarta, se le impide por la fuerza el ingreso al edificio en donde se desempeña.
Marcela es delegada electa de ATE en el INDEC, organización de los trabajadores que se han opuesto a la intervención y a la manipulación de los datos desde hace casi siete años.
Fuente: Junta Interna de ATE INDEC